El asesor de Novagalicia defiende la legalidad de las indemnizaciones

No hubo “paracaídas de oro”, para los exdirectivos de las cajas gallegas. El asesor legal que elaboró los contratos que dieron lugar a prejubilaciones millonarias, Ricardo Pradas, aseguró este lunes en la Audiencia Nacional que las indemnizaciones de cuatro exejecutivos en pleno naufragio del proyecto, que sumaban 18,9 millones, se ajustaron a la legalidad y no eran blindajes, sino que correspondían a sus prejubilaciones “como las del resto de la plantilla”. “Los contratos [que dieron lugar a las prejubilaciones] se redactaron para adaptarlos a los cambios producidos por el protocolo de fusión”, aseguró Pradas, que dijo no conocer la cuantía de las mismas hasta el verano de 2011.

El del asesor externo fue el único testimonio que se pudo escuchar durante  la primera sesión del juicio por las multimillonarias indemnizaciones en las cajas gallegas rescatadas con una inyección del FROB de 9.000 millones. Fue su despacho el que supervisó los contratos de alta dirección que se suscribieron con el director, José Luis Pego, su adjunto Javier García de Paredes y dos responsables de área, Óscar Rodríguez Estrada y Gregorio Gorriarán, cuando se produjo la fusión entre Caixa Galicia y Caixanova, en diciembre de 2010. También fue él el que redactó las cartas de desestimiento de los directivos el verano siguiente, después de que la caja se transformase en un banco. Un trabajo por el que pasó una minuta que, según su testimonio, no le pagaron.

La fiscal Pilar Melero, protagonista de la mañana por un farragoso interrogatorio que duró más de dos horas, le preguntó insistentemente a Pradas si su asesoramiento respondía a un encargo de Caixanova, una de las cajas fusionadas, o de los propios acusados, ya que recibía órdenes de uno de ellos, Óscar Rodríguez Estrada. También fue Pradas el responsable de informar a los órganos de Gobierno de lo que ocurriría si, en la ya penosa situación financiera de la caja, se abonaban las indemnizaciones. "Yo trabajaba en nombre de la caja", se defendió el asesor y abogado externo. La fiscalía, sin embargo, sospecha que su intervención estaba encaminada a ocultar deliberadamente a los órganos de Gobierno las consecuencias de que la caja realizase una provisión de 18,9 millones de euros después de haber recibido una primera inyección de más de 2.300 millones del FROB.

“En enero [de 2011] se me traslada cierta preocupación [por parte de los directivos procedentes de Caixa Galicia y Caixanova]. Se me pide opinión sobre un cambio en la titularidad jurídica de la entidad [ante la posibilidad de que la caja terminase convertida en un banco]. Los directivos disponían de cláusulas de desestimiento de sus antiguos contratos de dirección en caso de un cambio”, señaló Pradas. Según él, los imputados podrían haber seguido en el banco fusionado con el mismo sueldo u optar por cobrar de un golpe (o por mensualidades) sus prejubilaciones, equivalentes a su salario multiplicado por los años de inactividad hasta que cumplieran los 65.

Pese a que el protocolo de fusión establecía que la plantilla podía prejubilarse desde los 55 años y no antes, los exdirectivos tenían privilegios para irse. No era la única ventaja. El borrador de los contratos, según Pradas, fue redactado por la propia caja y añadía otras pequeñas modificaciones, como la consolidación de una paga complementaria por los buenos resultados obtenidos, “igual que para el resto de la plantilla”, en palabras del asesor. También se reconoció el derecho a que la viuda de José Luis Pego cobrase su paga en caso de fallecimiento. “Todo formaba parte del convenio [de fusión] yo no soy el cerebro de nada”, se defendió Pradas. Sin contratos blindados, su versión es que la caja firmó nuevos acuerdos con la alta dirección tras la fusión para dar el barniz legal, pero todos los privilegios procedían de las antiguas cajas, la coruñesa Caixa Galicia y la viguesa Caixanova.