Selecciona Edición
Entra en EL PAÍS
Conéctate ¿No estás registrado? Crea tu cuenta Suscríbete

Admitida una querella por sobretasaciones en Caja Madrid

El juez José de la Mata abre un nuevo frente judicial para Blesa en contra del criterio fiscal

Miguel Blesa, ex presidente de Caja Madrid, sale de la Audiencia Nacional tras declarar ante el juez Fernando Andreu por el caso de las tarjetas opacas. Foto: Uly Martín | Vídeo: Atlas

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha admitido a trámite una querella contra el presidente de Caja Madrid Miguel Blesa y una veintena de responsables de Caja Madrid por la concesión por parte de la entidad de hipotecas sobrevaloradas de alto riesgo. La querella ha sido presentada por dos particulares, socios de Bankia, que les atribuyen delitos de estafa, administración desleal y asociación ilícita.

El magistrado, que ha actuado en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción, ha ordenado tomar declaración como imputados al propio Blesa, el responsable de la Dirección General Financiera y de Medios, Ildefonso Sánchez Barcoj, el gerente de riegsos Ramón Martínez Vilchez y el director general de Tasaciones Madrid SA Ignacio de Navasqués por la comisión de delitos de estafa, administración desleal y asociación ilícita.

En un auto hecho público este miércoles, el juez acepta investigar la concesión sistemática de préstamos hipotecarios con tasaciones sobrevaloradas entre 2003 y 2009. Además, el magistrado requiere a Bankia, como sucesora de Caja Madrid, que le certifique quienes integraban entre 2003 y 2009 el consejo de administración de La entidad, la comisión ejecutiva, la comisión de control, la dirección general financiera y de medios y la gerencia de riesgos.

La fiscalía anticorrupción se había opuesto argumentando que esa práctica de sobrevalorar las tasaciones fue generalizada 

La querella que ahora se va a investigar relata las conductas acontecidas en Caja Madrid entre 2003 y 2009, en el período anterior al estallido de la crisis y en plena expansión de la burbuja inmobiliaria, en relación con lo que los querellantes califican de "práctica sistemática de sobrevalorar inmuebles constituidos en garantías de préstamos hipotecarios y la concesión de préstamos que no debieron haberse concedido".

La fiscalía anticorrupción se había opuesto a la admisión de la querella argumentando, entre otras razones, que esa práctica de sobrevalorar las tasaciones fue generalizada y que los hechos de la querella no tenían relevancia penal.

El juez argumenta que esos hechos habrían ocasionado una grave repercusión en la economía nacional, al haber afectado a miles de clientes y  producido pérdidas millonarias 

En su auto el juez argumenta que procede investigar esas conductas de la querella y que, de tener relevancia penal, encajarían en delitos que son competencia de la Audiencia Nacional, ya que esos hechos habrían ocasionado una grave repercusión en la economía nacional, al haber afectado a miles de clientes y haber producido pérdidas millonarias a la entidad. El juez añade que " el hecho de que la sobrevaloracion de las tasaciones pudiera haber sido en España y otros países una práctica generalizada en el período anterior al estallido de la crisis de 2008 y en plena expansión de la burbuja inmobiliaria, no puede sin embargo justificar cualquier práctica".

Después de incorporar un informe de la inspección del Banco de España el magistrado concluye que, en esta fase inicial, se sustenta indiciariamente que la tasadora del grupo, Tasaciones Madrid, valoraba de forma sistemática los inmuebles hipotecados por encima del precio de los mismos.

Según el auto judicial, "al abrigo de estas sobretasaciones se concedían de forma sistemática préstamos por encima del 100% del precio de compraventa de los inmuebles hipotecados", y esos préstamos, algunos de 20 años o más, se concedieron a personas extranjeras con permisos temporales de residencia o con trabajos de uno o dos años de validez. Para el juez, esas prácticas hicieron derivaron en una cartera hipotecaria de alto riesgo, algo que, en ciclos de recesión, como el actual, explican el mayor retraso en el cumplimiento de sus obligaciones, si se las compara con el resto de las entidades del sistema y, subsiguientemente, la acumulación de pérdidas para la entidad.

Más información