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Mario Alonso / Presidente de los auditores españoles

“El sector público en España está poco auditado”

Mario Alonso (Badajoz, 1960) es desde julio de 2013 el presidente del Instituto de Censores Jurados de Cuentas (ICJCE). Esta organización cuenta con 5.200 miembros y representa los intereses de los auditores españoles. Alonso tiene ante sí un desafío importante: presionar para que se reconduzca la nueva Ley de Auditoría, con la que el sector no está nada de acuerdo.

“Es una ley no consensuada y de muy difícil comprensión lo que generará problemas de seguridad jurídica”, advierte Alonso. El nuevo marco normativo para los auditores no entrará en vigor hasta el 17 de junio de 2016, aunque algunas diposiciones son efectivas desde el 1 de enero. “Nuestra esperanza es que el reglamento que desarrolle la ley reduzca esa inseguridad jurídica y los problemas técnicos que hay en ella”. El presidente del ICJCE, sin embargo, es consciente de que un Parlamento tan fragmentado como el que ha quedado tras las elecciones generales “complica” ese trabajo.

La Ley de Auditoría, que salió adelante solo con los votos del Partido Popular sin tener en cuenta las numerosas enmiendas que presentaron los partidos de la oposición, amplía el contenido del informe de auditoría para entidades que no son consideradas de interés público (básicamente, los grupos familiares no cotizados). En opinión del ICJCE, esta decisión “generará un notable sobrecoste” con respecto a la Unión Europea. “Es un criterio innecesario que va a causar muchos problemas tanto para los auditores como para los usuarios”.

Incompatibilidades

El texto aprobado por el Gobierno también incrementa y endurece el régimen de incompatibilidades para poder ser auditor de cuentas de una compañía. El sector considera que es un régimen de independencia “casi imposible de entender y de aplicar”. Y denuncia que supone una vuelta de tuerca más a la burocracia del sistema. “La diferencia entre el veneno y la medicina solo está en la dosis”, ironiza Alonso.

La ley también fija las funciones del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), dependiente de Economía, así como su funcionamiento. Desde la patronal de los auditores creen que es un contrasentido que en la composición de uno los principales órganos del ICAC, el Comité de Auditoría de Cuentas, no puedan estar aquellos auditores en ejercicio. “Se van a dar cuenta que es un error mayúsculo. No es lógico que se renuncie a esa pérdida de conocimiento en un comité consultivo”.

“El sistema de supervisión actual no es independiente del poder político”

La industria de las auditoras funciona bajo un modelo oligopolístico, sobre todo en lo que se refiere a la revisión de las cuentas de las grandes empresas. En España, por ejemplo, todos los informes de auditoría de las compañías del Ibex 35 en 2014 se los repartieron las denominadas big four: Deloitte, PwC, KPMG y EY. Además de esta falta de competencia, muchas compañías llevan dos o incluso más décadas trabajando con el con el mismo auditor, circunstancia que podría erosionar la independencia del censor de cuentas. Por este motivo, el legislador ha fijado un periodo contractual mínimo de tres años y máximo de diez.

“Un mecanismo para evitar la excesiva concentración no es tanto introducir una mayor rotación como facilitar los trabajos de coauditoría. Es un sistema que funciona muy bien en otros países y que en España su desarrollo es muy tímido”, según Alonso. “Además, si lo que se quiere es introducir mayor competencia, no tiene sentido el exceso normativo actual, ya que hace la vida más difícil a las pequeñas firmas de auditoría”, añade Alonso, que sabe bien de lo que habla puesto que preside Auren, una firma de tamaño medio que debe competir con las big four.

El trabajo del auditor en complejo ya que se trata de examinar a un cliente que te paga por ese servicio. La delgada línea roja que separa la ética profesional del conflicto de interés se estrecha todavía más cuando, como viene ocurriendo en los últimos años, los ingresos de los auditores por servicios ajenos al escrutinio de las cuentas (asesoramiento fiscal, consultoría y formación) son cada vez más importantes en la minuta total. En este sentido, la nueva ley dice que trabajos como los servicios de abogacía, el asesoramiento en procesos de control interno y auditoría interna, o labores de contabilidad o valoración, son incompatibles con el concepto de independencia. Además, si un solo cliente aporta durante tres ejercicios consecutivos el 15% de los ingresos totales de un auditor, éste deberá abstenerse de auditor sus cuentas al siguiente año. “Hay firmas de auditoría que, debido a este duro régimen de incompatibilidades, ya se están planteando que quizás les conviene más ofrecer servicios distintos a los de auditoría”, indica Alonso.

A pesar del proceso deflacionista abierto en la mayor parte de los sectores económicos como consecuencia de la crisis, la facturación de los auditores no ha parado de crecer en los últimos años. En 2014 las empresas del Ibex afrontaron gastos de auditoría y otros servicios por valor de 499 millones de euros. Desde 2008, la minuta de las big four a las grandes cotizadas españolas prácticamente se ha multiplicado por dos. “El precio por hora trabajada de un auditor en España está en torno a los 68 euros, muy inferior al de otros países europeos. Esto se debe a la total transparencia de los honorarios que permite hacer ofertas a la baja de los competidores”.

“El informe binario de los auditores debe superarse y ser más cualitativo”

Peticiones de futuro

El presidente del ICJCE subraya que los políticos deben tomar una decisión sobre las cuentas públicas. “El sector público representa el 45% del PIB español y mientras el sector privado está auditado razonablemente, las corporaciones públicas están claramente infrauditadas”. Alonso pone como ejemplo Andalucía, donde en 2013, últimos datos oficiales, solo el 19% de las corporaciones locales había rendido cuentas en plazo. “En Navarra funciona con éxito un modelo mixto donde los organismos públicos se apoyan en auditores privados. Eso les permite auditar anualmente todos los ayuntamientos de más de 9.000 habitantes”. Los auditores también piden que se modifique el actual modelo de supervisión ya que bajo el actual, el ICAC no es independiente del poder político. “El presidente de esta institución debe de ser nombrado por el Parlamento”.

En cuanto a por dónde debe ir la auditoría del futuro, Alonso cree que hay un exceso de información en las cuentas y poco conocimiento. “Hay que ir más a la esencia, para que nuestro trabajo aporte valor en la toma de decisiones”. También cree clave reforzar la información no financiera: riesgos, sostenibilidad, gobierno corporativo. “El informe binario de los auditores, donde o todo está bien o mal, debe superarse para ser más cualitatitivo y descriptivo”. Otro reto es subirse al carro de las nuevas tecnologías. “Los auditores nos hemos basado en muestras. Ahora el Big Data nos permite analizar el 100% de las transacciones”. Asimismo, clama contra el exceso de regulación: “Los pilares de la auditoría no están en las normas, sino en la independencia, la ética profesional y la formación”.

Cada año estalla alguna mina —Abengoa es el último caso—, pero Alonso defiende el valor de su profesión: “Los auditores tienen mucho futuro en un mundo donde la economía se hace más compleja y los negocios más sofisticados”.