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Bruselas envía una recomendación al Gobierno para hacer un ajuste extra

El Ejecutivo comunitario pide a España medidas para embridar el déficit de las comunidades autónomas

El vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis. EFE

Enésimo toque de atención por el agujero fiscal. La Comisión Europea enviará este miércoles al Gobierno en funciones una "recomendación autónoma" por el riesgo de incumplimiento del déficit en 2016. España "debe tomar las medidas oportunas para asegurar la corrección del déficit y evitar desvíos", según el documento al que ha tenido acceso este diario. En apenas página y media, Bruselas lanza un mensaje netamente político: pese a la incertidumbre relacionada con la formación de Gobierno, quiere medidas extra "particularmente en el nivel subcentral de Gobierno", Es decir, en las comunidades autónomas.

El Gobierno del PP deja una herencia envenenada al próximo Ejecutivo: no cumplió las reglas fiscales la pasada legislatura. Tampoco se alcanzarán las metas en 2016. Bruselas es consciente de que el Ejecutivo en funciones no puede hacer demasiado, y las instituciones europeas saben que la frágil recuperación europea hace imposible el discurso ortodoxo de otras épocas, para España y para otros países. Pero la Comisión lanzará este miércoles a España una señal inequívoca. Bruselas enviará una recomendación autónoma al Gobierno, tal como adelantó EL PAÍS, que reitera lo que ya dijo en noviembre y repite a la menor ocasión: España corre serios riesgos de incumplir el déficit.

La recomendación es doble: España debe hacer "ajustes adicionales". Y Bruselas obliga a comunicarle las medidas de inmediato, ya sea con un "presupuesto actualizado", o —en caso de que eso no sea posible en los dos próximos meses— "en el plan nacional de reformas" que debe enviar a finales de abril.

La Comisión es consciente de que el Gobierno en funciones tiene las manos atadas. Pero pretende que sí aplique la legislación: la ley de estabilidad presupuestaria, que establece medidas preventivas e incluso correctivas a las comunidades más incumplidoras (Cataluña y Comunidad Valenciana). El ministro Luis de Guindos no cerró el martes ninguna puerta en Bruselas. "Este Gobierno hará lo que tenga que hacer para cumplir con el déficit", dijo con un lenguaje deliberadamente ambiguo dirigido a las autonomías. A Bruselas le conviene dar ese mensaje de dureza. Y al Gobierno en funciones le viene bien por la peculiar situación política, en un impasse que puede durar meses.

Avance en el intercambio de datos fiscales

Los ministros de Economía y Finanzas de la UE (Ecofin) dieron ayer el primer paso para reforzar el intercambio de información fiscal sobre multinacionales entre las autoridades competentes de cada Estado miembro, tal y como estableció el G20, el grupo de países avanzados y emergentes.

Los ministros de los Veintiocho plasmaron el acuerdo político en un texto que ahora será discutido por el Parlamento Europeo. En él, se obliga a las multinacionales a informar de los ingresos percibidos, los beneficios alcanzados y los impuestos pagados a las autoridades fiscales competentes de cada Estado miembro, que a su vez deberán compartir de forma automática estos datos con el resto de la UE.

Además, las empresas matrices deberán detallar la información en cada país que tengan una filial. La Comisión Europea valora si recomendar que los datos se hagan públicos, y no solo estén a disposición de las autoridades fiscales. Pero varios países miembros, con Alemania a la cabeza, rechazan esa opción.

La Comisión enviará este miércoles cartas y recomendaciones a varios países: en el caso de Italia, por ejemplo, una misiva por sus desequilibrios macroeconómicos, no por el agujero fiscal. La recomendación española entra dentro del procedimiento habitual por el déficit excesivo. Pero las fuentes consultadas explican que Bruselas podría usarla en el futuro como airete si España sigue incumpliendo. La Comisión es consciente de que Madrid ha rebajado el déficit del 9,5% al 4,5% del PIB, y podría dejarlo por debajo del 3% en 2016 si el crecimiento no flaquea. Pero los continuos incumplimientos le obligan a examinar por qué falla España: básicamente, por las comunidades; además, la Administración central hubiera presentado cifras más positivas si Madrid no hubiera aprobado una rebaja fiscal electoralista. "España no ha hecho esfuerzo fiscal en 2015, y tampoco lo va a hacer con el Gobierno en funciones", admiten fuentes europeas: eso deja al próximo Gobierno a los pies de los caballos, a un paso de las sanciones —que no llegarán en abril salvo sorpresa— y obligado a dar información constante a Bruselas. España recibirá, de facto, un año extra para cumplir. Pero a cambio debe presentar un paquete de reformas convincente y hacer frente a una tutela continua por parte de Europa.

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