Selecciona Edición
Entra en EL PAÍS
Conéctate ¿No estás registrado? Crea tu cuenta Suscríbete

Brasil intenta reanimar la economía inyectando 18.600 millones de euros

El objetivo es claro: tratar de que Brasil eluda el agujero al que se aboca, ya que el FMI conjetura que en 2016 retrocederá 3,6% en el PIB

En un intento de reanimar la estrangulada economía brasileña, que atraviesa una de sus peores recesiones en 80 años, el ministro de Economía, Nelson Barbosa, ha anunciado el jueves una inyección de 83.000 millones de reales (18.641 millones de euros) para estimular el crédito. Tras un año de austeridad y de medidas restrictivas impulsadas por el antiguo ministro de Economía, Joaquim Levy, da la impresión de que la presidenta Dilma Rousseff —presionada por su partido, el PT y el mismo ex presidente Lula da Silva— da un relativo golpe de timón a la estrategia financiera. El objetivo es claro: tratar de que Brasil eluda el agujero al que se aboca. El Fondo Monetario Internacional prevé que en 2016 retrocederá el 3,6%, por encima del 3% registrado el año pasado.

El Gobienro pondrá en marcha una línea de crédito a intereses más bajos que los del mercado y que se centrará en tres sectores: las exportaciones, la agricultura y la ganadería y las infraestructuras. El ministro hizo el anuncio en un encuentro que reúne a empresarios, líderes de sindicatos y miembros destacados de la sociedad civil brasileña. La misma presidenta Rousseff, que asistió a esta reunión, se refirió a la situación económica y defendió la futura implantación de un impuesto que gravará las transacciones financieras.

En junio de 2015 —con Levy aún como ministro— el Gobierno lanzó su último estímulo económico: un Plan de Infraestructuras con 67.000 millones de dólares que se limitaba a señalar las principales obras que necesita Brasil apelando a la iniciativa privada a que las llevara a cabo. En este programa se preveía la construcción de autopistas, líneas férreas, puertos y aeropuertos.

Ahora, Barbosa, consciente de que la medida puede generar suspicacias en los mercados (hace semanas las agencias de calificación estadounidenses Standard & Poor's y Fitch rebajaron el bono brasileño al nivel de bono basura), aseguró que el Gobierno va a fijar un límite legal para el gasto público.

Rousseff se interna ahora en terreno peligroso: la semana que viene, después de las vacaciones del verano austral, el Congreso brasileño reanuda sus funciones. Y con ellas comienza a rodar el proceso de destitución parlamentaria (impeachment) que ya se puso en marcha en diciembre. Las consecuencias de este proceso son imprevisibles: bien puede acabar en nada en unas pocas semanas, bien puede acabar con el segundo mandato de Rousseff en dos meses. De cualquier forma, sólo las sesiones minarán aún más la credibilidad de la presidenta y su aceptación popular, que ya es muy baja (menos del 10% en las últimas encuestas). La incertidumbre política (con su consiguiente parálisis a la hora de adoptar medidas parlamentarias para neutralizar la crisis) es una de las razones, según los analistas políticos, de que la recesión no remita.

Con la inyección de este paquete de crédito Rousseff regresa, según muchos críticos, a las medidas económicas seguidas en su primer mandato, cuando a contrapelo de las directrices mundiales, Brasil optó por no implantar la austeridad económica (tal y como había hecho Lula durante sus ocho exitosos años anteriores). Pero nada más dar comienzo su segundo mandato, en enero de 2015, cuando ya la inflación comenzaba a subir (acabó el año en más del 10%) cambió de táctica y, aconsejada por Joaquim Levy, abrazó la restricción en el gasto.

Más información