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Bruselas se ve forzada a suavizar el plan de emisiones de coches

Los países fabricantes, con Alemania y España a la cabeza, presionan para elevar los límites alegando el daño que la propuesta inicial de la Comisión causaría a la industria

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Hojas caídas de un árbol sobre un Volkswagen Polo en Hamburgo (Alemania). AFP

Mañana de cuchillos largos en Bruselas. Los socios de la UE maniobran hoy para que la Comisión Europea suavice los límites de emisiones de los coches, a pesar del jaleo que ha provocado el escándalo Volkswagen. Bruselas ha llegado a la reunión definitiva con una dura propuesta para aplicar los nuevos controles en carretera a los coches, con unos márgenes reducidos para que el sector cumpla los límites en plazos razonables. Los países fabricantes (España, Italia, Francia y Alemania, entre otros) han puesto el grito en el cielo: la propia Comisión admite que con sus números pueden quedar obsoletos en torno al 10% de los modelos; España estima que hasta un 30%, lo que supondría un mazazo para la industria. Bruselas, según fuentes de la negociación, podría finalmente flexibilizar su propuesta, lo que puede desatar las iras de los países más concienciados con el medio ambiente --con Dinamarca a la cabeza-- y de las ONGs, en medio de la agitación que ha provocado el caso Volkswagen.

La Comisión Europea conocía con todo lujo de detalles que los controles a las emisiones de los coches del grupo Volkswagen no mostraban cifras fiables. Lo advirtió en dos informes de su departamento de investigación en 2011 y 2012. Y sobre todo en 2013, cuando en un documento publicado esta semana por el Financial Times explicó el uso de los denominados chips Volkswagen, dispositivos que desactivan funciones para controlar emisiones cuando el coche está siendo examinado. Bruselas ha mirado sospechosamente hacia otro lado en ese asunto, cuando no ha cerrado filas con Berlín y Volkswagen por el castigo que puede sufrir la industria europea. Ha optado por dar largas al asunto, pese a que podría expedientar a Alemania y a otros países fabricantes por incumplimiento en la aplicación de las directivas europeas relacionadas. Salvo en un detalle: la Comisión Europea ha presentado una dura propuesta para aplicar controles en carretera a los vehículos, y no en laboratorio hasta ahora. Hasta 2019, el plan de Bruselas permitiría sobrepasar en un 60% el límite de emisiones de dióxido de nitrógeno (80 miligramos por kilómetro); a partir de esa fecha, se permitiría “un margen” no detallado, pero en torno al 20%. El Parlamento Europeo aprueba la nueva regulación. Los socios de la UE, sin embargo, tienen previsto rechazar esos planes en una reunión prevista para hoy, a pesar del revuelo causado por el fraude de Volkswagen.

Pero Bruselas se ve obligada a virar ante la constatación de que su propuesta no vuela. Según las fuentes consultadas, el plan definitivo podría ser mucho más laxo, si Bruselas acepta la propuesta de los principales países: márgenes de hasta el 110% en 2019 y del 50% en la fase definitiva (frente al 60% y el 20% de su plan actual). Esas cifras son aún tentativas y dependen de la negociación, que se cerrará durante la tarde de hoy. Pero se parecen mucho a lo que quería Alemania: márgenes del 100% durante la fase de transición y del 40% en la definitiva.

Reino Unido y Alemania lideran las posiciones de los Estados que piden más laxitud, entre los que figuran todos los que albergan fábricas de la industria automotriz: Italia, Francia, España y Suecia han llegado a pedir, en algún caso, que se permita sobrepasar el límite durante la fase de transición en hasta un 200% para no perjudicar al sector. En una reunión anterior, celebrada el lunes en Luxemburgo, ya se vio una enorme brecha entre los países fabricantes y los que no lo son: Dinamarca está al frente de quienes piden incluso cifras más duras.

Alemania no ha sido esta vez el país que ha hecho más lobi en contra de la nueva normativa por una cuestión reputacional después del escándalo Volkswagen. Pero aun así, un documento del Ejecutivo germano rechaza la propuesta de Bruselas y lanza una clara declaración de intenciones. “El motor diésel debería ser protegido”. España se ha sumado a esa petición y ha asegurado, en la información remitida a Bruselas, que la regulación que impulsa el Ejecutivo comunitario puede tener efectos muy negativos sobre la industria. Por el contrario, Dinamarca aboga por exámenes concienzudos que restablezcan la confianza de los consumidores en el sector después de los trucajes por parte de Volkswagen, informa Reuters.

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