COLUMNA

¿Qué hacemos con la deuda autonómica?

El Gobierno violó la ley de financiación: es el responsable del FLA, unos 100.000 millones

Dijo ayer Mariano a Susanna Griso que los del pacto no se ocupan de preocupaciones como... la financiación autonómica. ¡Ahí va: si basta leer la página 56 del acuerdo PSOE-Ciudadanos para comprobar que eso no se tiene en pie!

La cosa tiene su aquel, porque por imperativo legal su reforma debió hacerla él en 2014: ahora tienen que comprometerla sus rivales centristas, de aquí a seis meses. Vulnerar la ley no es afición exclusiva del secesionismo.

Si hubiera cumplido la ley, las comunidades autónomas no deberían hoy al Estado los casi 100.000 millones del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y partidas parejas. No se habrían enganchado a la adicción de esa manguera, acabando en una autonomía financiera residual. Porque el FLA se ha convertido en un mal sustituto de la reforma que debía devolverlas a la suficiencia de ingresos.

No reformar a tiempo agrava problemas.

Algunos sangran por la herida. La presidenta andaluza, Susana Díaz, y el valenciano, Ximo Puig, reclamaron el domingo la condonación de los créditos del FLA. Seguían la senda abierta por su colega catalán, Miquel Iceta.

¿Receta sociata? ¡Si le gustaba al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro!: "Esta deuda ya se la está quedando el Estado, la estamos mutualizando, se está convirtiendo en deuda de todo el Estado", decía (La Vanguardia, 5/10/2014). Aunque al cabo trocó la idea de una quita en mera exención de intereses —ya cerca del cero en el BCE— de la deuda nueva.

Las tres comunidades citadas son precisamente las principales clientas del FLA. ¿Por qué? Seguramente porque los mediterráneos, los más dinámicos (junto a Madrid) fueron más elásticos a la burbuja del ladrillo, dependieron más de los ingresos derivados de la construcción... y menos de las compensaciones que se dieron en la reforma de 2009 a quienes obtenían menos por ella.

Sanear esa deuda es clave para soslayar la asfixia financiera de las autonomías, cuya deuda crece porque han desbordado el límite de los ajustes posibles, y porque algunas están muy mal financiadas. A favor de la condonación milita que sea una operación casi indolora (ya contabilizada) y que no crea agravios.

Pero sobre todo el hecho de que es el Estado quien les centrifugó el problema del déficit. La austeridad se ha pagado en gasto sanitario y educativo (de las autonomías) más que en gasto corriente del aparato (central). Aquellas afrontaron el 56% del ajuste fiscal 2010-2013, y el Gobierno solo el 12%; y en 2015, a las comunidades, que suponen un tercio del gasto, se les autorizó solo un sexto del déficit.

De modo que el Gobierno atesoró para sí el grueso del margen de déficit concedido por Bruselas. Y además acaparó el grueso del aumento de la recaudación impositiva. Al cabo, buena parte del FLA, si no todo, se lo debe a sí mismo, porque es culpa muy suya.

Pero pelear por quitas puede generar indeseadas mermas de credibilidad en los mercados y polémica en Bruselas. Quizá haya una mejor fórmula: sobrefinanciar en el futuro a los infrafinanciados del pasado. La que sea.

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