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Bruselas da 10 días a Volkswagen para aclarar las emisiones de CO2

Arias-Cañete envía una carta a la compañía pidiendo aclaraciones sobre las emisiones

Bruselas endurece el tono con Volkswagen. La Comisión Europea ha dado este martes un ultimátum al gigante alemán, cada vez más enfangado en un escándalo por las emisiones de óxido de nitrógeno —que afectan a 11 millones de vehículos— y ahora de dióxido de carbono, que suman casi un millón de coches más. El comisario Miguel Arias Cañete reclama a la cúpula de Volkswagen que aclare antes de 10 días las “irregularidades” con relación al CO2 que emiten sus autos. Bruselas no descarta abrir un procedimiento de infracción, que se sumaría a la multitud de litigios a los que se enfrentará el grupo en EE UU y Europa.

La misiva de Arias Cañete, a la que ha tenido acceso este diario, reclama directamente al nuevo consejero delegado de Volkswagen, Matthias Müller, varias dosis de información adicional sobre las verdaderas dimensiones de las emisiones de dióxido de carbono de sus vehículos. 800.000 Volkswagen contaminan —y gastan— más de lo que parecía. Así lo ha reconocido la propia empresa en unas revelaciones lo suficientemente vagas como para que haya muchas más preguntas que respuestas al respecto. Bruselas quiere saber qué modelos están afectados. Cuántas emisiones de CO2 se infraestimaron. “En qué número de vehículos sucedió eso en 2012, 2013 y 2014”, según la carta. Y cuándo prevé la compañía tener listas las nuevas certificaciones, en vista de que sus vehículos tienen que volver a ser evaluados por las autoridades nacionales, cuya connivencia con Volkswagen es un secreto a voces al menos en Alemania.

El escándalo va a más y Bruselas quiere eliminar incertidumbres y, de paso, corregir el papel sospechosamente complaciente que ha mantenido en los dos últimos meses en un caso peliagudo, que afecta a la compañía de bandera (Volkswagen) del sector más distintivo (la industria automotriz) del líder incontestable de Europa (Alemania). El grupo ha reservado 2.000 millones por el “riesgo económico” asociado, que se suman a los 6.700 millones apartados para afrontar el trucaje de los controles de dióxido de nitrógeno. Pero la factura puede ir mucho más lejos: en el caso del CO2 depende de los niveles de emisiones por encima del límite.

La Comisión, además, quiere tener los nuevos datos de inmediato, en apenas semana y media, para determinar si el grupo sobrepasa finalmente los niveles fijados y en ese caso abrir un procedimiento que caería como una losa sobre la maltrecha reputación de la marca. “Estamos lejos del procedimiento de infracción”, explicaron con cautela fuentes comunitarias. “Pero no cabe descartarlo si el grupo sobrepasa los límites permitidos con la información que debe aportar en 10 días”, admitieron las mismas fuentes.

El otoño está siendo nefasto para el fabricante de Wolfsburgo. En septiembre, admitió que 11 millones de sus vehículos diésel estaban trucados para sobrepasar los límites de emisión de óxido de nitrógeno. Y hace una semana, confesó que 800.000 vehículos —equipados como motores diésel y en casi 100.000 casos también gasolina— escupen a la atmósfera más dióxido de carbono del que se publicitaba. Pero si el otoño ha sido horrible, el invierno puede ser peor: EE UU tiene al grupo alemán en el punto de mira, y las autoridades europeas —incluso las alemanas— han dejado de mirar hacia otro lado.

Se acerca una oleada de litigios, tanto de particulares como previsiblemente por parte de algunos países, que querrán recuperar las ayudas otorgadas por una supuesta eficiencia energética que ahora está en duda. Bruselas pidió hace unos días a los socios información. Ahora, acude directamente a la empresa. El grupo ha sufrido un severo castigo en Bolsa. Las estimaciones de lo que le puede costar ese escándalo son mareantes: 30.000 millones según BNP Paribas; más de 50.000 millones, según otras fuentes. Las ventas no han sufrido aún directamente los efectos secundarios de ese fraude. Pero quedan por conocer aún suculentos detalles, como qué nivel de conocimiento tenían tanto las autoridades alemanas como las europeas al respecto.

En Alemania ha aparecido un neologismo, merkelear: postergar la toma de las decisiones más importantes. Está por ver qué hacen Berlín y las autoridades alemanas —el land de Baja Sajonia conserva una mayoría de bloqueo en el capital, y la cancillería trata de proteger a una emrpesa que da empleo a 600.000 personas— si el grupo necesita ayudas directas. Pero va quedando claro que Bruselas ya no puede mirar hacia otro lado: no puede seguir merkeleando ante la escalada de revelaciones que se suceden.

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