El “mal ejemplo” de las 35 horas

La patronal Confebask se enfrenta al Gobierno de Urkullu por bajar la jornada a 70.000 funcionarios

En Euskadi, el sector privado y el público ya no se entienden a la hora de fijar los criterios de jornada de sus respectivos empleados. El Gobierno vasco ha devuelto a sus 70.000 funcionarios las 35 horas semanales que perdieron durante la crisis y, de paso, ha abierto una brecha con la patronal, Confebask, cuando el discurso oficial era de respeto a las reformas laborales que inició el Gobierno de Mariano Rajoy.

“No es un buen ejemplo para la sociedad”, sostiene Confebask en una nota que firma su presidente, Roberto Larrañaga, porque mientras a empresarios y trabajadores del sector privado “se les pide un esfuerzo añadido para, en las actuales condiciones de incertidumbre, garantizar y crear empleo”, a los funcionarios se les recorta jornada.

El Ejecutivo autónomo ha fijado la jornada laboral en 1.592 horas al año, 22 horas y media de presencia efectiva menos que en 2015, e incluye 22 días de vacaciones para el personal público y otras 45 horas (6 días) de permiso por asuntos particulares al año, cuando el decreto ley que entró en vigor en 2012 establecía el horario de 37, 5 horas semanales para todo el personal del sector público estatal. Además, está abierto a debatir sobre los días de antigüedad, los denominados canosos.

Los empresarios vascos temen que la puerta que abre el Gobierno autónomo sirva para que los sindicatos vuelvan a enarbolar esa bandera. “Es sorprendente”, critican, que el Ejecutivo de Gasteiz recupere una medida pactada hace 15 años y que ha sido ampliamente superada por las circunstancias de “una crisis brutal que exige nuevos retos y desafío, y que, desde nuestro punto de vista, en ningún caso pasan por trabajar menos horas”.

De hecho, la decisión del Gabinete de Iñigo Urkullu de implantar para 70.000 funcionarios vascos las 35 horas semanales está incendiando los canales sindicales en demanda de volver a reivindicar en el sector privado los mecanismos disponibles para repartir el empleo, y hacerlo en el marco de una negociación colectiva que en Euskadi lleva bloqueada más de un lustro.

Negociación colectiva bloqueada

El 18% de los asalariados vascos tienen sus convenios decaídos y el 46% pendiente de renovar. Solo el 36% tiene convenio en vigor. UGT, CC OO, ELA y LAB atisban que la medida del Gobierno puede cambiar la perspectiva con la que los empleados han atravesado la crisis: menos salario y más horario.

Si para los sindicatos la decisión es un éxito, para la patronal es un dispendio. Confebask critica que el coste anual de implantar las 35 horas, 8,7 millones de euros —sobre todo para pagar las sustituciones que se van a generar en el Servicio vasco de Salud, Osakidetza, y para completar las horas gratificadas del personal de la Ertzaintza—, va a detraer recursos de eventuales inversiones productivas.

El aumento del gasto público en esta materia coincide además con la caída de la recaudación tributaria, sobre todo en Bizkaia, y que va a obligar al Gobierno a hacer ajustes en sus cuentas para 2016. El impacto negativo que está teniendo en la recaudación de impuestos la caída del IVA del sector energético ha abierto un agujero en 164 millones en la recaudación prevista por la Diputación de Bizkaia. Las Diputaciones entregan al Gobierno vasco el 70% de lo que recaudan para financiar sus gastos.

La decisión del Ejecutivo de Urkullu se produce después de que a finales del pasado año las Cortes de Castilla-La Mancha aprobaran con el voto a favor del PSOE y Podemos, y la abstención del PP, la ley que devuelve la jornada de los empleados públicos a las 35 horas y anula la jubilación forzosa de este colectivo a los 65 años.