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El expresidente de Abengoa entrega su pasaporte en la Audiencia Nacional

La juez del ‘caso Abengoa’ prohibió al expresidente de la compañía Felipe Benjumea salir de España

El procurador del expresidente de Abengoa Felipe Benjumea ha entregado en representación de su cliente su pasaporte en la Audiencia Nacional, después de que la juez Carmen Lamela le ordenara este miércoles entregarlo, le prohibiera abandonar España y le impusiera comparecencias quincenales en el juzgado más cercano a su domicilio, según han informado fuentes jurídicas.

La representación del expresidente del Consejo de Administración de la multinacional de energías renovables ha cumplido con la medida cautelar que la magistrada impuso en un auto en el que consideraba que había indicios de que cobró, de forma irregular, 11,4 millones de euros como indemnización por su cese, a pesar de que seguía vinculado a la compañía con una retribución fija de más de un millón de euros anuales.

En el auto, Lamela desvelaba que Benjumea aseguró durante su declaración que su salida de la compañía de renovables fue consecuencia de la "exigencia impuesta por las entidades financieras que iban a asumir el compromiso de aseguramiento de un aumento de capital y especialmente el Banco Santander".

La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 fundamentó su decisión en el riesgo de fuga de Benjumea al que investiga por la presunta comisión de un delito de administración desleal en un procedimiento en el que también imputa al ex consejero delegado de Abengoa Manuel Sánchez Ortega otro delito de uso de información privilegiada.

Lamela recordaba que el delito de administración desleal está castigado con pena de privación de libertad de hasta seis años y que existen "indicios" de la participación de Benjumea en los hechos con los que se le relaciona. Según el auto, el cobro por su parte de 11,4 millones de euros tras su salida de Abengoa "no se corresponde con las condiciones pactadas con la compañía ni es acorde con el estado financiero y económico de ésta cuando se produjo su cese".

Así, explica que el 15 de septiembre de 2015, Benjumea fue cesado como presidente ejecutivo y presentó su renuncia como miembro del Consejo de Administración. Permaneció vinculado a la empresa como asesor, de forma que conservó la parte fija de su retribución que asciende a 1.086.000 euros anuales.

La juez Lamela impuso a ambos exdirectivos, el pasado mes de diciembre, sendas fianzas de 11,5 y 4,5 millones de euros. Para hacer frente a la caución, la magistrada ordenó el embargo de cinco turismos de marca Chrysler, Mercedes o BMW y diez fincas que constan a nombre de Benjumea, y prohibió a Sánchez Ortega disponer de un vehículo Jaguar, aunque a este último le levantó la caución días después de que presentara un aval bancario para cubrir su caución.

Además, ordenó el bloqueo de los saldos que constan en doce cuentas bancarias, incluyendo todos los productos bancarios, tales como fondos de inversión, planes de pensiones o imposiciones a plazo fijo, que pudiera tener contratados.

La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 admitió el pasado 18 de noviembre, con el informe favorable de la Fiscalía, la querella presentada por dos propietarios de bonos de Abengoa que atribuye a Benjumea y Sánchez Ortega delitos de administración desleal e imputan además a este último otro de uso de información privilegiada.

Querella de los bonistas

La querella, presentada por dos propietarios de bonos de la compañía Abengoa, que invirtieron 103.970 euros, denunció la "horrible" gestión de los dos directivos que, en su opinión, buscaban su "propio beneficio y lucro personal" al concederse indemnizaciones millonarias en lugar de "salvar a sus miles de inversores".

Los bonistas señalaron que Benjumea y Sánchez Ortega eran "conocedores de la auténtica realidad económica-financiera" de la empresa y que buscaron su enriquecimiento "en vez de utilizar dicha información para salvar a miles de inversores que se verán atrapados en la situación concursal de la entidad y, de paso, a todos los contribuyentes españoles que deberán acudir a su rescate".

Los querellantes iniciales han ido sumando adhesiones de afectados hasta alcanzar un número cercano a 70. Denunciaron que Benjumea se llevó una "exorbitante" indemnización por importe de 11.480.000 euros, poco antes de que la compañía solicitara en un juzgado mercantil de Sevilla el preconcurso oficial de acreedores.