Cómo reformar la financiación de las comunidades: estos son los problemas que todos señalan

 La financiación autonómica es una de las reformas más urgentes que debe abordar el Ejecutivo que salga de las urnas el próximo 26J. Los expertos y representantes de los principales partidos políticos coinciden en que el actual sistema de reparto de fondos a las comunidades está obsoleto, es complejo y provoca grandes distorsiones entre las comunidades. Las diferencias radican en el grado de redistribución de recursos entre las autonomías, según las principales conclusiones extraídas del congresos sobre financiación autonómica celebrado hace unas semanas en S`Agaró, organizado por Fedea y la Fundación Olof Palme.

En los últimos años han arreciado las propuestas presentadas por comunidades autónomas o centros de estudios vinculados de uno u otra forma a Gobiernos autonómicos. Para tratar de arrojar luz sobre el asunto, un grupo de economistas y representantes políticos se reunió hace unas semanas en S'Agaró. La mayoría coincidió en el diagnóstico sobre los problemas del sistema. "Existe un amplio consenso sobre los principales problemas que presenta el actual modelo de financiación y sobre las grandes líneas que deberían orientar una reforma que pretenda resolver tales problemas", explican desde Fedea, la fundación de estudios de economía aplicada, uno de los think tank más influyentes, financiado por grandes empresas del Ibex35.

Todos los asistentes acordaron que era necesario "simplificar el sistema, reducir el nivel de desigualdad entre territorios en términos de financiación por habitante ajustado, dotar a las comunidades de un mayor control sobre sus ingresos y exigirles a cambio más responsabilidad sobre la financiación de sus gastos y, por último, crear un mecanismo que asegure que se mantiene un cierto equilibrio en el reparto vertical de recursos entre administraciones". Estas líneas maestras se extraen del consenso de que el actual sistema es opaco, complejo, y provoca injusticias entre los territorios.

Otra de las debilidades del sistema actual es la restricción a nuevas soluciones que provoca el statu quo. Por este mecanismo se entiende la situación por la que ninguna comunidad pierde recursos tras los nuevos repartos. Los expertos coincidieron en que deberían establecerse periodos transitorios para eliminar este problema de forma gradual para que no suponga pérdidas absolutas de financiación para ninguna comunidad.

"Otro punto sobre el que hubo un acuerdo general fue en que no es necesario cuestionar el sistema foral. Bastaría con mejorar el cálculo del cupo y la aportación", explica el documento de Fedea. Estos cambios, insisten los expertos, deberían hacerse también de forma gradual".

Las principales diferencias entre los expertos radican en el nivel de redistribución de los recursos entre territorios: "el criterio de equidad que debería aplicarse en el reparto de recursos entre regiones".

El documento presentado por Fedea en el Círculo de Economía de Barcelona recalca que "una cuestión sobre la que existe una diversidad de opiniones, y que seguramente constituirá el núcleo de la negociación, tiene que ver con el grado deseable o factible de nivelación". Y añade que buena parte de los participantes serían partidarios de la igualdad total en financiación por habitante ajustado pero algunos admiten que en la situación política actual debería admitirse un grado moderado de desigualdad.

"Con una única (pero muy firme) excepción, si no se puede llegar a la igualdad total, sería deseable que las diferencias que persistan tras la aplicación del sistema reflejen la desigualdad de origen en el reparto territorial de los recursos tributarios por habitante ajustado", remacha el documento de Fedea que recoge las opiniones de los expertos. Es decir, que casi todos los expertos defienden que se debería respetar el principio de ordinalidad, por el cual una comunidad debería mantener la misma posición antes del reparto que después de él. No como ocurre hasta ahora, que comunidades más prósperas quedan por debajo de la media después del reparto del sistema de financiación.

Otro de los puntos de desacuerdo entre expertos y políticos es el grado de autonomía tributaria que deberían tener las comunidades. "No hay acuerdo sobre la mejor forma de dar a las comunidades autónomas un mayor control sobre sus ingresos o de exigirles una mayor responsabilidad fiscal". Tres propuestas destacan sobre el resto: la cesión de capacidad normativa colegiada sobre los tipos de gravamen de un nuevo tramo autonómico del IVA y los Impuestos Especiales; la cesión del 100% del IRPF a cambio de la recuperación para el Estado del IVA y Especiales, y la cesión de la capacidad normativa sobre los mecanismos de copago en sanidad y posiblemente en otras áreas.

También hubo diversidad de opiniones sobre el modo más eficiente de negociar el nuevo sistema, si entre partidos en el Parlamento o entre el Gobierno y las comunidades autónomas o en la cámara alta convertida en una cámara de representación territorial.

Mientras los expertos avanzan en el diseño, el Gobierno ha iniciado la creación de un grupo de expertos para que diseñen una propuesta a partir de la cual abordar la reforma que más anhelan los presidentes autonómicos.

El modelo vigente fue aprobado en 2009 por el Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero. En su diseño participaron de forma muy activa los socialistas catalanes que en aquella época gestionaban la Generalitat. En sus disposiciones adicionales aquella Ley Orgánica de Financiación de las comunidades autónomas (LOFCA) establecía que debía de ser revisada a los cuatro años. Según esto, el sistema tendría que haberse modificado en 2014. Pero las secuelas de la crisis, la falta de recursos y la cuestión catalana llevaron al Gobierno del PP a aplazarlo. Ahora que están desapareciendo algunos de estos obstáculos solo depende de la inestabilidad política para abordar definitivamente una solución.