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Los testamentos sin reclamar le proporcionan al Estado 82,6 millones

Hacienda recompensa con 3,5 millones de euros a cazadores de testamentos

Jesús Sérvulo González

La Administración General del Estado ha ingresado desde 2005 82.671.704 euros por herencias sin reclamar, según datos facilitados por la Dirección General de Patrimonio dependiente del Ministerio de Hacienda. En lo que va de año, el Estado ya ha recibido 5,6 millones de euros por testamentos sin sucesores. El Estado solo recibe estos ingresos cuando no aparecen herederos legales (descendientes, ascendientes, cónyuge, hermanos y sobrinos, tíos, primos y otros parientes), el testamento es nulo, no aparece o se ha destruido. La Administración tiene la obligación de asignar una tercera parte de la herencia a instituciones de beneficencia, organizaciones de acción social o profesionales del domicilio del difunto. Otra tercera parte irán destinadas a instituciones provinciales del mismo tipo. Y el resto lo ingresará el Tesoro Público. El Estado, además, se queda las herencias libres de deudas, a beneficio de inventario. Es decir, hasta donde alcancen los bienes heredados.

No obstante, los legados sin descendencia que se producen en Navarra, Cataluña, Aragón, Galicia y Vizcaya se quedan en las administraciones autonómica o forales correspondientes.

El Estado recompensa a quienes avisen de los legados sin asignar con un 10% de lo que consiga ingresar. Desde 2005, ha pagado 3.501.415 euros a cazadores de herencias tras recibir 200 comunicaciones sobre estos casos. En lo que va de año ya ha liquidado en gratificaciones 110.045 euros por un aviso en Oviedo, dos en Baleares, cuatro en Madrid otro en León y en Zamora. En 2013 fue el año que más pagó por este concepto: abonó a los que le alertaron de herencias sin sucesores 788.480 euros.

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Sobre la firma

Jesús Sérvulo González
Redactor jefe de Economía y Negocios en EL PAÍS. Estudió Económicas y trabajó cinco años como auditor. Ha cubierto la crisis financiera, contado las consecuencias del pinchazo de la burbuja inmobiliaria, el rescate a España y las reformas de las políticas públicas de la última década. Ha cursado el programa de desarrollo directivo (PDD) del IESE.

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