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El precio de la luz subió en España el doble que en la UE durante la crisis

El recibo se encareció un 52% desde 2008 por el aumento de las cargas públicas

 ATLAS

El precio de la luz que pagan los hogares españoles aumentó un 52% durante la crisis económica, un incremento que duplica al de la media de la Unión Europea en ese mismo periodo, y que ha situado a España como el cuarto país europeo con el recibo de la electricidad más caro, solo por detrás de Dinamarca, Alemania e Irlanda.

Entre el segundo semestre de 2008 y el mismo periodo de 2014, el coste de la electricidad aumentó en España 81 euros por megavatio-hora, el doble que los 42 euros/MWh de subida media en el resto de la UE, y por encima de países de nuestro entorno como Francia (46%), Alemania (35%), Reino Unido (26%) e Italia (5%). España ha pasado así del puesto 12 que ocupaba en 2008 al cuarto con el recibo de la luz más elevado, con un precio  en el segundo semestre de 2014 (lo más actual a lo que llega el informe) de 237 euros/MWh, frente a los 156 euros/MWh que costaba en 2008.

Estas son las principales conclusiones del informe Análisis de los precios de la electricidad en la Unión Europea y en Estados Unidos: una perspectiva española elaborado por el experto David Robinson, que trabaja para The Oxford Institute for Energy Studies.

El documento señala que el 73% de ese aumento se ha producido por los impuestos, tasas y otros recargos que financian políticas públicas, lo que los autores denominan "cuña gubernamental", como primas a las energías renovables, el coste del déficit de tarifa, las ayudas al carbón o las compensaciones por el parón nuclear. Estos cargos públicos ya suponen el 46% del total del recibo. Si no se tuviera en cuenta la cuña gubernamental a la hora de elaborar el ranking europeo de los precios de la electricidad, España pasaría de la cuarta posición que ocupa actualmente al puesto undécimo de países con la luz más cara.

Tarifas para empresas

El informe, que analiza también los precios de la electricidad que pagan las empresas, determina que el precio medio de la luz para la industria ha aumentado en España en el periodo 2008-2104, pero no a un ritmo tan elevado como el de los hogares: el 9% en el caso de las industrias de tamaño medio y el 7% para las grandes empresas. De nuevo, detrás de ese incremento está en buena medida la cuña gubernamental, que suponía en 2014 el 28% del precio total que pagan las industrias medias y el 20% en las de gran tamaño. Dentro de la UE, la industria española ocupa posiciones intermedias, por debajo de la media comunitaria, mientras que los precios que paga la industria española casi duplican los de EE UU.

El precio de la luz para las familias europeas creció el 34% entre 2008 y 2014, frente al 18% en EE UU, mientras que en el caso de la industria, el precio medio aumentó en la UE el 22%, notablemente superior al 6% de Norteamérica, lo que incide claramente en la competitividad de las empresas europeas.

El estudio analiza los distintos factores que determinan el precio de la electricidad y concluye que el principal motivo para esa diferencia a ambos lados del Atlántico está en la cuña gubernamental. En la Unión Europea el apoyo financiero a las energías renovables – solar y eólica - representa el 6% de la tarifa eléctrica, frente al 1,5% en EEUU, que financia las renovables vía presupuestos y donde la penetración de energías limpias subvencionadas es menor que en la UE. Además, en EEUU no se recauda un impuesto federal sobre la electricidad equivalente al IVA, que en la UE ha pasado del 15% al 17% en el periodo analizado.

El informe afirma que “el aumento de los precios de la luz ha incidido en el coste de la vida de los hogares españoles precisamente en una de las crisis más profundas y prolongadas que ha atravesado el país, y ha tenido igualmente un impacto negativo sobre la competitividad de las empresas”.

En sus conclusiones, el documento propone que una parte del coste de las ayudas públicas que se cargan en el recibo se financie a través de los presupuestos generales del Estado o mediante un impuesto sobre el carbono. Las ventajas de este cambio son varias: se reduciría el recibo de la luz, con el consiguiente aumento de la liquidez de las familias; el coste de las políticas públicas se distribuiría de un modo progresivo al ser financiado a través de los presupuestos públicos; la factura sería más transparente y las decisiones de los consumidores, más fundamentadas; y las empresas serían más competitivas, sobre todo aquellas que emitan menos CO2.

Asimismo, recomienda fomentar la innovación en tecnologías que reduzcan las emisiones de CO2, aboga por no subvencionar tecnologías que no lo necesitan para competir con las energías convencionales y aconseja reestructurar las tarifas.

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