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El Gobierno no logra controlar el gasto del Estado, pese a los recortes

Los gastos financieros por la deuda y las transferencias a la Seguridad Social se comen los ajustes de los últimos años

Jesús Sérvulo González

El Gobierno no ha logrado recortar el gasto del Estado, pese a los fuertes recortes aplicados durante los últimos años. En 2011, justo antes de que el PP desembarcara en La Moncloa, el gasto no financiero estatal ascendía a 150.056 millones de euros frente a los 157.190 millones presupuestados para 2016, 7.000 millones más. Y es que el ahorro provocado por los duros ajustes sociales y el recorte de inversión se lo han comido con creces gastos como el pago de intereses de la deuda, las transferencias a la Seguridad Social para pagar las pensiones mínimas y las aportaciones a la UE y al resto de administraciones.

La crisis económica dejó las cuentas públicas como un páramo. El déficit público en 2011 alcanzó el 8,9% del PIB

El proyecto de Presupuestos que el Gobierno acaba de presentar para el año 2016 revela el profundo cambio que ha vivido la política económica española en los últimos años. Desde 2011, las inversiones reales del Estado —sin contar las que realizan las empresas públicas y otros organismos de la Administración central— se han reducido casi un 40%, hasta los 3.578 millones, un nivel equivalente al alcanzado a finales de los años noventa. La inversión pública ha sido el principal colchón con el que se han ajustado las cuentas del Estado.

La crisis económica dejó las cuentas públicas como un páramo. El déficit público en 2011 alcanzó el 8,9% del PIB, lo que significa que el conjunto de las Administraciones Pública gastaron ese año 90.000 millones de euros más de lo que ingresaron. Desde entonces, el Gobierno del PP comenzó a inyectar grandes dosis de austeridad sobre las cuentas públicas, que afectaron sobre todo a las comunidades autónomas y a los Ayuntamientos. A pesar de los recortes, el gasto no financiero del Estado crecerá en 7.134 millones entre 2011 y 2016.

Pese a los esfuerzos del Gobierno por reducir el gasto, el Estado soporta partidas difíciles de recortar como los gastos por intereses de la deuda, las pensiones o las prestaciones por desempleo. El crecimiento económico de 2015 y el previsto para 2016 ha aliviado algo las apretadas cuentas públicas gracias a los llamados estabilizadores automáticos, las partidas de gasto que crecen cuando retrocede la actividad económica y se reducen cuando mejora la economía. Es el caso de los gastos financieros, que a pesar de la gran rebaja que sufrirán el próximo año, si se comparan con 2011 experimentarán una subida de 5.100 millones de euros.

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No ocurre lo mismo con las transferencias a la Seguridad Social para cubrir las pensiones mínimas: pasarán de 8.337 millones de euros en 2011 a algo más de 13.000 millones en 2016. Estas junto con los intereses son las rúbricas que más aumentan el gasto del Estado en el periodo. Otras de las partidas que el Ejecutivo no ha podido contener han sido las aportaciones a la Unión Europea, que suben en unos 2.000 millones.

Por otro lado, las transferencias del Estado para sufragar las prestaciones por desempleo alcanzaron su cénit en 2011, cuando el Estado aportó 14.752 millones para los parados, tres veces más que en 2016 por los recortes de prestaciones, porque los parados agotan las ayudas y por la mejora del mercado laboral.

Entre 2011 y 2016, el Gobierno del PP ha recortado el gasto corriente, alquileres, suministros y reparaciones un 9%. Otras partidas de gasto como los costes de personal, que recoge los salarios de los empleados públicos, se han visto rebajados en los últimos cinco años pese al aumento del 1% aprobado para 2016, una subida con tintes electorales. Atrás queda la congelación de la oferta de empleo público que redujo la plantilla de funcionarios del Estado y rebajó la factura en nóminas.

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Sobre la firma

Jesús Sérvulo González
Redactor jefe de Economía y Negocios en EL PAÍS. Estudió Económicas y trabajó cinco años como auditor. Ha cubierto la crisis financiera, contado las consecuencias del pinchazo de la burbuja inmobiliaria, el rescate a España y las reformas de las políticas públicas de la última década. Ha cursado el programa de desarrollo directivo (PDD) del IESE.

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