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Más munición contra el fraude

La mayoría del Congreso ha propuesto esta semana medidas contra el fraude fiscal. Los expertos plantean nuevas fórmulas para combatirlo

—Eh, ese libro no le interesa para la inspección.

—Pero si es el registro de actividades de la empresa. Esto es una prueba fundamental.

—Démelo. Eso es privado. Ahí no hay nada que le sirva.

—Pero...

El primer hombre arrebata de un tirón al inspector de Hacienda que está registrando sus oficinas el libro registro de las actividades que se habían celebrado en la sala de fiestas que dirigía. Lo esconde. Una de las principales pruebas para la investigación por fraude acaba de desaparecer.

Es el relato que hace un inspector de Hacienda para explicar las carencias de su trabajo. Una de las demandas recurrentes de los inspectores es la creación de una policía fiscal. Tendría la autoridad suficiente para impedir situaciones como las descritas porque podrían incluso arrestar a quien se opusiese a sus actuaciones.

¿Cuánto se escapa a las arcas públicas?

Tanto los inspectores como los técnicos de Hacienda y otros expertos reclaman al Gobierno que elabore un informe riguroso sobre el volumen del fraude fiscal en España. Antes de tomar medidas será necesario conocer la gravedad del problema, aducen. Lo cierto es que el fraude fiscal en España equivale a entre el 18,6% y el 26% del PIB, según los diferentes estudios publicados en los últimos años.

Desde la Agencia Tributaria siempre han restado credibilidad a estos informes aduciendo que la economía sumergida, al estar oculta, no se puede medir. 

Un reciente informe de la Comisión Europea estima en 12.000 millones de euros, la cantidad que España deja de recaudar en el IVA. En la actualización del mismo estudio difundido la semana pasada, la Comisión se queja de que la autoridad tributaria española no calcula el agujero fiscal por el IVA. Además, Bruselas explica que Hacienda le ha dicho que podría realizar sus estimaciones si destinara cuatro trabajadores a jornada completa durante un mes.

Junto a los inspectores, otros profesionales y expertos reclaman más munición para combatir el fraude fiscal. "Es una de las lacras" más profundas de nuestro país, "que perjudica a todos. La lucha contra el fraude no debería ser una cuestión ideológica", proclamó el miércoles en el Congreso Francisco de la Torre, inspector de Hacienda en excedencia y diputado por Ciudadanos, durante la comisión parlamentaria de Hacienda que esta semana ha aprobado una proposición no de ley, con el voto favorable de todos los partidos menos el PP, que insta al próximo Gobierno a extremar las políticas contra el fraude fiscal y que plantea un arsenal de medidas para combatirlo.

Carlos Cruzado, presidente de la asociación de técnicos de Hacienda (Gestha) se muestra crítico con actual política de la Agencia Tributaria. "Insisten en el cruce de datos, es lo más fácil. Van a por cuantías menores, al menudeo, en vez de potenciar la inspección". Cruzado reclama impulsar la delegación de grandes contribuyentes, la que se encarga del fraude de las empresas cotizadas y grandes patrimonios. Y plantea una batería de medidas para reducir el fraude: limitar a 1.000 euros los pagos en efectivo, reducir a 50.000 euros el umbral para considerar un fraude como delito fiscal, igualar el plazo de prescripción administrativa y penal a cinco años o 10 en casos de delitos agravados... Cruzado también reclama, además de aumentar los recursos de la Agencia y dotar de más competencia a los técnicos de Hacienda, una mayor coordinación entre todas las administraciones tributarias.

En este punto coinciden con las propuestas de los inspectores de Hacienda. José Luis Groba, presidente de la organización que engloba a los altos funcionarios de la Agencia (IHE), plantea la creación de un "sistema único de información". Sería una plataforma de uso interno, gestionada por un único ente, en el que hubiera datos aportados por la Agencia Tributaria, la Seguridad Social y las comunidades autónomas.

