La última ofensiva de la Operación Chamartín

El cambio en las Administraciones autonómicas y municipal de Madrid ha devuelto a la actualidad los grandes proyectos de la capital. Entre ellos, la Operación Chamartín (ahora denominada Distrito Castellana Norte), que cumple ya la friolera de 22 años de espera y sobre la que sus promotores (el BBVA y la constructora San José, con el 75,5% y el 24,5%, respectivamente) han puesto fecha de caducidad, cansados de esperar la luz verde. El 31 de diciembre de 2016. Si para esa fecha no se han iniciado las obras, el proyecto se retirará. Y el que venga detrás que arree.

La fecha no está puesta al azar. Tanto la alcaldesa, Manuela Carmena, como la presidenta de la comunidad, Cristina Cifuentes, acaban de llegar y pueden reclamar tiempo; pero, además, en diciembre habrá cambio de Gobierno y, probablemente, de titular del Ministerio de Fomento, la tercera Administración implicada como propietaria de los terrenos ferroviarios a través del gestor de infraestructuras ferroviarias, Adif, y Renfe. Es decir, hay tiempo suficiente como para que los responsables de las tres administraciones hayan podido analizar los pros y contras del controvertido proyecto y de si, como subrayan los promotores, supone una oportunidad de negocio para Madrid que no hay que perder.

Ello explica, por otra parte, que el presidente de Distrito Castellana Norte, Antonio Béjar, haya intensificado las reuniones con tirios y troyanos durante las últimas semanas. Ha recibido buenas palabras; pero todos parecen estar esperando a que alguien empiece a mover ficha, a sabiendas de que el reloj comenzará a correr deprisa a partir de las elecciones generales.

Ya en la primavera del año pasado, poco después de recibir el mandato del presidente del banco, Francisco González, para hacerse cargo del proyecto, Béjar llamó a Fomento para que lo empujara. Montó grupos de trabajo con las diversas administraciones, ha mantenido 57 reuniones con técnicos municipales, además de poner a trabajar a 31 empresas de diversa condición en el proyecto. Y siempre con la idea clara del plazo de caducidad como espada de Damocles.

La insistencia de Béjar debió de surtir efecto, porque la operación recibió un impulso con el convenio firmado el pasado 22 de enero tras unas negociaciones secretas entre la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento y las empresas estatales Renfe y Adif. El consistorio preparó un Plan Parcial de Reforma Interior (sustituto del ordenamiento urbanístico aprobado en febrero de 2011 y anulado posteriormente por la justicia), pero no tuvo tiempo para sacarlo antes de las elecciones municipales y autonómicas de mayo, lo que devolvió todo a la casilla de salida.

El ambicioso plan, que se diseñó en tiempos de Josep Borrell como ministro del ramo (entonces Obras Públicas) con el Gobierno socialista, lo promocionó la antigua Argentaria (ahora integrada en el BBVA) bajo la presidencia de Francisco Luzón. Los diversos retrasos se debieron a recursos presentados por particulares y colectivos.

El proyecto, que trata de recuperar una zona degradada de la ciudad, eliminando la barrera que suponen las instlaciones ferroviarias entre los barrios del norte, prevé alargar el paseo de la Castellana 3,7 kilómetros hacia el norte y cubrir un área de 311 hectáreas con zonas verdes (en una extensión que ocupa la mitad de El Retiro), equipamientos públicos, 17.699 nuevas viviendas y un área financiera con rascacielos. Además, prevé la prolongación del Metro (tres estaciones), por un importe de 140 millones; la remodelación de los tubos del Canal (80 millones de inversión) y la instalación de la losa que se pondrá sobre las vías, en la que la inversión prevista es de 252 millones. Esta inversión correrá a cargo de los promotores, que ya han gastado 118 millones hasta la fecha y que esperan multiplicar sobradamente.

La inversión prevista se eleva a 5.974 millones de euros y los ingresos fiscales estimados se elevan a 3.664 millones. Para el ayuntamiento, en concreto, se cifran en 1.057, a los que hay que añadir unos 600 de plusvalías por los 600.000 metros cuadrados (la mitad proveniente de las cesiones que, por ley, deben hacerse al ayuntamiento en todas las obras). La empresa tiene que pagar 1.200 millones a Adif por el 62% de los terrenos que va a comprar más 100.000 metros cuadrados en pago en especie. Además de los ingresos generaría un empleo que se calcula para 120.000 personas en los 15 años de obras que están previstos. Es decir, se terminaría en 2030 o 2031 si se cumplen las exigencias.

Los organismos y empresas involucradas en la Operación Chamartín se hicieron una foto para la posteridad tras firmarse el convenio qye reverdecía la operación el pasado enero. Estaban la ministra de Fomento, Ana Pastor; el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González; la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, y el presidente del BBVA, Francisco González. Es decir, dos ya no están en el cargo que ostentaban y es posible que en enero sean ya tres los ausentes. Solo quedará el que ha puesto fecha de caducidad. Los terrenos son propiedad de Adif (62%), las Administraciones (19%), incluidad también la EMT y el Canal de Ysabel II, y particulares (19%).