Air Nostrum puja por hacerse con los vuelos de deportaciones de Air Europa

La compañía opta al concurso del Ministerio del Interior para el traslado de inmigrantes. El contrato tiene un valor de 11,8 millones y una duración de 18 meses

La Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Air Nostrum, la aerolínea valenciana asociada a Iberia, y Barceló Viajes ha presentado una oferta al concurso del Ministerio del Interior para la adjudicación de los vuelos de deportación de extranjeros. Esta propuesta es más ventajosa desde el punto de vista económico que la de Air Europa y Swiftair, actual adjudicataria de este servicio y que aspira a renovar la concesión. De esta forma, la compañía de Juan José Hidalgo podría quedarse sin este servicio después del varapalo sufrido el año pasado tras perder uno de los lotes más interesantes de los viajes del Imserso.

El contrato para desplazar a los inmigrantes del Ministerio del Interior fue convocado en enero de 2015, cuando se hicieron públicos los pliegos de condiciones, para renovar a partir del próximo mes de mayo el servicio aéreo con el que Interior traslada a los inmigrantes y sus custodios de la Policía entre distintos puntos de la Península y al extranjero en ejecución de las deportaciones.

El importe es de 11,8 millones de euros y su duración, 18 meses que empezarán a contar el próximo mes de mayo, cuando vencerá el contrato que ahora está en vigor y del que es beneficiaria la UTE entre Air Europa y Swift Air, la única que concurrió al último concurso.

En la fase de evaluación en que se encuentra el proceso, Interior deberá sopesar la oferta de Air Nostrum-Barceló, que rebaja el precio por hora de vuelo de deportación presentado por su único competidor, ofrece aviones con nueve años menos de antigüedad y menos indemnización en caso de cancelación o modificación en la ejecución de estos traslados.

En concreto, Air Nostrum pide 7.030 euros por hora de vuelo con hasta 75 plazas frente a los 9.000 que ofrece Air Europa; 8.215 euros por hora cuando sean de 76 a 120 plazas (frente a 10.200), 13.260 euros para traslados de hasta 200 personas (16.450 euros Air Europa) y 17.160 euros por hora de vuelo que abonará el Estado cuando se traslade a más de 200 personas, lo que con su único competidor tiene un precio de 21.300 euros.

En la misma línea, son menores los precios tanto de los suplementos por posicionamiento en Península y Baleares por pasajero y vuelo, como los de posicionamiento en Melilla, en Canarias o por las estancias en tierra. El concurso habrá de resolverse durante las próximas semanas porque la adjudicataria definitiva tomará las riendas de los vuelos de deportación en mayo de este año, conforme el pliego de condiciones.

Operaciones de carácter reservado

Los vuelos de deportación de inmigrantes son considerados operaciones policiales y como tales, tienen carácter reservado. La única institución en España que publica información al respecto es el Defensor del Pueblo en su calidad de Mecanismo Nacional de la Tortura, que recaba anualmente las cifras de la Agencia para el Control de la Frontera Exterior (FRONTEX) y el Ministerio del Interior y ofrece datos cuantitativos de las deportaciones por esta vía.

Según el último informe disponible, correspondiente a 2014, el Ministerio del Interior fletó en solitario o en colaboración con Frontex un total de 134 vuelos con los que expulsó a 3.373 inmigrantes a sus países de origen o procedencia. El grupo más amplio de vuelos de repatriación fueron nacionales: 80 con destino a Ceuta para expulsar a 1.555 personas a Marruecos y 19 a Melilla con los que se deportó a 82 personas, fletados en ciudades como Jerez, Madrid o Barcelona.

En cuanto a los vuelos internacionales, un total de 18 fueron fletados en solitario por la Comisaría de Extranjería y Fronteras y con ellos se ejecutó la expulsión de 698 personas fundamentalmente a Malí, Senegal, Nigeria, Colombia y Ecuador.

En total, el Ministerio del Interior ejecutó la expulsión de un total de 9.410 inmigrantes en 257 vuelos internacionales de deportación fletados en solitario o en colaboración con la Agencia Europea para el Control de la Frontera Exterior (FRONTEX) entre enero de 2010 y octubre de 2014.