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Agapito, el rey de la ‘lista negra’ de Hacienda

El ciudadano que más adeuda al fisco (26,8 millones) es un empresario arruinado

El origen de la pelota financiera es la venta de un negocio de construcción en 1989

El empresario Agapito García, la semana pasada, en Madrid.

Tiene 70 años, carece de estudios universitarios y dice que no puede pagar ni un café. Agapito García Sánchez es el gran moroso de España. Así lo cree la Agencia Tributaria (AEAT), que le sitúa a la cabeza de los 345 ciudadanos con deudas o sanciones de más de un millón de euros. El fisco reclama a este empresario con dos hijos 26,8 millones.

"Llevo casi un cuarto de siglo de pleitos con Hacienda. Conozco a varias generaciones de funcionarios", explica por primera vez mientras apura un café en un céntrico hotel madrileño. Su colaboradora, una antigua empleada de un banco de inversión, abona la cuenta.

Esta historia de expedientes e inspectores fiscales arranca en 1989. Fue ese año cuando García vendió sus cuatro firmas de hormigón y materiales de construcción. El grupo británico Steetley, que después se integró en el gigante cementero Holcim, compró su negocio. Le pagaron 22,7 millones de euros.

Hacienda rastreó la operación. Y atribuyó a Sánchez el uso de una sociedad para eludir impuestos. El fisco le reclamó 20 millones de euros en 1990. La cifra incluía el capital eludido y una sanción del 70%. Y, ante la negativa del empresario de abonar esta cantidad, activó su maquinaria jurídica.

Sánchez dice que no puede pagar ni un café y vive de prestado

La cruzada de tribunales culminó en 2012, cuando el Supremo falló a favor de Hacienda tras un reguero de sentencias que daban la razón al anónimo contribuyente. La multa inicial se transformó, tras casi un cuarto de siglo de intereses y recargos, en una enorme bola financiera. Agapito debía pagar 31,7 millones de euros. Nueve más de lo que percibió en 1989 por vender sus sociedades a la multinacional. A la factura había que sumar, además, dos millones de 18 años de exclusivos abogados. “La voracidad de Hacienda me ha devuelto a mis orígenes: la pobreza”, apunta para preguntarse después: “¿Qué justicia dura 25 años?”.

La ascensión y caída de este hombre se esboza en un espartano piso del distrito madrileño de Moncloa. Es la España de los 50. Los padres de García, naturales de Noblejas (Toledo), desembarcan en la capital. El rey de la lista negra de Hacienda entra con 14 años a trabajar en un banco de botones. Con 27 ya era apoderado. Y a los 30 crea su primera empresa. Se llamaba Edeconsa y se dedicaba a la explotación de áridos en el municipio madrileño de Aranjuez, según un documento que obra en poder de un juzgado.

Espantados por las cíclicas crisis del ladrillo y la sequía del crédito, sus socios abandonan el barco. La compañía crece en los 80 pilotada por este empresario de pelo cano y mirada escrutadora. El negocio suma esa década cerca de 90 empleados y 50 transportistas autónomos, según el citado documento.

El hombre hecho a sí mismo se muestra conservador en los negocios y decide desprenderse de su compañía. Cree que no puede competir con las incipientes multinacionales que aterrizan en el país al calor del ingreso de España en la UE. Y en 1989 vende su micro emporio del hormigón a una de ellas, la británica Steetley.

Bajo el radar de Hacienda

Con 22,7 millones de euros en el bolsillo —y ya bajo el radar de Hacienda—, comienza a invertir. Desembarca en la vicepresidencia de la entidad de custodia de valores Bancoval, donde llega a controlar la mitad de sus acciones. Aterriza también como accionista en Interdin, el corredor de bolsa de Banco Madrid, filial española de Banca Privada d'Andorra (BPA), que fue intervenida el pasado marzo por el Banco de España en el marco de una investigación por blanqueo de capitales del Tesoro de Estados Unidos.

