Los empresarios gallegos se sublevan contra su presidente

Las angustias financieras de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) han desatado una rebelión contra su presidente, el vigués José Manuel Fernández Alvariño, patriarca de un grupo familiar dedicado a sectores tan dispares como la venta de coches, la informática o la energía fotovoltaica. El frente crítico, encabezado por los presidentes de las patronales de A Coruña, Lugo y Ourense y parte de los industriales de Pontevedra, así como por la mayoría de las asociaciones sectoriales, ha recabado apoyos suficientes para forzar una asamblea a finales de noviembre en la que poder destronarlo. Acusan a Alvariño de comprometer la viabilidad económica de la patronal externalizando “innecesariamente” servicios que, en algunos casos, se ha adjudicado a sus propias compañías. “Los contratos fueron aprobados por el Comité Ejecutivo y la Junta Directiva de la CEG y nunca oculté que eran mis empresas. Parece que este país no aguanta la claridad, parece que hay que hacer siempre trampas”, se queja el máximo representante de los empresarios gallegos.

Alvariño, que en los últimos meses ha sido acusado incluso de un “pucherazo electoral” en connivencia con el Partido Popular para entregarle el mando de la confederación empresarial de Pontevedra a un dirigente afín, esgrime que las adjudicaciones a sus firmas (dos seguros a Riescontrol Correduría de Seguros y el servicio de coche oficial y chófer a Auto Rent) son de poca cuantía y que las hizo por el bien de la organización, para abaratar costes. “Con uno de los seguros gané 800 euros y con el otro, 100. ¡El gran negocio de Alvariño!”, ironiza el jefe de la patronal gallega, quien dice haber “dado orden” de que no se contrate más con sus empresas y lamenta la “imagen deplorable” que de la entidad está dando el conflicto.

“La situación económica de la CEG es bastante complicada, no tiene fondos para subsistir durante muchos meses y, sin embargo, Alvariño sigue gastando en contratas o externalizaciones que pueden ser recortadas”, censura José Manuel Pérez Canal, presidente de la Confederación Empresarial de Ourense, quien empezó apoyando al máximo representante de la patronal en Galicia pero que ahora exige su dimisión ante una organización “paralizada en la toma de decisiones”. En su opinión, las asesorías fiscales, los servicios informáticos y la comunicación son tareas que han sido contratadas con compañías externas cuando la plantilla de la CEG podría asumirlas “perfectamente”. Según relatan los críticos con la presidencia, un estudio de la Comisión de Economía dictaminó que esos contratos están “aparentemente por encima de los precios de mercado”.

Alvariño tomó las riendas de la confederación empresarial gallega en julio de 2013, en sustitución del constructor coruñés Antonio Fontenla, que estuvo en el cargo 14 años ininterrumpidos. Solo llegar, el pontevedrés encargó una auditoría que revisaba las cuentas de su antecesor y en la que se resolvió que los 500.000 euros de superávit eran en realidad 500.000 euros de números rojos. El entorno del actual presidente de la CEG señala precisamente a Fontenla como instigador de una campaña interna de desprestigio contra Alvariño con la que se han extendido dudas “desestabilizadoras” sobre su gestión económica a base de “filtraciones” y una “inmensa deslealtad”. Fontenla responde que esa auditoría obvió unos fondos de reserva de 650.000 euros y que para elaborarla Alvariño gastó 60.000 euros de la CEG “para empresas probablemente vinculadas”.

Alvariño sostiene que en las cuentas de 2014 los gastos de personal y explotación se han reducido un 50% con respecto a 2013 (verano en el que fue elegido), pasando de 4,2 millones a 2,1, gracias al despido de 17 trabajadores y la “externalización de servicios”. “Lo que no cuenta Alvariño es lo que ha dejado de ingresar”, subraya el expresidente Antonio Fontenla. “No ha habido recorte de gastos sino una menor actividad y, por tanto, también menos ingresos”.

Ni los presupuestos de 2015 ni las cuentas que blande el presidente de los empresarios gallegos han sido aprobadas por la oposición de los críticos a su gestión, un bloqueo que está teniendo consecuencias en el ahogo financiero de la entidad. Según explica el ourensano Pérez Canal, presidente de la Comisión de Economía de la CEG hasta que dimitió el martes en otro latigazo de descontento, la patronal precisa renegociar las cuotas de la hipoteca que suscribió antaño para comprar la sede de Santiago, un edificio tasado en 2,5 millones de euros en pleno casco viejo de la capital. Pero sin las cuentas aprobadas no hay banco que acepte refinanciar nada.

Aquella compra en los años noventa de un edificio que estaba por encima de las posibilidades económicas de la CEG -decidida por el expresidente Antonio Ramilo, ya fallecido, que dejó ya entonces un inmenso agujero contable- y el recorte de las subvenciones en estos años de crisis han puesto a la patronal gallega en una situación límite. Alvariño ha anunciado que convocará formalmente elecciones en una junta a finales de este mes, pero sus opositores no están dispuestos a esperar al proceso electoral y quieren forzar su dimisión. “Lo que pretenden es crear una gestora y controlar ellos la CEG hasta las elecciones”, censuran desde el entorno del actual presidente.

Los críticos han presentado este viernes unas 120 firmas de representantes empresariales para forzar la convocatoria de la Asamblea General el próximo 27 de noviembre en la que se vote la revocación del presidente, así como una reunión de la junta directiva en la que se suspendan los contratos de externalización. Alvariño anuncia que piensa revolverse hasta el final y ya advierte de que él no es un “órgano de dirección que pueda ser revocado”. “Yo soy el presidente, yo he sido votado”, proclama el empresario.