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3.000 millones en juego por los intereses de demora de los proveedores

La Comisión Europea decidirá si las administraciones públicas tendrán que pagar 3.000 millones por los intereses de demora suspendidos del plan de pago a proveedores de 2012

La Comisión Europea ultima el procedimiento por el que podría obligar a las Administraciones Públicas a liquidar los intereses de demora devengados de las facturas incluidas en el plan de pago a proveedores de 2012. Entonces, el Ejecutivo español dictó una norma para obligar a los empresarios y autónomos que se acogieran al citado plan para cobrar sus facturas a renunciar a los intereses de demora, según explica la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, que eleva a 3.000 millones de euros la factura por los intereses de demora. 

"Es una gran noticia pero hay que ser cautos, porque de ser así los afectados tendrían muy poco tiempo para reaccionar, al prescribir parte de la deuda este mayo, en concreto, para los que cobraron en la primera fase del plan de pago a proveedores”, ha advertido Antoni Cañete, el presidente de la organización (PmCM).  “Si, por el contrario, la sentencia no saliera adelante, estos proveedores tendrían que dar ya por perdido su derecho a cobrarlos al prescribir, a menos que sigan unos pasos determinados”, ha abundado Cañete.

La organización ha presentado este miércoles el informe sobre la Morosidad de 2015, en el que revela que la morosidad en el sector público se redujo de 82 a 75 días de media. En periodo medio de pago del sector privado también se redujo de 89 a 85 días.

El informe concluye que el año pasado el 72% de los proveedores tuvo contratos o acuerdos comerciales con clientes que les imponían plazos de pago superiores a los 60 días que establece la Ley 3/2004. En caso de sufrir impagos, el 83% de los proveedores nunca o casi nunca exigieron a sus clientes morosos los intereses de demora; y el 94% de los proveedores no exigieron la indemnización legal por costes de recobro en caso de retraso o impago.Esto podría deberse “sobre todo más al miedo que al propio desconocimiento”, explica el presidente de la PMcM, que se ha referido a la encuesta en la que el 70% de los encuestados ha asegurado conocer la legislación existente, aunque bien es cierto que “no deja de sorprender que un 30% de las empresas aún la desconozca”.

Según el Informe sobre Morosidad 2015, elaborado a partir de más de 700 encuestas realizadas a sus organizaciones asociadas y ajenas, el plazo medio de pago a proveedores se redujo tanto en el sector público (8,5%) como en el privado (4,5%), pasando respectivamente de 82 a 75 y de 89 a 85 días, aunque manteniéndose lejos de los 30 y 60 días que establece la ley.

"Por segundo año consecutivo el sector público presenta un mejor comportamiento que el privado", señala Cañete. "Debemos valorar las políticas implementadas en el ámbito público de forma positiva, ya que sistemáticamente mejoran año tras año, aunque todavía se está lejos de los 30 días que marca la legislación actual. No obstante, no se puede decir lo mismo en el ámbito privado".

El estudio también apunta que el ratio de morosidad (porcentaje de impagos respecto al total de facturación), se cifró en el 4,4%, lo que significó una reducción de 1,3 puntos porcentuales respecto a 2014 (5,7%). "Este dato es trascendental para que no cierren empresas", explica.