Báñez atribuye a las ayudas la creación de 280.000 contratos fijos

La reciente propuesta del PSOE de suprimir las ayudas públicas a la contratación para reasignar esos recursos –hasta 3.000 millones de euros- a financiar la formación de parados y trabajadores ha reabierto el debate sobre la utilidad de las bonificaciones y reducciones de cotizaciones sociales. Una vía que el Gobierno del PP (como antes ejecutivos socialistas) ha usado con profusión en el último año y medio para fomentar la creación de puestos de trabajo más estables. Y que este miércoles reivindicó la ministra de Empleo, Fátima Báñez, en un seminario organizado por la Fundación de Cajas de Ahorros (Funcas) y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Santander.

“Las ayudas a la contratación indefinida han permitido la creación de 280.000 contratos indefinidos”, aseguró Báñez en el seminario, al que EL PAÍS ha acudido invitado por Funcas. “Uno de cada cinco contratos fijos creados”, insistió la ministra, “se han beneficiado de la tarifa plana o el mínimo exento en las cotizaciones a la Seguridad Social”. La tarifa plana (limitar a 100 euros el pago de cotización en los dos primeros años de un nuevo contrato indefinido) o su sustituto desde marzo pasado, el mínimo exento (los 500 primeros euros del sueldo no se tienen en cuenta en el cálculo de la cotización) son las dos medidas en las que se ha apoyado el Ejecutivo del PP para facilitar la creación de empleo indefinido en el último año y medio.

La contratación indefinida ha aumentado casi desde el inicio de la recuperación económica, algo que Báñez atribuyó a la reforma laboral –que abarató el despido y facilitó el recorte salarial en tiempos de crisis-, pero sobre todo, a estas ayudas a la contratación. “Ahora más del 76% de los trabajadores tienen contrato indefinido, en 2011 esa proporción era del 74%, y en 2007 apenas era del 69%”, subrayó la ministra, sin hacer referencia al enorme peso que tenía la construcción (donde predominan los empleos temporales) antes de la crisis.

La propuesta socialista de suprimir las ayudas a la contratación contó de forma inmediata con el respaldo sindical. Y se nutre de un amplio consenso entre los expertos, que minimizan la eficacia de este tipo de medidas: a cambio de una merma en los recursos de la Seguridad Social (si, como hace el Gobierno ahora, se opta por una reducción directa de las cotizaciones), que Empleo compensa echando mano del fondo de reserva para pagar pensiones, se exime a las empresas del pago de cuotas. La crítica de los expertos se centran en que mucho de los contratos beneficiados iban a hacerse en cualquier caso. También, en que cuando acaba la ayuda, otros muchos acaban en despidos.

España, "modelo de flexiseguridad"

Con las elecciones generales a la vuelta de la esquina, Báñez se empleó a fondo en resaltar las bondades de lo que bautizó como “la nueva cultura del empleo” que habría propiciado la reforma laboral de 2012. “Se ha buscado un modelo de flexiseguridad, con más flexibilidad para las empresas y más seguridad para los trabajadores”, sostuvo. También afirmó que la reforma de las políticas activas de empleo, en la que se condicionan los recursos que se reparten las comunidades a los resultados “colocan a España a la vanguardia europea”.

A los altos niveles de desempleo y desigualdad existentes, la ministra opuso la “recuperación de un millón de los empleos perdidos en la crisis” y la necesidad de “sumar voluntades” para alcanzar los 20 millones de ocupados en la próxima legislatura, un nivel cercano ya al de 2007. “El único riesgo interno para la recuperación es la inestabilidad política”, aseguró ya en clave marcadamente electoral.