Cuidado con los programas fiscales

Los programas electorales para las próximas elecciones ofrecen una obsesión casi enfermiza por la fiscalidad. Desde diferentes perspectivas, desde luego, pero siempre con escasa concreción (disculpable en el caso de partidos que carecen de información de primera mano sobre los tributos, pero no en otros). En la orilla del PP y Ciudadanos, todo son promesas de rebajas impositivas; rebajas que, conviene matizar, suelen sustanciarse en reducciones del Impuesto sobre la Renta y poco más. El PP tiende a bajar el IRPF y a subir las tasas e impuestos indirectos; el balance final implica una disminución notable de los impuestos progresivos mientras que aumentan los más regresivos (los indirectos). El análisis de la fiscalidad española desde 1996 ha sufrido de un defecto óptico curioso: la rebaja del IRPF se ha confundido con una rebaja fiscal, cuando lo más cierto es que lo que de verdad se ha reducido es la imposición directa.

Pero la lógica económica (que no es siempre la política) impone una pregunta elemental: ¿Por qué hay que bajar los impuestos? La respuesta política es sencilla: porque es una promesa que atrae el voto. Pero el caso es que en términos de racionalidad económica del Estado (y de la sociedad en su conjunto) la respuesta también es sencilla: por ninguna razón, ya que lo más adecuado en términos de sostenibilidad financiera del Estado y de atención a los problemas sociales inmediatos sería justamente lo contrario. En sus mejores tiempos (prosperidad inmobiliaria), España tenía una presión fiscal (ingresos públicos sobre el PIB) del 38%, frente a una media en la eurozona de más del 46%. Ahora la distancia probablemente sea mayor porque la presión fiscal española está en torno al 33%.

En términos políticos, los programas electorales que prometen bajar impuestos nunca explican los dos términos de la ecuación. Se prenden la medalla política de abaratar el coste fiscal (el directo; el indirecto sueles ser personalmente más indoloro) pero no informan de las consecuencias de dicho acto. Consecuencias que van desde una dificultad creciente para estabilizar el déficit _casi todo hay que hacerlo mediante recortes del gasto que afectan a la protección social o a la educación o a la seguridad_ hasta la renuncia pública a garantizar un nivel mínimo de subsistencia de la mayoría de los ciudadanos. Los Estados con baja presión fiscal disponen (en general) de menos recursos para convencer a los mercados de que pueden afrontar las convulsiones de deuda y carecen de recursos para compensar las pérdidas masivas y circunstanciales de renta.

Las propuestas fiscales de los partidos, estrellas rutilantes de sus programas electorales, no pueden ser enunciados ciegos, carentes de propósito. Si un partido propone rebajar impuestos debe exponer al mismo tiempo un cálculo realista de cómo afectará esa rebaja a los servicios esenciales de la comunidad. Realista significa en este caso contar la recaudación que hay y proponer evoluciones coherentes con los fundamentales económicos; no hay que contar con la recaudación que probablemente habrá si acaso se produce una reacción favorable a las decisiones políticas. No es intelectualmente honrado suponer que cuando se rebajen los impuestos habrá ipso facto un aumento de los ingresos (fiscalidad vudú); o que con tasas de crecimiento económico sostenido se resuelven todos los problemas de estructura fiscal y sostenimiento del Estado.

Por estas razones, es más coherente entender los programas fiscales de los partidos como un examen sobre el perímetro de gasto social que están dispuestos a financiar en el caso de que gobiernen. Y se puede adelantar un resultado: cualquier gobierno que aspire a mantener el nivel de protección social previo a la crisis y, al mismo tiempo, un compromiso de reducción del déficit, tendrá que subir los impuestos.