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Uber sufre una importante derrota judicial en Francia

El Constitucional avala la reciente ley que permite prohibir algunas actividades de la sociedad americana

Imagen de archivo de un cartel contra Uber sobre un taxi de París. AFP

Uber ha sufrido hoy una nueva derrota ante los tribunales para poder operar en Francia. El Consejo Constitucional ha dictaminado que la llamada Ley Thévenoud aprobada hace ahora un año es plenamente legal y que, por tanto, las actividades de Uberpop en Francia son ilícitas. La empresa californiana, que dejó de operar en este país el pasado 3 de julio tras las violentas protestas de los taxistas, confiaba en hacer valer sus argumentos ante el Constitucional. Este, sin embargo, entra en el fondo del asunto y da la razón a los legisladores. El sector del taxi ha ganado la batalla.

La Ley Thévenoud impone dos años de cárcel y multas de 300.000 euros por organizar un sistema que ponga en relación a clientes con particulares que, sin pertenecer a ninguna empresa de transportes, realicen servicios ocasionales a título oneroso, fundamento del servicio UberPop. La empresa americana había denunciado esta disposición alegando que atenta contra los principios de legalidad y de libertad de empresa y que impone penas desproporcionadas. El Consejo Constitucional, sin embargo, considera que el sistema no es similar al de compartir coche o carsharing, una modalidad "que el legislador ha definido de manera clara y precisa". Los demandantes alegaban que prohibir el servicio UberPop era prohibir cualquier fórmula de carsharing. La más alta autoridad constitucional francesa desmonta todos los argumentos de la empresa y dictamina que la norma es conforme a la Constitución.

Francia le ha declarado la guerra a Uber. El Gobierno sostiene que sus actividades son ilegales y a finales de junio pasado la justicia detuvo a dos de sus directivos: Pierre-Dimitri Gore-Coty, director general de Uber para Europa occidental, y Thibaud Simphal, director general de Uber Francia. Se les acusa de fraude y hay varios casos abiertos contra sus actividades. El dictamen de hoy era esperado con cierta ansiedad porque se pronuncia sobre el fondo del asunto y porque el Consejo Constitucional solo se había pronunciado hasta el momento en contra del sistema de geolocalización. La batalla legal continuará, previsiblemente, también ante las instituciones europeas.

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