Las dificultades del Presupuesto
El plan de gastos es expansivo por un interés puramente electoral
Elaborar el Presupuesto es siempre una tarea complicada y el del año que viene no podía ser una excepción, máxime si se tienen en cuenta las incertidumbres económicas y políticas que se ciernen sobre nuestra economía.
El adelanto en su presentación es razonable. Retrasar la elaboración hasta que se conociera el resultado de las elecciones de final de año hubiera significado, en la práctica, que la ejecución del nuevo presupuesto se demorara como mínimo hasta la primavera de 2016, suponiendo que se constituyera rápidamente un nuevo gobierno; y tal vez hasta el verano si, como parece probable, hubiera que negociar un gobierno de coalición entre dos o más partidos. Desde el punto de vista económico, la prolongación del Presupuesto actual tendría un impacto probablemente restrictivo sobre la actividad, dada la certeza del aumento de los gastos (los de personal lo harán en un 4%) frente a la incertidumbre del previsto ahorro financiero y de desempleo.
Como argumento en contra puede aducirse —y de hecho la oposición ya lo ha aducido— que se trata de un Presupuesto electoralista, lo que por otra parte no es una novedad ni en España ni en cualquier otro país del mundo: los gobiernos en el poder suelen airear su cara más amable a la hora de presentarse ante el electorado. En definitiva, desde el punto de vista económico, la alternativa consistía entre un presupuesto mecánicamente restrictivo y otro que podría resultar más expansivo de lo que sería conveniente en las circunstancias actuales. El gobierno ha optado por esta segunda hipótesis en contra de los deseos de la oposición. No se trata de racionalidad económica (muy criticada en los últimos tiempos) ni de sentido común sino simplemente de intereses electorales.
Es conveniente recordar que el crecimiento de nuestra economía ha procurado al Gobierno un margen de maniobra con el que no contaba en el momento de acordar con Bruselas el perfil del ajuste de nuestra economía. En el programa se estipulaba que el déficit de este año debería situarse por debajo del 4,2% del PIB y el del año próximo por debajo del 2,8%. Estas cifras eran coherentes con un crecimiento de la economía del 1,2% en 2014 y del 1,8% en 2015. La aceleración hasta el 3% de este año, y una cifra probablemente similar el que viene, es la que puede facilitar el cumplimiento de los compromisos contraídos incluso con una reducción de la carga impositiva.
La cuestión que se plantea es la de saber si el crecimiento actual es sostenible o no, teniendo en cuenta los cambios que se han producido en el entorno mundial. Las proyecciones del programa de estabilidad 2014-2017 preveían un precio del petróleo superior a los 100 dólares por barril y un tipo de cambio de 1,37 dólares por euro. Como es sabido, la realidad ha sido diferente y muy favorable para nuestros intereses: estamos comprando el petróleo a la mitad del precio previsto y nos beneficiamos de un tipo de cambio del orden de 1,10 dólares por euro, lo que favorece nuestras exportaciones. En cualquier caso, para lo que queda de año y para el próximo es razonable suponer que el precio del petróleo se mantenga más o menos en su nivel actual y que el dólar permanezca fuerte frente al euro, especialmente si la Reserva Federal norteamericana comienza a subir los tipos de interés. El presupuesto para 2016 apuesta por un crecimiento del PIB del 3% compatible con un moderado excedente de las cuentas con el exterior.
Las cuentas presentadas otorgan, como es lógico en la coyuntura actual, la prioridad a los gastos sociales. Los más escépticos dirán que se trata de un espejismo electoral, pero al fin y al cabo, y aunque así fuera, más vale eso que nada. El gasto social (sin desempleo, cuyos gastos se prevé que se reduzcan en más del 20%) crecerá un 3,8%: los gastos de sanidad lo harán en un 3,6% y los relativos a la enseñanza en un 9,3%. Conviene recordar que el conjunto de gastos del Estado se reducirá un 0,3% como consecuencia de la disminución prevista de los gastos financieros y de desempleo. Sin contar estos dos últimos apartados, el gasto crecería un 2,6%. La bondad de estas cifras está discutiéndose en las Cortes: los optimistas pueden pensar que no se trata de algo inamovible y que con un poco de buena voluntad (aunque en política esta expresión suele carecer de sentido) podrían incluso mejorarse.
Hay algunas cifras que parecen discutibles. La primera y más clara se refiere a los gastos en investigación y desarrollo, que crecerán un modesto 2,2%. Es muy poco si se tienen en cuenta las necesidades de crecimiento de nuestra economía a largo plazo, pues no es posible apostar eternamente por la reducción de salarios y beneficios: es preciso incrementar el valor añadido de nuestros productos, para lo que es necesario investigar y aplicar sin demora los resultados obtenidos a la producción de bienes y servicios. La investigación y el desarrollo requieren un mayor esfuerzo, así como la definición de unos procedimientos creíbles de selección de proyectos.
Por otra parte, la estimación de ingresos de la Seguridad Social parece demasiado optimista. Es cierto que la tasa de crecimiento del PIB prevista para el próximo año permitirá una creación de empleo que se estima en el 3%, lo que a su vez implica un aumento de las afiliaciones a la Seguridad Social. Sin embargo, el tipo de empleo que se está creando y las numerosas bonificaciones de las cuotas, explicables como parte de la política de apoyo a la contratación, no permiten ser demasiado optimistas en cuanto a los ingresos. En los cinco primeros meses de este año las cotizaciones a la Seguridad Social han aumentado a un ritmo del 1% (a pesar de la intensa creación de empleo) y las del régimen general lo han hecho en un 2,5%, por lo que no parece probable que con una creación de empleo similar en 2016, las cotizaciones crezcan el 6,5% previsto en el Presupuesto. De la magnitud y urgencia de los problemas de la Seguridad Social da una idea cabal la reciente propuesta de altos responsables del Gobierno de transferir al Presupuesto prestaciones que hasta ahora se cubrían con los ingresos propios de la Seguridad Social.
Hay claro está, muchas otras cuestiones de interés. Es de esperar que los debates de estos días sirvan al menos para discutir los problemas a los que nos enfrentamos y avanzar, tal vez, en las soluciones.
