Selecciona Edición
Entra en EL PAÍS
Conéctate ¿No estás registrado? Crea tu cuenta Suscríbete
OPINIÓN

Hacienda somos todos

El argumento de la Abogacía del Estado en el 'caso Nóos' es antijurídico

Cristina de Borbón no habría cometido delito porque fue socia y no administradora de la sociedad de su marido; por no llegar a la cuantía mínima exigible para ello, por lo que fuese... salvo por el principal argumento usado por la abogada del Estado Dolores Ripoll para exculparla.

Alegó Ripoll que el eslogan Hacienda somos todos es de “ámbito publicitario y no aplicable a derecho”. Lean el agudo artículo de Jesús Mota de ayer en estas páginas. Encuadra cómo esa frase persigue echar del proceso a la acusación popular (cierto que en otros países no existe; pero aquí, sí), que es quien la acusa. Y ello, blandiendo la tesis de que la perjudicada es solo Hacienda y no los contribuyentes que la nutren. De ahí que solo el Estado deba intervenir en el proceso, y no cualquier otro acusador.

Proceso de Nóos aparte, lo que aquí interesa es que el argumento de Ripoll es antijurídico. Lo es porque el Supremo estableció que Hacienda es “un mero depositario de los tributos que se le ingresan” y que el defraudador atenta “al interés colectivo” de los ciudadanos (sentencia 1045/2007). De modo que un fraude es “un atentado contra los principios constitucionales” que exigen pagar impuestos, la “solidaridad tributaria” con la que dispensar servicios sociales (182/2014).

O sea que “Hacienda somos todos” no es simple publicidad —si se redujese a eso, sería demoledor para la conciencia fiscal— sino que traduce un principio exigible, “aplicable a derecho”.

Mientras Hacienda y la Abogacía del Estado se dedican en España a hundir la moral de los contribuyentes, minimizando la relevancia de pagar impuestos, desde otras sedes se hace lo contrario.

Mismamente, desde la Unión Europea. ¿Jalearán algún día los euroescépticos de postín el ultimátum del lunes de la Comisión a Bélgica? La conminó a que recuperase 700 millones de euros en impuestos eludidos por unas 35 multinacionales, en buena parte europeas. Ya lo hizo en octubre, con Holanda y Luxemburgo, por las fugas y pactos fiscales negros con los Gobiernos —tax rulings— de Fiat y Starbucks.

Este goteo de órdenes deriva del plan de acción BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) adoptado en 2013 por la OCDE para atacar la erosión de las bases imponibles de las multinacionales y el traslado de sus beneficios a los paraísos fiscales, que recibió el apoyo del G-20 de San Petersbugo.

Bruselas es uno de sus agentes más activos. Pero otros le pisan los talones, esta vez para bien: Londres. El secretario conservador del Tesoro, George Osborne, presentó antes de la última elección su “Diverted Profit Tax” contra los impuestos desviados por las grandes corporaciones. Se la llama “Google tax”, porque la Hacienda británica nunca lograba cobrar más que migajas por los beneficios de esa compañía generados en Reino Unido. Volaban a su sede en la vecina Irlanda, y de ahí, a los paraísos del Caribe.

El impuesto —cuyos resultados se conocerán al final de marzo, término del presupuesto— es del 25%, contra un tipo de Sociedades del 20%; se dirige a multinacionales que facturen más de 13 millones de euros; y busca recaudar 3.400 millones de euros en cinco años.

Algunos critican que la iniciativa sea en solitario. Y las afectadas, unas 300 corporaciones de EE UU agrupadas en el National Foreign Trade Council la critican ásperamente, alegan que les quita las ganas de invertir en Reino Unido: si pica, es que cura.

Nostalgia, hasta de Londres.