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Opinión
Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos

Lo que dijo y lo que hizo

Dos reformas clave, la financiera y la laboral, se aprobaron a través de sendos decretos

Joaquín Estefanía

Una de las ideas fuerza de esta campaña electoral la ha desarrollado Podemos en su peculiar confrontación con el PSOE por el voto de izquierda: hay una gran distancia entre lo que dicen los socialistas cuando están en la oposición y lo que hacen cuando son gobierno. Pero esta no es la cuestión principal porque en la legislatura que ha terminado ha gobernado el PP, no los socialistas. El asunto es analizar las diferencias entre el programa electoral con el que Rajoy ganó las elecciones en 2011 y la práctica política que su Gobierno ha asumido.

“Afrontar un nuevo embate de la crisis con el 22% de paro no es lo mismo que hacerlo con el 10%. Ni es lo mismo hacerlo en un país cuyas instituciones funcionan correctamente que hacerlo en uno cuyas instituciones han sido objeto de una grave erosión. [...] La corrupción es una seria patología de la democracia. La lucha decidida contra la corrupción será un esfuerzo prioritario con un claro reflejo legislativo e institucional. La ejemplaridad y la transparencia deben presidir la actuación de quienes asumen responsabilidades públicas, en una doble dimensión, personal e institucional”. Estas líneas no pertenecen a los programas electorales de ninguno de los partidos de la oposición, que echan en cara al PP que apenas haya reducido el paro o que Gürtel, Bárcenas, Púnica, etcétera sigan coleando indefinidamente en la vida pública, sino que son parte del programa Súmate al cambio con el que la derecha llegó a La Moncloa, echando en cara a los socialistas su inacción.

Es muy sugerente releer hoy ese programa, para comparar las leguas que hay entre lo dicho y lo hecho, y entre aquel aparente espíritu de regeneración democrática y la lastimera situación en la que hoy quedan tantas instituciones. Y para determinar si es cierto, como dice la propaganda del PP, que se ha adoptado más del 90% de unas medidas que aparecían redactadas de manera muy indeterminada, de modo pretendido, para que no fuese fácil echar en cara su incumplimiento.

La distancia entre la teoría y la práctica es enorme, de manera que si aquel programa fuese un contrato del partido con sus electores, estos podrían demandarlo. Lo peor no es lo ocurrido en materia económica, por ejemplo con las negativas a la subida de impuestos o al abaratamiento del despido (el pretexto, bastante inverosímil, es que el PP no sabía exactamente cuál era la situación que se encontraban); lo peor es el abandono de cualquier línea de regeneración democrática.

El PP se comprometía a “recuperar la fortaleza y el crédito de sus instituciones”, ya que estas, con el PSOE, se habían alejado de las prioridades de los ciudadanos, habían perdido crédito por su utilización partidista y se habían debilitado por la ruptura de los acuerdos básicos que las sustentaban. El cénit de esta anomia democrática estaba en el Parlamento y la derecha se comprometía a hacerlo eje de la vida política y de la deliberación democrática, y a mejorar los procedimientos de debate y de dialogo propios de una democracia representativa.

¿Cómo es posible, con esta tesis, que durante los cuatro años se haya gobernado tanto a golpe de decreto, y que sea a través de esta figura como se hayan aprobado, por poner otro ejemplo, dos reformas tan decisivas como la financiera (el rescate a los bancos) y la laboral (abaratamiento del despido, devaluación salarial y, sobre todo, ruptura de la correlación de fuerzas en el seno de la empresa)?En buena parte, los partidos de oposición podrían haber hecho suyo hoy el programa del PP de 2011. Sin cambiar una coma.

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