Pagar por delación

Los inspectores también proponen hacer investigaciones en secreto para que el defraudador no pueda limpiar el rastro del fraude. En esta línea, Groba reclama una policía fiscal como ocurre en otros países europeos, como Italia. Si tuvieran competencias parapoliciales se podrían evitar casos como el del propietario de la sala de fiestas que le arrebata impunemente las pruebas al inspector. La organización de inspectores presentó un volumen con casi 250 medidas para desafiar al fraude. Este arsenal contiene propuestas polémicas como hacer públicas las declaraciones tributarias de los contribuyentes, como hacen algunos países escandinavos. O como pagar a confidentes, como ocurre en el sistema anglosajón, y hacerlos partícipes de un porcentaje de lo que se recaude.

José Félix Sanz, director de estudios tributarios de Funcas y catedrático de la Complutense, apunta más alto. Cree que un diseño más eficiente del sistema fiscal conllevaría mecanismos para luchar contra el fraude. Y propone varias medidas: control de actividades económicas, sobre todo los autónomos, reducir al mínimo o eliminar el régimen de módulos y limitar los regímenes especiales de IVA, "que permiten comportamientos irregulares como la emisión de facturas falsas que suponen gastos deducibles ficticios".

El Instituto de Economía de Barcelona (IEB) publicó hace un año un informe sobre el fraude fiscal. El documento en el que participaron Ignacio Mauleón, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, James Alm, profesor de la Tulane University (Estados Unidos) y Alejandro Esteller, profesor de la Universidad de Barcelona e investigador del IEB. Esteller afirma que “la capacidad relativa de generar ingresos fiscales no solo depende del volumen de fraude fiscal, sobre el que puede actuar la administratción tributaria, sino también de la amplitud de nuestras bases impositivas”. El estudio, que sitúa la economia sumergida en España asciende a entre el 24% y el 26% del PIB no se puede erradicar totalmente.

Diferenciar entre fraude y elusión

El presidente de los inspectores diferencia entre el fraude fiscal cometidos por profesionales, autónomos y pequeñas empresas y la elusión fiscal de las multinacionales. "Son cosas diferentes. El fraude del que oculta ingresos o inventa gastos se da en el menudeo", explica Groba.

Este inspector precisa que las multinacionales no cometen fraude. Aprovechan los recovecos de las legislaciones para eludirlos. "Las multinacionales tienen lobbies que les ayudan a modificar las leyes para abrir boquetes", indica. Las grandes corporaciones tienen una legión de abogados que conocen a la perfección los agujeros de la fiscalidad internacional. Groba explica que pocas multinacionales defraudan: "No lo necesitan. Se escabullen por las grietas del sistema y por eso la situación es muy distinta respecto a la pyme o los que perciben rendimientos de actividades económicas". Este inspector, subraya por teléfono desde León, donde trabaja, que desde la inspección se trata de revisar a las grandes compañías cada dos o tres años. Y reclama que haya un mayor control de los lobbies para evitar que les ayuden a eludir impuestos.

El profesor Alm, en el informe del IEB, define tres estrategias para paliar el fraude fiscal: aumentar la amenaza de penalización, mejorar el acceso a los servicios fiscales y promover la confianza en la cultura tributaria.

Amenaza de penalización

Para elevar la amenaza de penalización el profesor de la universidad de Tulane propone "aumentar la amenaza de penalización, el professor estadounidense expone las siguientes acciones: mejorar el cruce de datos entre gobiernos, aumentar las sanciones por fraude fiscal, hacer públicas las condenas por evasión fiscal, dar más poder para detectar cuentas fraudulentas, aumentar las altas y la identificación de personas que no declaran, mejorar la calidad de las inspecciones, incrementar los procesos de comprobación, utilizar métodos de selección sistemáticos para los procesos de comprobación y confiar en la retención en origen". 

Por su parte, el profesor Mauleón defiende que deben intensificarse "las inspecciones en el mercado laboral, dado que gran parte de la actividad económica ilegal está relacionada con el desempleo".  Además, plantea la necesidad de potenciar la industria, sobre todo la de alta tecnología, en detrimento de sectores de servicios más propensos a la economía sumergida. Por último, Mauleón recomienda  suavizar la política de austeridad, ya que genera desempleo y pérdida de recursos fiscales al aumentar la economía sumergida.