Uber cambia de estrategia en España y tiende la mano a las administraciones

Uber da un giro radical a su estrategia en España. Los reveses judiciales cosechados en los últimos meses han forzado al gigante del transporte alternativo a replantearse su modelo. En un documento, al que ha tenido acceso EL PAÍS, la compañía reconoce que cometió "errores" durante su aterrizaje en España, garantiza que cooperará con el fisco y, sobre todo, se compromete a "colaborar" desde este momento con las autoridades. A cambio, la empresa pide que se "flexibilice" la normativa de licencias de vehículos de transporte con conductor (VTC).

Uber interrumpió indefinidamente su servicio en España el 31 de diciembre del año pasado, después de que un juzgado de Madrid ordenase el cese cautelar de su actividad y decretase su prohibición a escala nacional tras una demanda de la Asociación Madrileña del Taxi. En marzo, la compañía denunció al Estado español ante Bruselas y el caso está ahora en manos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que deberá determinar en los próximos meses si la prohibición impuesta se ajusta a la legislación comunitaria.

Acabe como acabe el caso en los tribunales, Uber dará "un paso atrás para luego dar varios adelante", según el director general de la empresa en España, Carles Lloret, en conversación con EL PAÍS. A medio plazo centrará todos sus esfuerzos en UberX —un servicio en el que los conductores tienen dedicación casi absoluta y que funciona en 24 de los 28 países de la UE—, en detrimento de UberPop —en el que un particular presta el servicio para otro particular— y se focalizará en Madrid, dejando a un lado "de momento" Barcelona. "Estamos convencidos de que el cambio regulatorio se va a dar antes o después y de que acabaremos pudiendo prestar el servicio de UberPop, pero de momento nos centraremos en el servicio con conductor profesional", explica.

La compañía cree posible "la adaptación a España de otros modelos normativos que funcionan bien en otros países europeos". "España es, junto con Italia, uno de los países más restrictivos de Europa. Las diferencias con el resto son abismales", explica Lloret. "Y el caso español es especialmente paradójico porque es uno de los líderes en penetración de los teléfonos inteligentes". La firma, participada por Google desde 2013, constata que la regulación de transporte vigente "impide" el aprovechamiento de los servicios de transporte compartido y subraya que en los últimos dos años, 70 estados y ciudades estadounidenses, México D.F. y Filipinas" han aprobado nuevas legislaciones de carsharing [servicios de transporte compartidos, en inglés].

En la actualidad, España permite una única licencia de VTC por cada 30 de taxi y exige que cada operador de estos vehículos tenga una flota mínima de siete coches. "No lo vemos lógico y por eso pedimos que se cambie hacia un marco más flexible".

Pese a la petición, el cambio de tono de Uber es evidente. "Sin duda hemos cometido errores en España", se lee en el documento. "Sin embargo, de ahora en adelante nos comprometemos a trabajar mano a mano a los reguladores para ampliar las alternativas de transporte de los ciudadanos y favorecer nuevas oportunidades de negocio".

Más allá de tender la mano a las administraciones, la empresa se compromete expresamente a abrir a la Hacienda Pública las bases de datos en las que registran los ingresos de los conductores, tal y como ya hace en otros países de la UE como Estonia o Lituania. "No podemos tributar por nuestro conductores, pero sí dar toda la información al fisco". De esta forma, la Agencia Tributaria podría cotejar las declaraciones de los conductores de Uber, autónomos, con sus ingresos reales. "Se nos ha atacado por tres frentes: diciendo que no operamos con licencia, que nuestro servicio no es seguro y que fomentamos la economía sumergida. Queremos cambiar esta percepción con hechos", zanja un portavoz de la empresa basada en San Francisco.

El de Uber no es el único caso de empresa de transporte alternativo que ha acabado en los tribunales españoles. El futuro de Cabify —una firma de alquiler de chóferes con vehículo que sigue un modelo similar al UberX que la firma quiere implantar en España— también se dilucida en los tribunales tras una denuncia de la Federación de Profesionales del Taxi, la misma que se querelló contra la propia Uber, que le acusa de competencia desleal.

En este momento, la Comisión Europea —tradicionalmente mucho menos agresiva con las nuevas plataformas de economía colaborativa que las capitales— busca una nueva regulación común para el sector, abanderado por Uber y AirBnb. "Estas compañías tienen que ser justas y pagar impuestos (...). Lo que hay que buscar son normas comunes", afirmó a finales de octubre la comisaria de Mercado Interior e Industria, Elzbieta Bienkowska, en la presentación de la nueva estrategia comunitaria en esta materia. "La no regulación de profesiones dañará el crecimiento".