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El expresidente de CCM, la primera caja quebrada: “Yo era un animador sociocultural”

Juan Pedro Hernández Moltó afirma que su cargo no era ejecutivo y que el Banco de España nunca les advirtió del riesgo de intervención

El expresidente de Caja Castilla La Mancha (CCM) Juan Pedro Hernández Moltó (derecha) y a el exdirector general Ildefonso Ortega en la Audiencia. Nacional Fernando Alvarado EFE / ATLAS

Juan Pedro Hernández Moltó, expresidente de Caja Castilla La Mancha (CCM), intervenida el 29 de marzo de 2009, ha negado que hubiera falseado las cuentas de 2008, que se presentaron ante el Banco de España con un beneficio de 29 millones y tras la intervención, el supervisor las situó en 1.066 millones de pérdidas. Moltó dijo no ser un cargo ejecutivo y definió su labor "como la de animador sociocultural". Junto con Ildefonso Ortega, ex director general también acusado de delito societario, han sostenido que las cuentas eran "transparentes y provisionales" y que las enviaron al supervisor para que las analizara, no para que las publicara, como ocurrió. Han acusado al Banco de España de no advertirles de la inminente intervención de CCM dando a entender que buscó una fusión con Bancaja y con Unicaja y que, al frustrarse, tomó el control de la entidad.

Juan Pedro Hernández Moltó, que pidió su suspensión como militante del PSOE, a lo largo de sus más de tres horas de declaración, respondió a todas las preguntas del fiscal, que pide una pena de dos años y medio. Hizo lo mismo con las dos acusaciones, el Banco CCM (hoy propiedad de Liberbank, que lo compró con 1.740 millones de ayudas del Fondo de Garantía bancario), y la organización de consumidores, Adicae, como acusación particular. Estos dos últimos solicitan cinco años de prisión por falsedad en las cuentas y delito societario.

La caja, que fue la primera en caer y que marcó el comienzo de la larga crisis financiera en España, necesitó una línea de liquidez de 9.000 millones ante la fuga de depósitos que sufrió por el pánico de sus clientes. 

El exdiputado socialista Insistió en que era "una reina madre" de la caja, si bien, "haciendo uso del término taurino, no era un don Tancredo inmóvil; sabía lo que pasaba, pero como presidente no ejecutivo no tomaba decisiones". Con este argumento quiso quitarse toda responsabilidad en la confección de las cuentas de 2008 y de su posterior envío al Banco de España. Este hizo llegar las cuentas a la Confederación de Cajas (CECA), que las publicó con los supuestos beneficios.

"Me dedicaba exclusivamente a labores institucionales, a mantener la estabilidad y el equilibrio en los órganos de gobierno, nada más", aseguró Moltó. En un momento de la declaración, afirmó que "por ley, mi cargo no tenía ninguna competencia, pese a la gran trascendencia mediática que suponía porque era una persona conocida". En ese momento, el juez, José María Vázquez Honrubia, le interrumpió para aclararle que no tendría "competencia ejecutiva, pero sí responsabilidad", algo que aceptó Moltó.

Los inspectores mienten

El que fuera consejero de Economía de la Junta de Castilla-La Mancha dijo que "los inspectores del Banco de España mentían" si sostienen que le advirtieron de la posibilidad de intervención de la entidad. Llegó a afirmar que, a finales de 2008, no sabía que la caja estaba sometido a un control que hiciera pensar en la intervención "porque no me lo comunicó el Banco de España". Moltó aseguró que la primera comunicación que recibió del supervisor en los nueve años de mandato fue "las conclusiones del informe de una inspección de octubre de 2008".

Sin embargo, en otro momento, aseguró que "seis meses antes había un ejército de inspectores en CCM". El fiscal Luis Rodríguez Sol le preguntó por esta contradición, ya que sí sabía que había inspectores por lo mal que estaba CCM. Respondió que conocía su presencia pero no tuvo contacto con ellos y no le dio más importancia ya que era normal que los inspectores estuvieran en las cajas.

El que fuera secretario general del PSOE de Castilla-La Mancha desde 1990 a 1997 y diputado en el Congreso entre 1989 y 1999, usó en su defensa fue que siempre dijo al director general de que se cumpliera el escrito del supervisor del 21 de octubre de 2008. En el se exigía pasar 474 millones de créditos sanos a morosos, 536 millones a subestándar (en riesgo de morosidad) y otros 539 millones a "vigilancia especial".

