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España y Alemania maniobran para debilitar la ‘tasa Tobin’

Los 11 socios europeos que la impulsaron acaban de retrasarla hasta 2017

La tasa de transacciones financieras pierde fuelle. Los 11 socios europeos que impulsan la tasa Tobin han retrasado recientemente su aplicación hasta 2017, pero varios países, encabezados por Alemania y España, amenazan con diluir el potencial recaudatorio de ese gravamen. España asegura que su única línea roja es que la tasa no castigue la inversión en derivados de deuda pública, pero en un documento que suscriben Berlín y otras capitales maniobra para mitigar su impacto sobre fondos de pensiones y aseguradoras.

El comisario europeo Pierre Moscovici anunció en el Ecofin de Luxemburgo de hace una semana que hay “progresos sustanciales” respecto a la tasa de transacciones financieras. Berlín publicó un estudio a principio de este mes sobre su potencial recaudatorio. Pero la realidad es que los 11 países que impulsan la tasa de transacciones financieras han retrasado hasta 2017 —en principio— su aplicación y varios socios, liderados por Alemania y España, gesticulan para acordar una versión tuneada, light, muy diluida respecto al objetivo inicial, según dos documentos a los que ha tenido acceso este diario.

Alemania y España, junto a Bélgica y Portugal, firman un informe interno que alerta del impacto macroeconómico de la tasa. Pero en un segundo documento —que suscriben esos cuatro países, junto a Estonia y Eslovaquia— van aún más lejos y advierten a la Comisión Europea contra la tentación de diseñar un gravamen que mine el atractivo de los fondos de pensiones y las aseguradoras a ojos de los inversores. El sector financiero lleva meses presionando por tierra, mar y aire para intentar aguar esa iniciativa francoalemana. “Si al final se diluye tanto el proyecto inicial, se corre el peligro de diseñar una tasa de escasa recaudación, con un impacto fiscal muy limitado, que supondría más un gesto político que una iniciativa seria”, apuntaron fuentes europeas.

Desinterés

El eurodiputado de ICV Ernest Urtasun, que hace apenas unos días denunciaba el retraso acumulado en la puesta en marcha del gravamen, apuntó que existe “una voluntad deliberada de reducir la incidencia del impuesto”, y pidió explicaciones al Gobierno español al respecto. El ministro de Economía, Luis de Guindos, explicó hace unos días en Luxemburgo que los retrasos se deben a que queda aún “trabajo técnico” por hacer, y fijó las líneas rojas españolas únicamente en evitar que la tasa grave los derivados sobre deuda soberana.

Berlín ha perdido interés tras el impulso inicial, en 2012, en la fase más aguda de la crisis del euro. Su ministro de Finanzas, Wolfgang Schäuble, ha expresado en público su escepticismo sobre la puesta en marcha del impuesto, que según las primeras estimaciones tenía un potencial recaudatorio de 35.000 millones anuales y podía estar listo para finales de este mismo año. Esas cifras y ese calendario se han revelado completamente inalcanzables. Porque la propia Alemania, apoyada por España y otros países, han dejado claro que, en lo relativo a fondos de pensiones y aseguradoras, el diseño actual “incentiva” una estrategia de inversión pasiva.

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