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Portugal, condenado a pagar 1.800 millones al Santander Totta

La Corte Comercial de Londres falla a favor del banco por la anulación unilateral de contrartos 'swaps' con transportes públicos portugueses

Sucursal del Banco Santander Totta en Portugal

La Corte Comercial de Londres ha condenado a Portugal en su litigio con el banco Santander Totta por la suspensión unilateral de nueve contratos del banco con empresas públicas del transporte de Lisboa y Oporto. Aunque ni el tribunal londinense ni el Santander Totta han cuantificado económicamente la sentencia, según el Diario de Noticias (y otros medios portugueses) es de 1.800 millones de euros.

En concreto, la factura sería de 1.800 millones, según la radio de noticias TSF, sumando los 1.200 millones del valor de los contratos, más los intereses acumulados de otros 230 millones y las costas judiciales hasta la fecha. La sentencia, en todo caso, no es definitiva y se puede apelar. La emisora apunta, además, que también se podría pactar un pago en varias etapas, para aliviar el golpe de la factura del litigio en las arcas públicas.

La sentencia supone un revés profesional para la ministra de Finanzas del anterior Gobierno, Maria Luíz Albuquerque, que ordenó la suspensión de los pagos de los contratos, que ahora han provocado la sentencia.

 Santander Totta, primer banco portugués en beneficios, informa en un comunicado que durante el proceso quedó claro "que el banco aconsejó debidamente a las empresas públicas en el momento de la firma de los contratos".

Nueve contratos en pugna

Entre 2005 y 2007, Santander Totta firmó nueve contratos de riesgo financiero (swaps) con las administraciones del Metro de Oporto y de Lisboa, con Carris (autobuses y tranvías de Lisboa) y con STCP (autobús y tranvía de Oporto). A raíz de la evolución de los mercados, esos contratos ocasionaban unas grandes pérdidas a la Administración Pública por lo que se intentó, sin éxito, una renegociación con el banco. Ante el fracaso, las empresas suspendieron los pagos en 2013 y el banco recurrió a los tribunales.

La compañía ya señaló en su memoria de 2015 que estaba pendiente de este proceso. Aseguró: "Banco Santander Totta, S.A. y sus asesores legales consideran que la entidad ha actuado en todo momento con sujeción a la normativa aplicable y bajo los términos de los acuerdos y estiman que los tribunales ingleses confirmarán la plena validez y eficacia de los contratos. El Grupo, por tanto, no ha registrado provisiones por estos procesos".

El ministro de Finanzas, Mário Centeno, reconoce que la sentencia tendrá un impacto negativo en el presupuesto del Estado, aunque no inmediato

En el comunicado, el Santander señala que se esforzó por alcanzar una solución negociada que, dentro de lo razonable, redujeran los perjuicios del Estado portugués. Ante el fracaso de las negociaciones, el Santander se vio obligado a acudir a los tribunales". El Tribunal de Londres incide en que en el momento de la firma de los contratos todas las partes sabían lo que hacían. En un fallo de 200 páginas, el juez fundamenta que las partes se beneficiaron durante un tiempo de esos contratos y durante otros no.

Los contratos swap son utilizados habitualmente para proteger al solicitante de un crédito a interés variable de una posible subida del euríbor, pero en este caso, el euríbor no ha dejado de bajar en los últimos años, por lo que la cobertura resultaba ruinosa para las empresas de transporte.

La noticia saltó cuando el ministro de Finanzas, Mário Centeno, respondía en el parlamento a las preguntas de los diputados. Inmediatamente hubo un cruce de acusaciones entre unos y otros sobre la responsabilidad de los Gobiernos, según su color.

João Galamba (PS) destacó la estrategia equivocada del anterior ejecutivo, al decidir enfrentarse al banco en lugar de pactar; Paulo Sá (PC) criticó la pasividad del Gobierno durante 14 meses lo que duplicó las pérdidas, hasta alcanzar los 3.000 millones; la diputada del Bloco Mariana Mortágua calificó los contratos con el Santander de "altamente especulativos", mientras que la derecha recordó que todo fue firmado bajo el Gobierno socialista de José Sócrates.

El ministro Centeno señaló que este es un problema más de los que han heredado y que debían haber estado resueltos antes. Aunque señaló que aún no había leído la sentencia, sí dijo que tendría un impacto en el presupuesto del Estado, aunque no inmediato.