La burbuja del gas nocivo

En 2014, la segunda economía del mundo, la china, fue la más contaminante del planeta, con el 27,5% de las emisiones. Le siguió Estados Unidos (sin saber que tenía millones de Volkswagen tóxicos trucados), responsable del 16,9% de los gases efecto invernadero lanzados a la atmósfera. España, donde la industria vuelve a recuperar el pulso, aportó su granito de aire podrido como una de las ocho economías que más contamina en Europa, según un informe de Merrill Lynch publicado hace algunos días.

En el continente funciona desde hace diez años el llamado régimen de comercio de derechos de emisiones, supuestamente pensado para crear incentivos para que un conjunto de plantas industriales reduzcan colectivamente las emisiones de gases contaminantes. Pero el régimen, una bolsa de derechos de emisión de toneladas de dióxido de carbono, que funciona de forma parecida a la de un mercado especulativo, se diseñó mal y ha generado una burbuja con la que la UE está intentando lidiar. En ocasiones, el mecanismo incluso ha generado beneficios para las industrias más contaminantes.

El precio objetivo que Bruselas considera óptimo para que el sistema funcione correctamente ronda los 20 euros por tonelada de gases "comprada" y la media hasta el 31 de agosto de este año ha sido de 7,27 euros, con un pico de 8,34 euros el día 20 de ese mes. En 2014, con el precio a una media de 5,88 euros, las cincuenta industrias más sucias de España emitieron el equivalente a 76 millones de toneladas de gases de efecto invernadero, según los datos publicados este verano por el Ministerio de Medio Ambiente. Adquirir la autorización para contaminar por ese volumen de gases cuesta hoy unos 550 millones de euros: en junio de 2008, con un precio por tonelada rondando los 30 euros, habrían sido 2.280 millones, un estímulo mucho mayor para reducir las emisiones. Aunque las cosas no son tan simples, porque muchas industrias tienen asignado un cupo de toneladas de forma gratuita que, si no utilizan, pueden vender en el mercado o guardarse para cuando las necesiten.

En España la generación de energía mediante la combustión del carbón sigue colocando a las plantas térmicas en lo alto de la tabla de contaminación: la primera es la de Endesa en As Pontes de García Rodríguez (A Coruña), que genera un 6% de la electricidad del país, tiene una chimenea de 356 metros y una potencia total de 1.468,5 megavatios. El año pasado emitió 6,9 millones de toneladas, casi las mismas que lanzó a la atmósfera en 2008, pero un 22% menos de las que registró en 2007. La térmica de EDP de Aboño, entre los municipios asturianos de Gijón y Carreño, ocupa el segundo lugar entre las más contaminantes, con 6,7 millones de toneladas, un millón menos de las que emitía antes de la crisis. La tercera fue la térmica de Endesa en Carboneras (Almería), con poco más de cinco millones, 2,4 menos que en 2007 pero casi un millón de toneladas más que su registro durante la crisis. Ninguna de estas industrias tiene derechos asignados, así que tiene que comprarlos para poder contaminar. Otras, como las cementeras, las refinerías de petróleo o las químicas sí tienen asignados cupos. Medio centenar de plantas generaron 76 millones de toneladas, el equivalente a lo que emite Chile en un año.

Para ajustarse a la normativa verde, las industrias tuvieron dos formas de compensar el exceso: hacerlo mediante asignaciones no consumidas en otras plantas de su propiedad o comprando EUAs (derechos de emisión de dióxido de carbono). Y ahí es dónde se ha generado el problema que la UE quiere remediar.

Iria Flavia Peñalva, responsable del área de comercio de derechos de emisión de Factor CO2, una empresa que facilita la compraventa de derechos, explica que cada vez que se diseña un esquema de comercio de emisiones se hace a cuatro años vista. "Para el 2008-2012 la perspectiva de la evolución económica fue muy diferente de lo esperado. Las instalaciones industriales y energéticas se quedaron muy por debajo de su techo". Con una gran cantidad de derechos no utilizados saliendo al mercado, los precios empezaron a caer hasta que alcanzaron un suelo en 2012, a punto de entrar en vigor la política diseñada para el periodo 2013-2020.

Una nueva etapa

Para esa nueva etapa, la Comisión Europea ha introducido dos mecanismos de corrección: eliminó las asignaciones gratuitas a las eléctricas, que tienen que "comprar" todo el dióxido de carbono que producen, y cambió el método de cálculo de la asignación al resto, que ahora está referenciado a lo que emiten las empresas más eficientes. "Esta asignación no es una cantidad fija, sino que se introducen ajustes ex post por el nivel de actividad", matiza Iria Flavia Peñalva. "El gran superávit de derechos que se vienen arrastrando desde años anteriores es una mochila que tenemos". Se calcula que el volumen de derechos sobrantes en Europa asciende a 1.500 millones de toneladas de CO2. En julio la UE aprobó una nueva medida para gestionar esa "mochila": la reserva de estabilidad de mercado (Market Stability Reserve) mecanismo automático de ajuste entre oferta y demanda que evite el desplome del precio si los 900 millones de derechos de emisión retrasados de las subastas de los Estados (backloading) regresan al mercado en 2019 y 2020. Eso presionará al alza los precios del CO2.

Juan Ramón Moragas, director comercial de Sendeco2, otra de las plataformas de compraventa de emisiones, insiste en que la burbuja se produjo porque nadie calculó las consecuencias de la crisis. "Las emisiones llegaron a caer un 60%". Hay quien piensa que mientras no se eliminen los excedentes el precio no subirá, aunque hay otros elementos, a menudo impredecibles, que determinan este valor. "La evolución del petróleo abarata el gas que usan las centrales de ciclo combinado. Eso presiona a la baja el precio. Hay otros condicionantes que hacen que el precio sea volátil, como los climatológicos (que inciden sobre la demanda de electricidad) o el cambio euro-dólar, porque el carbón se compra en dólares y los derechos, en euros. Aunque todos los expertos creen que con las medidas que ha tomado la UE la tendencia será al alza, y que en 2017 el precio podría remontar a 11 euros para llegar a los 17 en 2020", cree Iria Flavia.

¿Ha sido una buena idea crear el mercado de emisiones? "Pienso que hay que formular la pregunta al revés, ¿qué habría pasado sin comercio de emisiones? La industria ha interiorizado el dióxido de carbono como una materia prima más cuando antes contaminar salía gratis. Las eléctricas, a la vez que compran materias primas compran derechos de emisión porque para ellas es clave. Muchas instalaciones han tomado medidas de eficiencia energética. Es verdad que estamos lejos de que el modelo sea eficiente, pero en los próximos años se van a tener que reducir las emisiones porque será más barato reducir que comprar".