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Cómo EE UU y el Sepblac acabaron con Banco Madrid

La precipitada reacción de las autoridades hizo caer una de las entidades más solventes por unas acusaciones que siguen sin demostrarse un año después

Estado actual de la sede de Banco de Madrid, junto a la plaza de Colon de la capital EL PAÍS

Los supervisores financieros no tienen por qué ser los que acaben con un banco. La actuación de dos organismos atípicos puede ser suficiente. La Financial Crime Enforcement Networks (FinCEN), la red de control del crimen financiero, que depende del Tesoro de Estados Unidos, y el Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac), dependiente del Ministerio de Economía, acabaron con Banco Madrid (BM) hace un año.

El FinCEN acusó a la Banca Privada de Andorra (BPA), dueña del BM, de realizar blanqueo de capitales con organizaciones criminales y le cortó las líneas de financiación. Nunca acusó al ya desaparecido Banco Madrid. Sin embargo, su matriz BPA, implicada en la trama, sigue operando.

El Sepblac —o fuentes cercanas a él—, filtró a la prensa un informe con casi una docena de clientes de BM pertenecientes a estructuras relacionadas con el blanqueo de capitales con origen venezolano, ruso, mexicano y chino. "Eran 12 clientes de 16.000 que había en el banco. No creo que sea suficiente para cerrar un banco", según un ex directivo del Banco Madrid.

Con estas noticias, en tres días, cundió el pánico. Los clientes acudieron a retirar el dinero y el supervisor decidió cerrar Banco Madrid y liquidarlo. Era uno de uno de los más solventes, con un ratio cercano al 30%, frente al 12% de media del sector. En este desastre también colaboró la detención en Andorra del consejero delegado de BPA y de Banco Madrid, Joan Pau Miquel, que sigue en prisión provisional.

España ha sufrido la crisis financiera más fuerte de su historia. El sector se ha reducido de 54 a 15 entidades. Pese a este tsunami, nunca se ha liquidado un banco. Sin embargo, la actuación conjunta de estos dos peculiares organismos y la precipitada reacción de las autoridades andorranas y españolas, que siguieron las indicaciones de EE UU, acabaron con Banco Madrid entre el 10 y el 13 de marzo de 2015. Los más afectados fueron los casi 300 trabajadores que perdieron su empleo y soportaron la sombra de sospecha sobre su honorabilidad, así como la familia Cierco, los accionistas, que pleitean para evitar perder todo el capital.

La mitad de la plantilla de la entidad reclama daños al supervisor

El 19 de febrero pasado ocurrió algo que hace más complicado el asunto: el FinCEN retiró su acusación. Sin dar más explicación. No dijo en qué se basó para lanzarla (e iniciar el cataclismo) y tampoco explicó en qué se apoya para quitarla. Por otro lado, del informe del Sepblac con terribles acusaciones penales que algunos medios airearon con todo detalle en un serial por capítulos, no se sabe más. Dos fondos han denunciado a los consejeros de BM por su gestión y por la existencia de estos supuestos defraudadores entre sus clientes. La Audiencia aún no tiene resultados concluyentes y la fiscalía ha retirado la acusación a los directivos y está pendiente de tomar una decisión sobre si investiga a los clientes sospechosos.

La guerra entre Andorra y la familia Cierco se encona

J. G. B.

Un año después de la crisis de BPA, las autoridades del país y los accionistas mayoritarios, la familia Cierco, libran una guerra en los tribunales y los medios de comunicación. Los Cierco han demandado al FinCen en EE UU, pero ese es solo uno de los frentes abiertos. Han distribuido un mamotreto de 525 páginas en el que desgranan su versión. Su argumento de batalla es que la entidad ha superado en los últimos años todos los informes sobre prevención de blanqueo, sin que ni los auditores externos (KMPG, Deloitte) ni los organismos de control público (UIF, INAF) detectasen nada extraño.

Las autoridades andorranas han lanzado una contraofensiva y han desvelado parte de la auditoría que PriceWaterhouseCoopers ha elaborado (tras más de 10.000 horas de trabajo) sobre BPA. La conclusión es que hay 923 clientes sospechosos de blanqueo de capitales. La cifra supone solo un 3% de los clientes, pero un 20% (unos 1.000 millones de euros) del volumen de negocio. Un centenar de esos clientes reúnen todos los factores de riesgo máximo.

Varias denuncias

Pero hay tres denuncias más alrededor de este caso. Unos 130 empleados de Banco Madrid, casi la mitad de la plantilla, han presentado una reclamación económica al Banco de España por no intentar preservar la entidad ni venderla a un competidor. "Hubo negligencia y queremos un resarcimiento por el daño moral que sufrimos y la dificultad que tuvimos para encontrar trabajo", dice uno de los exempleados. También creen que el Ministerio de Economía y el Sepblac fueron responsables por la filtración, "pero es muy difícil demostrarlo".

Además, la mutua Previsión Sanitaria Nacional (PSN), ha interpuesto una acción de responsabilidad patrimonial contra la Administración y una demanda contencioso administrativa contra el Banco de España por intervenir Banco Madrid. En total, PSN pide 16,5 millones por los cuatro meses que las inversiones de sus clientes estuvieron paralizadas y daños reputacionales.

Por otro lado, el despacho Cremades & Calvo Sotelo reclama 280 millones al Gobierno de Andorra por la intervención de BPA y el perjuicio causado a 300 clientes que todavía soportan un corralito que solo les permite sacar 2.500 euros a la semana. "Tanto Andorra como España sobrereaccionaron para agradar a Estados Unidos. La filtración del informe del Sepblac fue decisiva para hundir Banco Madrid", apunta Javier Cremades, socio del bufete.

El organismo estadounidense retiró su acusación casi sin dar explicaciones

Lo llamativo del informe del Sepblac es que días antes del 10 de marzo de 2015, responsables de este organismo comentaron a directivos de Banco Madrid que se les acusaban de faltas graves y muy graves castigadas con multas, pero que no había causas penales. Nada hacía prever el cierre del banco. Sin embargo, tras la acusación del FinCEN, aparecieron 23 operaciones que enviaron a la fiscalía "por indicios de delito". Fuentes del Sepblac apuntaron hace un año que la gravedad de los casos de su informe se incrementó al conectarlos con los de Andorra. Un informe de PwC ha detectado a 923 clientes de BPA como sospechosos de blanqueo de capitales.

El proceso liquidador continúa su lento paso. Abogados implicados en el proceso creen que se "pagarán casi todas las deudas por la solvencia del banco". Una solvencia que no evitó su desaparición.

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