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Los servicios públicos entran en las negociaciones del pacto transatlántico

La Comisión ha seleccionado algunos sectores sensibles, como el agua, para su inclusión en el TTIP pero deja la decisión final sobre su privatización a los Estados miembro

La comisaria de Comercio, Cecilia Malmström. Ampliar foto
La comisaria de Comercio, Cecilia Malmström. EFE

Las negociaciones sobre el tratado de libre comercio e inversión (TTIP, por sus siglas en inglés) entre la Unión Europea y Estados Unidos entrarán la semana que viene en la ronda número 11 que se celebrará entre Washington y Miami. Los negociadores de ambos bloques se sentarán en la mesa para negociar sobre las tarifas, la cooperación regulatoria y lo que hasta ahora ha sido uno de los (muchos) puntos débiles del tratado: los servicios públicos y su posible liberalización.

“Hay ciertos sectores que no son negociables y, por tanto, no formarán parte del Tratado”, aseguró el miércoles la comisaria de Comercio, Cecilia Malmström, a un reducido grupo de periodistas. Los opositores al TTIP, en Bruselas capitaneados por el fuerte grupo de lobby Corporate Europe, aseguran que los servicios públicos como el agua y la educación de la Unión están en peligro pues serán privatizados y gestionados por empresas estadounidenses en caso de que, finalmente, se rubrique el tratado comercial, lo que aún se ve lejano. La propia comisaria reconoce la urgencia en su rúbrica que, preferiblemente, quiere se haga bajo el mandato del presidente Barack Obama. “La Comisión Europea ha preguntado a los Estados miembro si estarían dispuestos a ser más flexibles con las solicitudes estadounidenses en relación con los sistemas educativos”, asegura la organización. "La Comisión no obliga a privatizar. Ni siquiera anima a hacerlo”, justifica el Gobierno comunitario que deja el tema en una zona gris.

Ante esta situación, Bruselas ha creado una lista negativa en la que se encuentran sectores “sensibles” como el agua. Esto no quiere decir, sin embargo, que estén blindados a una potencial privatización, sino que en estos sectores “clave” la Comisión dará vía libre a las 28 capitales para que decidan si son susceptibles de ser privatizados o no, según confirma una fuente europea con implicación directa en la negociación. Es decir, al final, todo dependerá de la política de cada capital.

“Lo mismo ha ocurrido con los llamados Organismos Genéticamente Modificados (GMO, por sus siglas en inglés). Bruselas, según la ONG medioambiental Greenpeace, se comprometió a restringir los GMO —que en EE UU están muy extendidos— en territorio comunitario. Pero lo que el Gobierno de la Unión ha hecho en realidad es devolver la pelota a los Estados miembro para que sean ellos los que decidan sobre su prohibición o no. Hasta la fecha, 15 países los han prohibido de manera total o parcial en su territorio y España, donde se planta el 90% de maíz genéticamente modificado de toda la UE, no se encuentra entre ellos.

En cuanto al acceso a los mercados, los negociadores europeos pondrán "por primera vez" sus ofertas encima de la mesa de manera simultánea, según fuentes de la Comisión que presumen de haber conseguido mejorar la propuesta estadounidense frente a la europea. "Ahora ya existe el mismo nivel de ambición" en cuanto a la apertura de los mercados, sostienen las mismas fuentes. Nueve son los sectores de los que se hablará en esta 11ª ronda; automoción, farmacéutica, instrumental médico, cosméticos, informática, químicos, pesticidas, ingeniería mecánica y textil.

Bruselas está completamente a favor de abrir "lo más posible" el mercado pues afirma que "cuando se está completamente abierto, todo va bien", explica una alta fuente en la negociación. La UE, por eso, ha conseguido que EE UU eleve su oferta hasta rondar el 90% de apertura, aunque las cifras exactas aún no han sido desveladas. Lo que aún se desconoce son los sectores que EE UU está dispuesto a abrir pero a la UE le valdrá, según fuentes europeas, con el sector del transporte marítimo. "A cambio EE UU busca un mayor comercio digital", aseguran al tiempo que explican que se trata solamente de flujo de datos, y no su protección. "Eso no es negociable porque se trata de un derecho fundamental", reiteran desde la Comisión.