"¿Con estas exigencias no llegó a la conclusión de que era imposible dar beneficios?", le preguntó el fiscal. Moltó habló de las enormes plusvalías que tenía en la Corporación CCM, donde estaban las empresas participadas, que eran suficientes para afrontar este problema. Sin embargo, el letrado de Banco CCM (Liberbank), Ángel Bernal, aclaró después que el supervisor también les dijo que "esas supuestas plusvalías eran ficticias porque la caja ya estaba casi quebrada".

Moltó atacó al PP, al que acusó de dinamitar CCM cuando exigió la dimisión de sus consejeros "y organizó una campaña desde 2007 en contra de la entidad, diciendo que estábamos quebrados, con lo que perdimos 3.000 milones en depósitos". También apuntó que el Banco de España, dirigido entonces por Miguel Fernández Ordóñez, no les concedió "los seis meses que legalmente existen para reponer el déficit de recursos propios. Con 20 días que tuvimos este problema, ordenó la intervención."

Negociaciones con Ibercaja y Unicaja

Tras el escrito de octubre, el expresidente dio a entender que el supervisor cortó la comunicación con los responsables de CCM porque inició, en paralelo, y sin avisarles, "negociaciones con Unicaja y otras entidades para una absorción de la caja". Ortega mencionó a Bancaja, como otro posible comprador. Según los acusados, al fracasar estos intentos (debido a que Ordóñez no aportó las ayudas que reclamaron ambas entidades), se intervino el domingo 29 de mayo, con la creencia de que ya no le quedaba dinero para atender las salidas de depósitos del próximo lunes.

Moltó negó tener ningún interés en ocultar las pérdidas. "Mi sueldo era de 150.000 euros brutos, sin ninguna dieta más por asistir a consejos. Es malo tener pérdidas, pero a muchas empresas le sucede, no es el final". La acusación de Banco CCM dio a entender que podrían intentar ocultar el estado real de la caja para evitar un mayor pánico y los problemas consiguientes, incluyendo su salida de la caja.

El interrogatorio de Ildefonso Ortega, que también respondió a todas las preguntas, se centró en por qué se aprobaron grandísimos préstamos a promotores inmobiliarios, como los concedidos a Luis Portillo, el exmáximo responsable de la Inmobiliaria Colonial. Estos préstamos se concedieron incluso cuando el analista de riesgos y el jefe de riesgos decían que las posibilidades de pago eran escasas o nulas.

Ortega explicó que por encima de estas dos personas está el director del comité general de riesgos y él mismo como primer ejecutivo. "Ellos podían ver una cosa y el comité otra. Al final se tomaban las decisiones colegiadamente. La caja tenía que ayudar a empresarios que estaban con problemas para evitar que cayeran en una situación peor". Sin embargo, no supo explicar por qué evitó que algunos informes negativos sobre grandes clientes llegaran a la comisión ejecutiva, que presidía Moltó. Tampoco aclaró por qué se ablandaron las condiciones y las exigencias de algunos constructores a los que se permitió la dación en pago para intentar que salieran adelante o por qué se prestó hasta cinco millones para comprar acciones de Colonial a Portillo sin pignorar esos títulos.

Sobre el envío de las cuentas de 2008, Ortega defendió el carácter provisional de la contabilidad remitida al Banco de España al tratarse de un "avance parcial y revisable" dirigido al departamento de balances. Dichas cuentas "no pueden ser públicas" porque "jamás, jamás, jamás" fueron ni formuladas ni aprobadas por la junta general de accionistas al no contar con datos suficientes para el balance, afirmó. "El Banco de España y la CECA debía saber que si no están entregadas a la CNMV como Hecho Relevante no pueden ser cuentas públicas". Sin embargo, los letrados de las acusaciones le recordaron que el documento se envía "como cuentas públicas, así lo pone en el epígrafe", apuntó el abogado de Adicae.

El ex director general dijo que su contacto con el supervisor era diario en noviembre y diciembre de 2008 y le preguntaba constantemente cómo tenían que cerrar el balance de aquel año, pero no recibía respuestas. "El Banco de España no contaba con el FROB, que se creó unos meses después de nuestra caída, ni era posible recibir las ayudas del BCE. Todo eso se organizó más tarde. El supervisor no tenía leyes para ayudarnos. Yo me podía haber jubilado antes de este lío, porque ya había cumplido los 60 años, pero me quedó para salvar la caja y a las 30.000 pymes de la región que dependían de nosotros. Castilla-La Mancha se convirtió en un erial tras nuestra caída y al final, CCM se murió de pena", concluyó Ortega.

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