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Bruselas planea estrechar la vigilancia sobre España por el déficit excesivo

El brazo ejecutivo de la UE enviará al Gobierno una carta en las próximas semanas con “recomendaciones autónomas” ante el desvío en las metas fiscales.

En Madrid se entremezclan los posibles pactos y las elecciones anticipadas. Pero Bruselas vive relativamente ajena a esa situación: la Comisión Europea planea estrechar la vigilancia sobre España por el control del déficit. El brazo ejecutivo de la UE enviará al Gobierno una carta en las próximas semanas con “recomendaciones autónomas” ante el desvío en las metas fiscales. Bruselas se decanta por dar un año extra para cumplir, pero eso no saldrá gratis: la Comisión exigirá informes periódicos sobre el ajuste, un plan de reformas y la aplicación efectiva de la ley de estabilidad presupuestaria a las comunidades autónomas.

Buenas noticias: no habrá sanción (o será testimonial) para España pese a incumplir sistemáticamente el déficit. Habrá un año más para llevar el agujero fiscal al 3% del PIB, según fuentes europeas. Hay otros países en situaciones similares —incumplimientos flagrantes—, por lo que la Comisión no se ensañará con Madrid, ante la acumulación de crisis que se ciernen sobre la UE y por la peculiar situación en España, con el Gobierno en funciones. Fin de las buenas noticias: en Bruselas no hay regalos a cambio de nada. La Comisión le sacará los colores a España, que tiene enormes probabilidades de subir un peldaño en el brazo correctivo del Pacto de Estabilidad, en el que figuran los países más incumplidores. Eso supone amenaza de sanción y estrechamiento de la vigilancia por el agujero fiscal, con informes periódicos y más tutela sobre la política económica.

Eso será en primavera. Antes, Bruselas planea enviar una carta al Gobierno español con “recomendaciones autónomas”. Esa misiva incluye una constatación de que Madrid tampoco cumplirá sus metas en 2016, sea cual sea el Gobierno, y una solicitud de ajustes para atajar esa brecha.

El retraso para formar Gobierno “eleva la incertidumbre”

“Los retrasos en la formación de un nuevo Gobierno podrían desacelerar la agenda de reformas y elevar la incertidumbre”, dice la versión final del informe España 2016, que la Comisión presenta mañana. Bruselas ha recortado y suavizado esa referencia: una versión anterior publicada por EL PAÍS subrayaba que “los riesgos políticos que emanan de las dificultades para formar Gobierno tras las elecciones de diciembre podrían desacelerar la agenda de reformas y acabar en una pérdida de confianza y en un deterioro del sentimiento de mercado”.
Bruselas se ahorra esta vez las referencias al mercado en esa saeta a la situación política, a la vista de que el deterioro se ha producido ya tanto en España como en otros países, pero por otras razones: las dificultades en China y el resto de emergentes, junto con otros riesgos económicos (Grecia, Portugal), financieros (dudas en la banca italiana, Deutsche Bank) y geopolíticos. Las turbulencias en los mercados aparecen entre los riesgos que pueden perjudicar la recuperación española, pero figuran también en otros informes.

No será el único país: la Comisión forcejea con Portugal para que apruebe más medidas y estudia mandar cartas a otros países, entre los que destaca Italia. Roma mantiene un agrio contencioso con Bruselas: considera que la política económica europea es “inadecuada” y reclama la máxima flexibilidad fiscal. España, con un déficit muy superior al italiano, considera que también es acreedor de mayor suavidad por parte del Ejecutivo comunitario.

Nada de eso será fácil. En la negociación se cruzan varios factores, desde la limitación que supone el Gobierno en funciones a la frágil recuperación europea y al efecto de la crisis de refugiados. Bruselas teme asimismo que la credibilidad de las reglas fiscales quede muy tocada si hay concesiones adicionales, como las que ya hubo con Francia y España no hace mucho. Los países del Sur comparten inestables situaciones políticas, una abultada deuda y una recuperación frágil: España es la excepción por su vigorosa economía, pero eso no es necesariamente positivo por el lado del déficit. Bruselas cree que con avances del PIB del 3% el incumplimiento fiscal solo es explicable por medidas electoralistas como la rebaja fiscal del PP o por la dificultad para controlar a las autonomías.

Madrid da por hecho que la Comisión pedirá un paquete de reformas en el que figuran la liberalización de servicios profesionales o una vuelta de tuerca a la reforma laboral, que choca con la tentación de anular la reforma de algunos partidos. Moncloa cree que en materia fiscal Bruselas no irá tan lejos como para exigir un ajuste de ocho décimas de PIB (la diferencia entre la previsión de déficit de 2016 y la meta fiscal, que equivale a 9.000 millones y socavaría la recuperación). Sí exigirá la aplicación efectiva de la ley de estabilidad presupuestaria a las comunidades. España cerró 2015 con un déficit del 4,5%, tres décimas más de lo previsto. El Estado y los Ayuntamientos presentan mejores datos de lo esperado; la Seguridad Social, peores, y el agujero en las comunidades es casi un punto de PIB mayor de lo previsto, básicamente por Cataluña y Comunidad Valenciana. Bruselas pide mano dura por ahí.

El vicepresidente Valdis Dombrovskis explicó este miércoles que España debe presentar su plan de reformas y de estabilidad en abril, “independientemente” de si hay Gobierno. Dombrovskis presentará mañana un informe en el que da cuenta de la vulnerabilidad de España por la abultada deuda, y por “desequilibrios excesivos” dentro del “brazo correctivo” del Pacto de Estabilidad. A pesar de las reformas, “los mayores desafíos son la mejora de la productividad y la consolidación fiscal”, según un borrador del documento.

“Un gesto”

Portugal es un indicador adelantado para España: aprobó por los pelos el examen del presupuesto, tras un ajuste de 1.000 millones. Para Lisboa habrá también nuevo aviso para que haga un segundo ajuste. “Como en Portugal, para España no va a haber regalos. Puede haber flexibilidad, pero a cambio de gestos”, explica una alta fuente europea. En pocas palabras: no se piden ajustes salvajes, pero tampoco se aceptan más incumplimientos, más excusas. En una situación similar, a Bélgica se le dio un año más, pero también se le estrechó la vigilancia: no hubo propuesta de sanciones porque antes de que fuera posible los belgas presentaron recortes. Bruselas espera lo mismo de España.

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