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caso CAM

La juez rebaja a 25,6 millones la fianza a Sabadell por el ‘caso CAM’

La magistrada Carmen Lamela fijó por error una garantía solidaria de 1.592 millones de euros

Fernando J. Pérez
El presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu, en una junta de accionistas
El presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu, en una junta de accionistas EFE

La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha rectificado y rebajado de 1.592 millones de euros a 25,6 millones la fianza impuesta al banco Sabadell como responsable civil subsidiaria en el caso del saqueo de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), entidad que adquirió en diciembre de 2011 por el precio simbólico de un euro. La magistrada, en un auto emitido este jueves, responde a la aclaración solicitada por los servicios jurídicos de Sabadell y reconoce que solo dos partes acusadoras en el caso CAM solicitaban la responsabilidad civil subsidiaria del banco. En concreto, el abogado murciano Diego de Ramón Hernández, que representa a afectados por la quiebra de la CAM, solicitaba 19,1 millones, mientras que la mercantil Bon Llar SL reclamaba 62.545 euros.

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La magistrada hace al banco Sabadell responsable civil subsidiaria por la suma de estas dos cantidades, incrementada en un tercio de acuerdo con lo previsto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

La magistrada impuso el miércoles una fianza civil de 1.592 millones de euros a los ocho exdirectivos de la CAM acusados del saqueo de la entidad cuando esta se encontraba en plena ruina, y les dio un plazo de 24 horas para depositar la cantidad. La juez Lamela puso como responsables civiles subsidiarios al Sabadell, a quien se adjudicó la caja después de que fuera rescatada con 5.249 millones de euros de fondos públicos, y a la entidad sucesora de la Fundación CAM.

Como responsable civil directa, y depositante de la fianza en última instancia, la juez designó a la aseguradora Caser, con la que operaba la CAM. Esta empresa emitió este jueves un comunicado en el que asegura que "no ha tenido ninguna intervención ni ha sido parte hasta ahora" en el procedimiento judicial del caso CAM. La aseguradora subraya que "la cantidad máxima" que le es "exigible" en cualquier caso, es la suma asegurada establecida en la póliza de aseguramiento de los consejeros y directivos de la CAM, suscrita para 2010 y 2011, "que asciende a 15 millones de euros".

La póliza suscrita, advierte Caser "contiene las coberturas comunes en este tipo de seguros, no garantizándose las responsabilidades civiles derivadas de actos dolosos". Es decir, que si los consejeros de la CAM resultaran condenados, la aseguradora no pagaría por ellos.

El Sabadell aseguró tras conocerse la enorme fianza, que ha resultado errónea, que su responsabilidad, tal y como solicita el fiscal, se limitaba a una pieza separada sobre la comercialización de cuotas participativas, y no a todo el caso. La entidad envió a la juez un escrito para solicitar una aclaración, al entender que serían responsables subsidiarios de solo 10 millones de euros, y no de 1.592 millones de la fianza civil.

Las cuotas participativas fueron un producto similar a las participaciones preferentes que se vendieron en la CAM hasta su intervención. Mientras las cuentas estuvieron falseadas, se colocaron estos productos por 60 millones. Como la red donde se vendían fue absorbida por Sabadell, los desmanes que se produjeran en su comercialización puede ser reclamados a Sabadell. De esos 60 millones, 40 están cubiertos por una póliza. Los otros 20, según fuentes de Sabadell, podrían ser considerados responsabilidad a medias de la entidad catalana y la fundación heredera de la CAM, si se demuestra la mala venta.

En la pieza de las cuotas participativas también se puede ver afectada Caser. La CAM contrató con la aseguradora en 2008 otra póliza de responsabilidad civil, con un límite de 25 millones, "exclusivamente destinada a garantizar este riesgo en una concreta emisión de cuotas participativas". La aseguradora considera que esta póliza "no resulta de aplicación" en la pieza central del caso CAM que se va a llevar a juicio.

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Sobre la firma

Fernando J. Pérez
Es redactor y editor en la sección de España, con especialización en tribunales. Desde 2006 trabaja en EL PAÍS, primero en la delegación de Málaga y, desde 2013, en la redacción central. Es licenciado en Traducción y en Comunicación Audiovisual, y Máster de Periodismo de EL PAÍS.

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