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La CNMC pide cambiar la orden de alquiler de coches con conductor

El organismo demandará a Fomento ante los tribunales si no la modifica en un mes

La Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC), en un requerimiento enviado al Consejo de Ministros, insta la anulación de varios artículos de la normativa que regula la actividad de las empresas de vehículos de alquiler con conductor (VTC) aprobada en noviembre de 2015. El regulador advierte de que si el Ministerio de Fomento no modifica el real decreto en un mes, lo impugnará ante los tribunales. La decisión beneficia a empresas como Uber y Cabify que acumulan vetos por parte de las Administraciones.

La CNMC está legitimada para impugnar los actos de las Administraciones públicas y las normas con rango inferior a la ley contrarios a los principios de regulación económica eficiente y competencia efectiva. En este caso, actuaría de acuerdo con el artículo 27 de la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado. El supervisor de la Competencia considera que la ley de los vehículos de alquiler con conductor transgrede dicha normativa, carece de justificación económica, obstaculiza la competencia efectiva en el transporte urbano de pasajeros en todo el territorio nacional y reduce el bienestar.

Levantar restricciones

Los cambios que exige se sustentan en que el real decreto permite que la Administración pública pueda denegar autorizaciones cuando, en su opinión, exista un desequilibrio entre la oferta de transporte público de viajeros en taxis y VTC, entendiendo que tal situación se da cuando exista más de una autorización por cada 30 licencias de taxis.

Por otra parte, establece la obligación de contratar previamente los servicios VTC, prohíbe que circulen con pasajeros sin un contrato de arrendamiento e impide que puedan ofrecer sus servicios circulando en las vías públicas en busca de clientes. Estas restricciones impiden que los VTC puedan competir con los taxis en varios ámbitos, en particular en el segmento de contratación directa en la calle.

También limita a la comunidad autónoma en la que esté domiciliada, con un límite máximo de servicios fuera de ese territorio, y establece un mínimo de siete vehículos, una antigüedad máxima de 10 años y otros requisitos "injustificados" de carácter técnico.

Ante eso, solicita levantar el límite de autorizaciones y suprimir la obligación de que tenga que contratarse previamente, la limitación geográfica y los requisitos técnicos y de antigüedad. En su opinión, estas limitaciones carecen de justificación y son contrarias a los principios de regulación económica eficiente.