El reponsanble de Volkswagen para América abandona el grupo

Estados Unidos amplía la investigación contra la compañía alemana seis meses después de estallar el escándalo

El escándalo de las emisiones toma una nueva deriva, seis meses después de destaparse el fraude. El Departamento de Justicia de Estados Unidos acaba de iniciar esta semana otro frente legal para sancionar al grupo Volkswagen, utilizando como base una legislación que persigue el fraude bancario y que le da margen para investigar delitos que se cometieron durante la última década.

El fabricante alemán anunció en paralelo que su consejero delegado para América, Michael Horn, abandona la compañía con carácter inmediato. El relevo lo toma Hinrich Woebcken, que desde enero está al frente de la división de Volkswagen en la región, con carácter interino. Horn fue el encargado de enderezar las operaciones del grupo durante los primeros azotes de la crisis.

La citación judicial se cursó este martes. El equipo que dirige la fiscal general Loretta Lynch se está apoyando en la Financial Institutions Reform, Recovery and Enforcement Act, que se adoptó en 1989. Es uno de los mecanismos legales que se utilizó para perseguir por la vía civil a las grandes instituciones de Wall Street tras la crisis financiera, por los abusos en la hipotecas tóxicas.

El Departamento de Justicia demandó formalmente a Volkswagen en enero en nombre de la agencia que vela por la protección del medio ambiente, por violar la legislación contra la emisión de gasas contaminantes. El Gobierno estadounidense busca así una compensación multimillonaria. Esta nueva vía de ataque se utiliza para reprimir los abusos en los préstamos para la compra de un coche.

Volkswagen evita entrar en detalles sobre el estado de la batalla legal con los reguladores en EE UU. Tan solo se limita a decir que sigue cooperando con las autoridades competentes. Tampoco tiene pactada una solución para proceder a reparar los vehículos afectados por el DieselGate, que superan el medio millón. La dirección si advirtió de los efectos que podría tener la sanción para compañía.

A la acción legal del Departamento de Justicia se le suma la de particulares y varios estados, como el de Nueva York. El grupo alemán admitió en septiembre que instaló un dispositivo en 11 millones de vehículos en todo el mundo, diseñado para falsear los controles en las emisiones. La compañía tiene de plazo hasta el 24 de marzo para aclarar como piensa arreglar los 580.000 vehículos afectados.

Si la multa contemplada en la legislación medioambiental se aplica al máximo, el grupo Volkswagen se enfrentaría a una reprimenda de 46.000 millones de dólares. Esto se suma al impacto que el DieselGate está teniendo en el negocio de la marca. Las ventas cayeron de nuevo un 13% en febrero como consecuencia de la suspensión impuesta a los vehículos diésel, incluidos los modelos de 2016.