Mutua Universal tendrá que devolver 4,7 millones a la Seguridad Social

Mutua Universal tendrá que devolver a la Seguridad Social 4,7 millones de euros de gastos no justificados. El Tribunal Supremo ha confirmado los resultados de una auditoría de la Seguridad Social sobre las cuentas de 2007 de la mutua, que reveló que Universal había imputado a las arcas públicas gastos “no asumibles” por valor de 4.755.335,81. La mutua recurrió a la Audiencia Nacional la resolución de la Seguridad Social, pero tanto la Audiencia como ahora el Supremo han rechazado los argumentos de la entidad.

Las mutuas son entidades sin ánimo de lucro que trabajan en colaboración con la Seguridad Social y se nutre de las cotizaciones sociales. El pleito por los supuestos gastos no justificados es uno de los flancos judiciales que tiene abiertos Universal. En el año 2007, en el que se centra la auditoría sobre la que ahora se ha pronunciado el Supremo, la policía irrumpió en la sede de la entidad por orden de la Fiscalía Anticorrupción. La investigación se ha saldado con 11 directivos de la entidad imputados que en los próximos meses se sentarán en el banquillo acusados de desviar 195 millones de euros de la Seguridad Social.

En la auditoría de aquel año, la Seguridad Social concluyó que Universal no había justificado 4,7 millones de euros procedentes de varias partidas. De la correspondiente al control y seguimiento de las bajas laborales por parte de empresas externas, faltaba documentación detallada de facturas que sumaban 1,18 millones. Los auditores también censuraron el importe de 795.000 euros abonado “indebidamente” a colaboradores de la mutua en concepto de administración complementaria. La investigación halló también, entre gastos no justificados, una partida en actuaciones “que exceden el ámbito de colaboración de las mutuas”; retribuciones y dietas a directivos por la asistencia a reuniones; y una partida que “excede del límite fijado reglamentariamente” para el sueldo del director gerente.

Los jueces rechazan los argumentos de la entidad, que alegó que había presentado documentación sobre todos estos conceptos. El Supremo sostiene que las justificaciones de gastos presentadas son “insuficientes”. Sobre el dinero derivado del control y seguimiento de la incapacidad temporal, por ejemplo, los jueces advierten que no ha “ni detalle de las actuaciones realizadas, fecha de realización de las mismas y empresas asociadas a las que pertenecen los trabajadores”.