Economía poco colaborativa

La promesa de la economía colaborativa es de una belleza irrenunciable. Compartir antes que comprar. Pagar con tiempo en vez de con dinero. Recuperar la mirada cercana del barrio y de la calle frente a la lejanía y la indiferencia de la ciudad. Sustituir el álgebra del tener por la filosofía del ser. Sin embargo, también posee un reverso de sombras. Si hiciéramos una transición masiva desde nuestra economía de mercado hacia ese modelo alternativo se vaciarían de ingresos los sistemas de bienestar —advierte José Antonio Herce, socio de Analistas Financieros Internacionales— y se desmoronaría todo el aparato de derechos basados en las aportaciones colectivas. Sería la consecuencia perversa de la facilidad que tiene esta propuesta para eludir el pago de impuestos y cotizaciones sociales.

El debate se complica, pues ni siquiera el concepto de economía colaborativa resulta nítido. Sostiene la Comisión Europea que es “un modelo de consumo basado en el intercambio entre particulares de bienes y servicios, que de otro modo estarían ociosos”. Una estructura que si usara todo ese potencial infrautilizado tendría una capacidad de consumo de 572 billones de euros al año en la Europa de los Veintiocho. Estamos frente a un camino nuevo que estimula la competencia, redistribuye la riqueza (permite a cualquier persona generar ingresos) e impulsa el crecimiento económico.

Sin embargo, a veces este discurso se cumple, y otras, no. Quizá porque todo se mezcla y se confunde cuando una de las mayores compañías de hospedaje del planeta (AirBnb) no tiene hoteles y uno de los principales proveedores de transporte (Uber) carece de coches. Aunque, tal vez, lo que de verdad desconcierta es transitar una época en la que se cruza una economía nueva y otra que agoniza. “Estamos viviendo un cambio de modelo productivo que va desde el transporte y el alojamiento a las finanzas”, resume Albert Cañigueral. Pues bien, ese sorpasso ha cogido a la Administración desprevenida. O sea, sin desarrollar una legislación que regule esta actividad. Y hace mucha falta. “Que esta propuesta sea positiva o negativa para el Estado de bienestar depende de cómo el derecho sepa canalizar sus ventajas y minimizar sus inconvenientes”, observa Alfonso Lamadrid, abogado del bufete Garrigues en Bruselas. “Pues aquí no funciona ni prohibir ni desregular y el legislador parece jugar a perseguir los cambios y llegar siempre tarde”. De ahí que la actual duermevela jurídica se transforme en una amenaza fiscal. La asociación de empresas turísticas (Exceltur) lleva tiempo quejándose de la competencia desleal que a su juicio le hacen los apartamentos turísticos.

Un estudio encargado en junio de 2015 por ese organismo cartografiaba los daños. Hay más de 2,7 millones de plazas en este nuevo tipo de alojamientos frente a los 2,4 millones en los reglados, y el ritmo de crecimiento es muy fuerte. Solo la demanda extranjera habría aumentado casi un 60% entre 2010 y 2014. “Un volumen muy alto de esta oferta forma parte de la economía sumergida, lo que supone que el fisco pierde una recaudación potencial de 800 millones de euros anuales”, relata José Luis Zoreda, vicepresidente ejecutivo de Exceltur. Y aclara: “No estamos radicalmente en contra de esta actividad, pero hace falta cobertura legal para evitar los efectos colaterales en la sociedad”. Se refiere a lo que ya sucede en algunos barrios de Barcelona, donde la llegada masiva de turistas en busca de estos espacios encarece los precios inmobiliarios (hasta un 20% en algunas zonas) y expulsa a los habitantes con rentas más bajas.

El camino para quienes se lancen a esta actividad está en darse de alta como autónomos

El Gobierno del exalcalde Xavier Trias aprobó una moratoria, que ha respetado el de Ada Colau, a partir de la cual se congelan las licencias para este tipo de apartamentos. ¿Suficiente? De momento, no. Ya que lo único que se logra es retrasar su “impacto brutal en la política inmobiliaria”, sostiene Albert Recio, vicepresidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB).

Pero hay que tomar algunas medidas, porque la inacción resulta peligrosa. “O se regulan las plataformas o pueden hacer un roto muy importante a las cuentas públicas”, avisa José María Mollinedo, secretario general de Gestha, el sindicato de los técnicos de Hacienda. Sobre esta reflexión, Estonia lidera una iniciativa pionera en el mundo. Este año lanzará un sistema que, automáticamente, incluirá en la declaración de la renta los ingresos que reciben los conductores de Uber. Ahora bien, desde el punto de vista de igualdad de oportunidades, esta propuesta tiene sentido si esta misma opción se abre a más operadores. Todo sirve para frenar la sangría fiscal. En Ámsterdam, la compañía Air­Bnb ya cobra una tasa de un 5% (la más cara de Europa) del importe del alojamiento a sus huéspedes 2.0. Después ese dinero lo entrega al Consistorio a través de una página web. Otros analistas apuntan la idea de que las plataformas deberían ser las responsables de los incumplimientos fiscales de sus usuarios.

Por ahora son intentos, limitados, de las Administraciones de controlar un mundo que se les escapa como el viento en un paisaje. Por ejemplo, ¿de qué forma cabe calificar las relaciones de las plataformas con sus usuarios? Aunque no existe un contrato, hay un cierto grado de dependencia. Además, estos portales se escudan en el razonamiento de que todas sus operaciones son trazables al hacerse a través de tarjeta de crédito. “Porque con una trazabilidad perfecta la economía sumergida es cero”, explica Sandra Sieber, profesora del IESE. “Pero lo cierto es que en el vacío legislativo la plataforma protege al trabajador porque si da sus datos le sitúa en la ilegalidad”, matiza la docente. El camino más virtuoso para quienes se lancen a esta actividad sería darse de alta como autónomo (267 euros mensuales) en el epígrafe preciso. Pocos lo hacen y, de momento, todo parece buenas intenciones. “Seguro que el Estado va a regular esta economía porque los flujos financieros son de una dimensión enorme”, prevé Javier Garilleti, director general de la fundación E&Y.

“Los flujos financieros son enormes”, señala Garilleti

Mientras llega ese tiempo, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) busca un equilibrio difícil entre plataformas, usuarios y sectores afectados por estas nuevas tecnologías disruptivas. “Estamos muy preocupados pues no puede ser más difícil pagar impuestos que alquilar una casa en Nueva York. Porque si es así es que estás generando una barrera contra empresas que ofrecen servicios innovadores. Hay que aprovechar esta nueva energía creativa para conseguir recursos públicos sin excluir a nadie”, reflexiona un miembro del organismo.

Sin embargo, pese al bello eco de esta idea, la vida no será como la carrera de Alicia en el país de las maravillas: donde había premio para todos. Porque la economía colaborativa esconde una bomba de relojería. Esta propuesta ocupa cada vez a más personas con empleo a tiempo parcial que carecen de los beneficios sociales de un trabajador a jornada completa. “Lo cual nos lleva a un país basado en un modelo de autónomos [en España hay unos 3.149.000] con limitadas coberturas; y esto supone serios riesgos”, alerta Gerard Costa, profesor de marketing de Esade. Y no solo en términos de recaudación de las arcas públicas. La brecha entre los ricos y los pobres aumentará y muchas personas tendrán enormes dificultades para llevar una vida con cierta estabilidad económica. Un tiempo, pues, de minitrabajos, mininegocios, miniprestaciones; ¿minividas?