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Competencia rechaza las medidas de Agricultura para la leche

El ministerio pretende que los industriales le comuniquen los precios de venta de sus productos a la distribución

El Ministerio de Agricultura quiere introducir más transparencia en la cadena de producción de leche. Ha propuesto una batería de medidas a agentes del sector (organizaciones agrarias, cooperativas agroalimentarias, industria y distribución). En unos casos ha encontrado el acuerdo o, al menos, no ha topado con el rechazo (industria y distribución). En cambio, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) rechaza la iniciativa. Cree que facilitaría el riesgo de coordinación entre los operadores, favorecería las conductas ilícitas y reduciría los incentivos para competir.

Desde Agricultura escuchan las conclusiones de Competencia pero aseguran que seguirán con la tramitación del proyecto de real decreto.

Dónde sube el precio

La Administración tiene capacidad para conocer el volumen de leche vendida por los ganaderos y los precios pagados en las explotaciones por los primeros compradores. Para lograr más transparencia, el ministerio pretende que los industriales deberán comunicarle los precios de venta de sus productos a la distribución. Con esta información, Agricultura tendría cifras completas sobre el comportamiento de toda la cadena de valor y podría detectar los puntos donde se registran las mayores alzas.

Con motivo de los conflictos en el sector de la leche, uno de los interrogantes no descifrados era conocer si las subidas de precios registradas por la leche en los lineales de la distribución se trasladaban a las industrias y, posteriormente, a los ganaderos.

Desde Competencia consideran, por el contrario, que con las medidas de transparencia planteadas —a pesar de que Agricultura garantiza la confidencialidad— existe un elevado riesgo de coordinación y de reducción de competencia, lo que, en definitiva, sería un perjuicio para los consumidores con potenciales aumentos de los precios. El regulador, además, entiende que la Administración debería hacer frente a los problemas estructurales que tiene el propio sector, como una mayor promoción del cooperativismo y lograr una actividad, en conjunto, más eficiente.