El fiscal insta al Gobierno a endurecer el control sobre los motores trucados

La fiscalía especializada en Medio Ambiente insta al Ministerio de Industria a que adopte "con la mayor urgencia posible" cambios en los controles para detectar motores trucados. En concreto, solicita al departamento de José Manuel Soria que implante las "medidas necesarias" para que la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) "esté en condiciones de detectar, corregir y sancionar" irregularidades como la retirada de los filtros que retienen las partículas contaminantes de los coches diésel, los llamados FAP. La fiscalía ha investigado durante meses varios talleres de Madrid que suprimían estos filtros antipartículas.

Esta fiscalía especializada, que coordina Antonio Vercher, envió el jueves a Industria un oficio en el que resaltaba que, "a pesar de las irregularidades que presentaban tras haber sido modificados", los coches sin este filtro superaban la ITV. Por ello, el ministerio público entiende que es "imprescindible que desde la Dirección General de Industria se adopten con la mayor urgencia posible las medidas necesarias" para que la ITV pueda descubrir el trucaje.

La fiscalía resalta las "innegables consecuencias en materia medioambiental y de seguridad vial" que tiene eliminar el dispositivo, obligatorio en los diésel vendidos a partir de 2011 en la Unión Europea. "Sería de todo punto inadmisible", apunta el oficio, "que se tolerara mediante una actitud omisiva que tal inspección sea en la práctica en un mero formalismo".

Esta fiscalía ha estado investigando estas prácticas durante los últimos meses. Tras una denuncia ciudadana, se realizaron varias inspecciones en talleres de Madrid. El Cuerpo Nacional de Policía detuvo a los responsables de ocho negocios que ofertaban en Internet "la anulación" de los filtros. Luego, reprogramaban el "software" de los coches para "burlar los controles medioambientales de las ITV", según indica la fiscalía. La retirada de los filtros, según informó en octubre la policía, costaba entre 100 y 200 euros. Este tipo de dispositivo, ubicado en el tubo de escape y que retiene las partículas responsables de parte de la contaminación de las ciudades, tiene que sustituirse cuando se llena, una operación que cuesta unos 1.200 euros.

Tras el análisis de alrededor de 50 vehículos, la fiscalía especializada concluye que no se puede hablar de "un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente". Según el ministerio público, no se ha podido "cuantificar con los medios actuales el número de vehículos afectados". Sin embargo, sí considera que detrás de este caso podría haber un delito de "falsedad documental", por lo que se ha remitido el caso a la Fiscalía de Madrid, que sería la competente. Además, se apunta a "posibles responsabilidades administrativas" por parte de los titulares de los talleres y los propietarios de los coches, algo que compete aclarar al Ministerio de Industria, algo que también se señala en el oficio enviado el jueves.

La fiscalía resalta que tras la investigación de Madrid hay "indicios" de que esta práctica se puede "estar produciendo en el resto del territorio nacional". Por ello también exige a todas las Administraciones e instituciones "el máximo esfuerzo para erradicar y sancionar semejantes prácticas".