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COLUMNA

Sacrificios que quedan por hacer

España ha incumplido el déficit los ocho últimos años y lo volverá a incumplir

La gran apuesta, la recomendada película (Paul Krugman) sobre la crisis financiera en EE UU que dio lugar a la Gran Recesión, muestra cómo la complejidad del lenguaje económico ayuda muchas veces a mantener amortiguados o en secreto los problemas más importantes. El hermetismo y las dificultades explicativas del propio filme son ejemplo de ello. Algo así está ocurriendo en España estos días, cuando los ruidos impiden que se fije entre los ciudadanos, voluntariamente o adrede, la idea de que lo que viene por delante va a requerir más sacrificios, más recortes, más sufrimientos, gobierne quien gobierne... si se pretenden respetar los compromisos europeos.

La situación es la siguiente: España ha incumplido durante los ocho últimos años el objetivo de déficit fijado por Bruselas, y lo va a volver a incumplir, casi con total seguridad, con los Presupuestos de 2016 presentados antes de las elecciones por el PP, que tendrán que ser rectificados por quien llegue a La Moncloa (incluso si fuese el propio Rajoy). Los analistas indican que la cifra que se habrá de recortar para llegar a un déficit público del 2,8% del PIB (lo aceptado), puede llegar a los 9.000 millones de euros. Para que nos hagamos idea, esa cantidad equivale a todo lo que España gasta en un año en infraestructuras (9.400 millones); o más de vez y media de lo que se gasta en Defensa (5.700 millones); o más de lo que invierte en seguridad ciudadana (7.900 millones); o un poco menos de la mitad de las ayudas a los parados en forma de seguro de desempleo (19.000 millones). El recorte, pues, es mayúsculo, no una anécdota.

Ello se complica si se tiene en cuenta que, después de tantos años de austeridad, la pulsión por el incremento del gasto social ha crecido en forma de promesas electorales. ¿Se va a subir el salario mínimo?, ¿se va a implantar una renta mínima, en cualquiera de sus fórmulas?, ¿va a mejorar la capacidad adquisitiva de los funcionarios para que recuperen el terreno perdido después de tanto tiempo de devaluación salarial?, ¿la sanidad, la educación, la dependencia? Y desde el punto de vista político, ¿se va a actualizar la financiación autonómica, tan amortizada? Todo ello, si no ocurre en nuestro país lo que en otros de nuestro alrededor: que haya que abrir las cuentas públicas a las exigencias de la llegada de los refugiados, y a la seguridad ante la latente amenaza terrorista. Recordemos que, en plena campaña preelectoral, Rajoy, cegado por las malas encuestas, bajó irresponsablemente los impuestos y ha prometido nuevas rebajas si vuelve al Gobierno. ¿Cómo?, ¿sólo con el crecimiento económico?

Habrá tensiones con Bruselas. Nada bueno para los ciudadanos, a los que se les han prometido muchas cosas que no se olvidan con facilidad. Quien gobierne, con la fórmula que sea y cuando sea, habrá de tocar a la puerta de la Comisión Europea y pedir árnica: mayor flexibilidad para cumplir los objetivos de déficit público. Probablemente el precio de un mayor plazo para el equilibrio presupuestario será otra vuelta de tuerca en las reformas en vigor o nuevas reformas. Aunque éste no sea estrictamente un problema español, y en su solución quizá ayudase que el Ejecutivo español pudiese alinearse ideológicamente con los de otros países del sur (Portugal, Grecia, Italia...), el hecho de que seamos muy reincidentes en los incumplimientos no ayuda. Lo han dicho en pocos días un comisario conservador (el letón Dombrovskis) y dos comisarios socialdemócratas (el francés Moscovici y el holandés Djiselbloem): el presupuesto español para el año en curso incumple las reglas, el nuevo Gobierno deberá presentar otros ajustes, no se negociarán los objetivos fiscales para dar más tiempo a Madrid. Que se diga.

Se avecina tormenta. La relación con Bruselas no será la misma con unos gobernantes que con otros.

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