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Las Haciendas y la UE ponen coto a la impunidad fiscal de las tecnológicas

Las multinacionales como Google o Apple se enfrentan a normas y sanciones más severas para evitar que sigan sin pagar apenas impuestos

La impunidad tributaria de las grandes firmas tecnológicas que eluden el pago de miles de millones de impuestos mediante ingeniería fiscal puede tener los días contados. El ataque les viene de todos los frentes, porque tanto las Haciendas nacionales como las instituciones internacionales (UE y OCDE) han decidido poner coto a estas prácticas. Bruselas ha anunciado la puesta en marcha de medidas drásticas para cortar de raíz estas artimañas que le cuestan 70.000 millones al año. Y países como Italia o Reino Unido actúan por sí mismos y acaban de imponer multas millonarias a Apple y Google. Frente a ellas, la Hacienda española apenas ha actuado y prefiere una solución concertada internacional a aplicar sanciones ejemplarizantes.

Apple presumió esta semana de un nuevo récord de ventas. Pero también pulveriza otra marca de la que no presume tanto: apenas paga impuestos. La creadora del iPhone como casi todas las grandes tecnológicas y firmas de Internet emplea a fondo la ingeniería fiscal para eludir el pago de tributos, en particular en Europa. Pero tanto los Estados como las instituciones están dispuestos a acabar con esas prácticas.

Bruselas va tomar cartas en el asunto y ha anunciado que aprobará una directiva que obligará a las multinacionales a pagar por los beneficios en los países donde se generen, y a informar de las ganancias y los impuestos pagados en cada país, una información que se compartirá por todos los Estados. También se hará un listado de países que rechacen jugar limpio.

“Esos 70.000 millones de euros se sacan de los hospitales, de las escuelas, de la seguridad y de muchas otras políticas. Los soportan los contribuyentes y las compañías europeas que sí contribuyen con su parte justa. El resultado es que las empresas locales sufren una carga fiscal un 30% superior a la de las multinacionales y esto ya no lo vamos a tolerar más”, ha señalado el comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici.

Escondites y triquiñuelas legales

Sociedades instrumentales.Las ventas que declaran las firmas tecnológicas en cada país no tiene nada que ver con su facturación real. Para ello, las filiales actúan como meros comisionistas de otra sociedad matriz r radicada en países con gravámenes menores como Irlanda u Holanda. La filial solo tributa pues por las comisiones mínimas que supuestamente recibe de su matriz, que se apunta el grueso de la facturación y paga a tipos mínimos.

Apple no vende casi nada en España oficialmente. El caso del fabricante del iPhone es paradigmático. En España, actúa mediante dos empresas: Apple Retail Spain y Apple Marketing. La primera gestiona la red de tiendas y la segunda el grueso de las ventas. Pero facturan solo una comisión del 1% de las ventas totales, que se apunta como suyas una sociedad instrumental radicada en Irlanda.

Evasión multimillonaria. Bruselas calcula que estas practicas les cuestan a los contribuyentes entre 50.000 y 70.000 millones de euros al año. En España, Hacienda nunca ha cifrado los menores ingresos tributarios pero, por ejemplo, Apple declara unas ventas al margen de su tienda de solo 19,8 millones, como una pyme.

Pero estas medidas deben ser aprobadas por el Consejo Europeo, que representa a los Gobiernos de los 28, y superar las reticencias de países como Holanda, Luxemburgo e Irlanda que, gracias a la laxitud de su fiscalidad, atraen a las sociedades instrumentales a través de las cuales las multinacionales evaden el pago de tributos.

Por eso, hay Estados que no están dispuestos a esperar a que la pesada máquina burocrática comunitaria se ponga en marcha y han decidido actuar por su cuenta. El más activo es el Gobierno italiano. La Hacienda de aquel país le ha reclamado esta semana a Google 227 millones de euros por impuestos atrasados de entre 2009 y 2013. No es la primera medida que toma. El pasado 30 de diciembre, la filial italiana de Apple llegó a un acuerdo con Hacienda para desembolsar 318 millones de euros por el impago del impuesto de sociedades de cinco ejercicios.

De la misma forma, Google ha llegado este mes a un pacto con la Hacienda británica por el que pagará 130 millones de libras esterlinas (172 millones de euros) en concepto de impuestos atrasados en Reino Unido entre 2005 y 2015.

Curiosamente los métodos empleados por Apple y Google en Italia y Reino Unido para eludir impuestos son idénticos a los que ambas firmas usan en España para tributar una cantidad ridícula en relación a sus beneficios reales. Pero la Agencia Tributaria española prefiere esperar a que se solvente la legislación comunitaria que a actuar directamente como Italia.

Los siete grandes grupos tecnológicos (Apple, Amazon, Twitter, Microsoft, Ebay, Google y Facebook) declararon unas pírricas ganancias en España de 48 millones de euros en el ejercicio fiscal de 2014, por los que pagaron impuestos de 18,3 millones de euros. En realidad, sus beneficios se elevan a miles de millones pero los trasladan a sociedades extranjeras actuando en España como meros comisionistas.

La pasividad de la Hacienda española ante esta racanería fiscal de las multinacionales se pone de manifiesto en que ni siquiera ha abierto una inspección a Apple o a Google. Solo en algún caso, ha impuesto alguna sanción, como el caso de Microsoft a la que le reclama 30 millones de euros. “El fraude y la evasión fiscal internacional requiere de una respuesta coordinada y multinacional”, señala un portavoz de Hacienda.

España opta por el consenso antes que por la sanción

La Agencia Tributaria prefiere confiar en una solución internacional, ya sea en la OCDE, G20 y UE, que en las medidas drásticas y mucho más efectivas que han tomado sus homólogas italiana o británica. De esta forma, el Gobierno prefiere suscribir proyectos trasnfronterizos a que actúe la inspección.

Así, España apoya el plan de acción BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) de la OCDE que trata de evitar la erosión de bases imponibles. De hecho, España ya ha anticipado en su normativa interna algunas recomendaciones.

Entre ellas, está las limitaciones a la deducción por gastos financieros en el impuesto sobre sociedades, por ejemplo, la que se refiere a la limitación de deducción de gastos financieros al 30% del beneficio operativo. También se incluyó en la reforma fiscal de 2015, la prohibición de deducir los gastos derivados de instrumentos financieros cuando el destinatario de los rendimientos en otro país no tributa por ellos (instrumentos híbridos).

Las multinacionales con una cifra de negocio superior a 750 millones de euros están obligadas a aportar información desagregada “país por país” de los impuestos que pagan en todos los países en donde están afincadas. Una medida incluida en el nuevo reglamento del impuesto sobre sociedades. Esta semana, precisamente, 31 países (incluido España) aprobaron el acuerdo multilateral, auspiciado por la OCDE, para intercambiar esa información desagregada.

España ha introducido además en la nueva Ley de Sociedades de Capital una modificación para regular la facultad indelegable de los consejos de administración para determinar la estrategia fiscal. Dicho de otro modo, los consejeros podrían ser corresponsables de cualquier actuación de evasión o fraude, sin poder alegar que desconocían la política de control de riesgos fiscales de la entidad.

En los últimos años, ha aumentado además la red de convenios bilaterales de intercambio de información tributaria, incluso con territorios considerados paraísos fiscales. Este es el caso, por ejemplo de las Islas de Man, Jersey y Guernesey. A su vez, pertenece al proyecto de la OCDE y del G20 para crear un sistema de intercambio de información tributaria a partir de 2017.