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Bruselas critica la política inversora de España en el AVE y las autopistas

La Comisión carga contra el modelo de concesiones por el riesgo de pérdidas para el Estado

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. EFE

Demoledora crítica a España por la política de infraestructuras. La Comisión Europea carga contra el modelo de concesiones de autopistas, que lleva al Estado a asumir el grueso de las pérdidas si las cosas salen mal. Y reprocha además el exceso inversor en trenes de alta velocidad, dentro del examen del rescate español que se hará público esta semana: “Hay riesgo de que las nuevas líneas [de AVE] no generen suficientes ingresos” y de seguir construyendo autopistas “en áreas de poco tráfico”. También pide cambios regulatorios para corregir “deficiencias” en los planes estratégicos de infraestructuras.

España pidió a mediados de 2012 un rescate financiero: un préstamo en condiciones ventajosas por importe de casi 40.000 millones para ayudar a la banca. Ese programa se cerró con éxito, pero la economía española se verá sometida a evaluaciones periódicas mientras no pague el grueso de ese crédito a sus socios en la eurozona. El informe, que se presentará esta semana, es positivo en líneas generales: Bruselas entiende que la economía se recupera, la banca mejora y el riesgo de impago al Mede (el mecanismo de rescate) es “muy bajo”.

Y, sin embargo, “siguen ahí desafíos significativos”. Bruselas quiere más reformas (en el mercado laboral, por ejemplo), desconfía del cumplimiento de los objetivos fiscales (reclama más ajustes) y ve riesgos en la banca (por la morosidad y la crisis en países emergentes), a pesar de la franca mejoría del sector. Además, castiga al Gobierno en otros asuntos: en especial, acusa a España de no haber resuelto disfunciones en la política de infraestructuras.

Bruselas considera que España ha introducido algunos mecanismos para mejorar la planificación estratégica de las redes de transporte, pero pide más. Madrid “ha dado prioridad a la cohesión geográfica respecto a la mejora de la eficiencia”, reza el texto, que pone como ejemplos más destacados de esos problemas los excesos inversores en trenes de alta velocidad y las autopistas de peaje “en áreas de poco tráfico”.

“La política de inversiones se ha centrado más en la ampliación de las infraestructuras que en su mantenimiento”, y “ha favorecido una extensa red de transporte de pasajeros” en detrimento de las redes para mejorar el transporte de mercancías y las conexiones con los mercados de exportación, en un análisis que coincide, a grandes rasgos, con el de los expertos españoles del sector.

Pérdidas socializadas

Los problemas son evidentes en relación al AVE y las concesionarias de autopistas. Bruselas censura los escasos avances en la normativa que aborda el modelo de concesiones. Pese a que España es uno de los mayores mercados de Europa, “el modelo muestra deficiencias en lo relativo a las autopistas de peaje. Estado y concesionarias se reparten el riesgo asimétricamente y esa es una de las principales debilidades”. En román paladino: el Ejecutivo comunitario acusa a España de seguir con un modelo en el que las grandes empresas han conseguido privatizar los beneficios y socializar las pérdidas, a pesar de ciertos retoques positivos en la regulación.

El Gobierno de Rajoy puso en marcha un consejo asesor de infraestructuras —en febrero de 2014— y una oficina de evaluación de proyectos —en julio de este año—, pero ambos organismos emiten únicamente dictámenes no vinculantes. En el caso del AVE, pese a esas opiniones supuestamente independientes “no está claro si la nueva legislación impedirá sobreinversiones” en la red de alta velocidad. “Hay riesgos significativos de que las nuevas líneas no generen suficientes ingresos para cubrir los costes”, pese a que los planes se han adaptado a una reducción en las previsiones de tráfico, se ha sustituido el AVE por proyectos de velocidad alta y se ha reducido el montante de la inversión.

El rescate fallido de las carreteras

Octubre 2014. El Gobierno presenta la propuesta para rescatar a las autopistas de peaje en quiebra. Incluye una quita del 50% sobre la deuda de 3.600 millones de euros,

Febrero 2015. Dos juzgados mercantiles de Madrid rechazan el plan de rescate de Fomento y abren la fase de liquidación (AP-36) o concurso (R-3 y R-5) de las autopistas. En octubre, otro juzgado rechaza el rescate de la autopista al aeropuerto de Barajas.

Octubre 2015. Fomento recurre ante la Audiencia Provincial las sentencias, pero asume que el plan de rescate lo deberá ejecutar el Gobierno que salga de las urnas.

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