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Bruselas da un ultimátum a España por la normativa de desahucios

La Comisión Europea abre un procedimiento de infracción para que el Gobierno modifique la legislación sobre ejecuciones hipotecarias y cláusulas abusivas

Una concentración de la plataforma Stop Desahucios EFE

Bruselas carga de nuevo contra la normativa de ejecuciones hipotecarias, tras el alud de sentencias de los últimos meses, y contra el tratamiento legal de las cláusulas abusivas. La Comisión Europea ha abierto hoy un procedimiento de infracción por el que pide a España que garantice que los consumidores están plenamente protegidos contra esas cláusulas. Y reclama que la ley española esté en consonancia con las directivas europeas —que datan de 1993: 23 años atrás— sobre el procedimiento que regula la ejecución hipotecaria y las órdenes de pago.

Durante los meses posteriores al rescate de España, la Comisión Europea publicó varios informes en los que criticaba la normativa de desahucios, pero en los que a la vez apuntaba que un cambio en las leyes podía provocar un enorme quebranto en las cuentas de resultados de las entidades financieras. Pese a las continuas presiones del lobby bancario, Bruselas había amagado en varias ocasiones con abrir ese expediente, que finalmente llega muy tarde: cuando los desahucios empiezan a descender y cuando ya los tribunales han dictado decenas de sentencias al respecto.

La Comisión aplaude las modificaciones introducidas tras una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de marzo de 2013. Pero sigue preocupada por varias cuestiones, en particular por las reglas de las cláusulas abusivas. Sin una respuesta satisfactoria por parte del Gobierno en el plazo de dos meses, Bruselas podría enviar un dictamen a las autoridades españolas, el paso previo antes de elevar el caso al Tribunal de Justicia de la UE, e incluso imponer sanciones financieras una vez haya sentencias sobre el asunto.

El brazo ejecutivo de la UE ha abierto hoy varios procedimientos de infracción adicionales: insta a España a intensificar la protección de Doñana debido a la sobreexplotación de los acuíferos y el turismo; llevará a España al Tribunal de Justicia por el incumplimiento de una sentencia sobre la contratación de trabajadores portuarios, y pide que ratifique la adhesión al convenio de Eurocontrol, el organismo europeo de seguridad aérea.