El Supremo condenó al contribuyente por eludir impuestos

En el camino, coquetea con el negocio del vino. Entra en las firmas Hispanobodegas y Garcigrande. Y refugia sus ahorros en una SICAV, Inversiones Intermarkets SA. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) suspendió la actividad de esta última el pasado 25 de noviembre por "graves dificultades para su inspección". Agapito no aclara qué pasó. Es uno de los silencios que salpican su relato. EL PAÍS tiene un documento que ordena transferir el último saldo de su SICAV —10,7 millones, según García— a la Agencia Tributaria para reducir la deuda. Con el desembolso de las últimas semanas, el empresario tendría pendientes 16 millones frente a los 26,8 que le reclamaba el 23 de diciembre el departamento de Cristóbal Montoro. Su ritmo de pago hasta junio de 2014 fue de un millón trimestral.

Agapito García Sánchez coronó la cima. Empleó a 1.000 trabajadores. Hoy solo tiene a tres personas a su cargo y navega por la ruina. Todas sus propiedades están embargadas. Sus cuentas, congeladas. Su entorno subraya que ninguna de la treintena de sociedades donde ha aparecido es instrumental. Pero se incomoda cuando se le pregunta por este tema.

Su relación con el fisco se ha vuelto volcánica. Una funcionaria le llegó a decir "te hemos hecho famoso", asegura, después de que su nombre salpicara los informativos en la cúspide de la lista negra. Él, que es de modales exquisitos, respondió con otra invectiva.

Solo una vivienda de 56 metros en Pamplona gravada con una hipoteca de 226.440 euros figura a su nombre. El inmueble, defiende, no exprime las ventajas fiscales de Navarra. Insiste en que vive de prestado y viaja en metro. Y que quienes le acompañaron en los años de los encorbatados consejos de administración ya no le cogen el teléfono. Agapito presume ante sus íntimos de que como alpinista aficionado "escaló en el Everest". Ahora sufre la soledad del descenso.

 investigacion@elpais.es

Casi un cuarto de siglo de batalla en los tribunales

La Agencia Tributaria (AEAT) ha pleiteado contra Agapito García Sánchez durante un cuarto de siglo a cuenta de los 22,7 millones que el empresario percibió en 1989 por la venta de sus sociedades al grupo británico Steetley.

Según Hacienda, Sánchez recurrió para tributar menos a "una sociedad instrumental" (sin actividad). A través de una empresa —dice el fisco— el contribuyente pagó un 13 % de impuestos y no el 56 % como le habría correspondido por la aplicación del IRPF. "A través de sociedades inactivas instrumentales, vía simulación, don Agapito García Sánchez ha eludido la tributación por IRPF de los beneficios de Aribericos SA (sociedad instrumental)", sostenía la AEAT en sus informes.

Cuando Sánchez se negó a principios de los 90 a pagar 20 millones de euros a Hacienda (lo eludido por sus ingresos de 1989 más una sanción del 70 %), la Agencia Tributaria puso en marcha su artillería jurídica. El empresario siempre consideró que se ajustó a derecho.

La vía penal se agotó en 2002, cuando la Audiencia de Madrid absolvió al contribuyente de un delito fiscal por los cobros de 1989 por el que la Agencia Tributaria le reclamaba dos años de prisión y 19,7 millones. El tribunal desestimó los recursos de la Abogacía del Estado (que actuaba como defensa de la AEAT) y el Ministerio Fiscal.

El camino contencioso administrativo, sin embargo, resultó más fructífero para Hacienda. Pese a que la Audiencia Nacional sentenció en 2009 que "no cabía hablar de simulación" [uso de sociedad interpuesta] y recogió que Sánchez se ajustó a la ley, el Supremo falló en 2012 a favor de Hacienda. El resultado: la obligación a pagar los 31,7 millones que han convertido a Agapito García Sánchez en el moroso de España.

"Todos conocemos cómo se componen las salas del Supremo. Se llega por el poder político. En mi caso se produjo una falta de objetividad", concluye.

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