El Supremo rechaza indemnizar al sector de renovables por los recortes

El tribunal desestima los recursos de las empresas fotovoltaicas que recurrieron la reducción de primas aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero

A los productores españoles de electricidad a través de tecnologías renovables les siguen llegando malas noticias desde los tribunales. En este último caso, desde el Supremo, que este viernes ha anunciado el rechazo a que las empresas fotovoltaicas puedan ser indemnizadas por el recorte en las primas que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero acometió en 2010. 

El Tribunal Supremo ya había avalado la legalidad de aquel cambio normativo, que redujo las horas anuales con derecho a prima de las instalaciones fotovoltaicas durante 2011, 2012 y 2013. Aquel cambio supuso un recorte de 740 millones de euros anuales durante esos tres ejercicios.

Los productores emprendieron entonces la vía administrativa para reclamar el daño patrimonial que les supuso la pérdida de rentabilidad de sus instalaciones. Se presentaron ante el Ministerio de Industria 11.500 reclamaciones, que fueron desestimadas. Los productores se agruparon entonces para acudir al Tribunal Supremo. Se interpusieron 150 recursos. Ahora, el alto tribunal resuelve cinco de ellos y niega las indemnizaciones. Este pronunciamiento se le ha trasladado al resto de productores para que decidan si desisten, ya que el ya existe un "criterio fijado". 

Para desestimar las indemnizaciones, el Tribunal Supremo se ha basado en los informes elaborados por dos peritos, un ingeniero industrial y un economista. Según las sentencias, de los peritajes se concluye que "aunque a corto plazo (en los años 2011, 2012 y 2013) se aprecia efectivamente una merma de los ingresos, ninguna de las instalaciones tiene un descenso apreciable de su rentabilidad si se contempla en la totalidad del período". Además, los magistrados recuerdan que "en la práctica totalidad de las instalaciones, su rendimiento se sitúa en el entorno del 8% anual durante los treinta años contemplados". "Ninguna de las instalaciones tiene un descenso apreciable de su rentabilidad si se contempla en la totalidad de los 30 años del periodo", reitera el Supremo.

Juan Castro-Gil, abogado de Anpier (Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica), ha lamentado este viernes el pronunciamiento del Supremo. Desde su punto de vista, el problema reside en los peritajes realizados. "Es falso", sostiene sobre la conclusión a la que llegan sobre la rentabilidad del 8% de las instalaciones tras el recorte de 2010.  

Constitucional

Los productores de renovables también han emprendido una batalla judicial contra los recortes en las primas aprobados ya en la anterior legislatura, a partir de 2013. Sin embargo, tampoco están teniendo mucho éxito de momento. El Constitucional avaló hace unos días aquel recorte. Los productores están ahora en la fase administrativa, con las reclamaciones de indemnizaciones ante el Ministerio de Industria. También existe una vía abierta en el Supremo, pero en este caso se estudia la legalidad de los recortes y no el pago de compensaciones.

En el caso de los inversores extranjeros, el foco está en los instrumentos de arbitraje internacionales. España acumula 22 demandas solo ante el órgano de arbitraje del Banco Mundial, el Ciadi.