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La siempre pendiente reforma fiscal

El mantenimiento del estado del Bienestar requiere elevar los ingresos públicos

Alejandro Bolaños
Obras en una carretera de Manacor, en Mallorca.
Obras en una carretera de Manacor, en Mallorca.Tolo Ramón

La crisis dejó desnuda más de una certeza. Pero en el caso de las cuentas públicas españolas, le arrebató de un tirón el ropaje del superávit. El estallido de la burbuja inmobiliaria reventó una fuente extraordinaria de ingresos. El súbito repunte del desempleo y el desplome del consumo hicieron el resto: en dos años, se pasó de un confortable saldo positivo al mayor déficit público de la democracia (un 11% del PIB en 2009).

Tras un primer intento de responder a la crisis con una expansión del gasto público, la presión de los mercados y de Bruselas impusieron la austeridad. En los impuestos, se sucedieron subidas mayúsculas, coronadas en 2014, año en el que familias y empresas soportaron el mayor tipo medio (un 15,2% de las bases imponibles) en los principales tributos en más de dos décadas.

En el lado de los gastos, hubo recortes a mansalva. Ha habido mordiscos a la sanidad y la educación, competencia de las comunidades autónomas, reducción de empleo, eliminación de empresas públicas y más contención en el gasto corriente. La factura fue mucho peor para algunas políticas sociales (cooperación o dependencia) o para la inversión pública, una partida en la que todas las Administraciones apenas sumaron el 2% del PIB en 2014, tras un tijeretazo acumulado de más del 60% en siete años. El gasto en investigación y desarrollo también salió mal parado, de modo que, incluyendo el que hacen las empresas, no pasa del 1,2% del PIB, muy lejos del objetivo de alcanzar el 3%.

Los ajustes tuvieron que ser más intensos aún para compensar el aumento del gasto en prestaciones por desempleo e intereses de la deuda. Además, las arcas públicas han tenido que costear en estos siete años ayudas a la banca por más de 50.000 millones, una cantidad equivalente al 5% del PIB. Y todo ello se hizo en un entorno de recesión casi continua, que el propio ajuste contribuyó a empeorar en 2012 y 2013, cuando Bruselas y el Banco Central Europeo exigieron apretar el acelerador de la austeridad como contrapartida a su apoyo ante la sequía de financiación que sufría España.

Lo contraproducente del exceso de austeridad en el peor momento posible es una lección que la Comisión Europea parece haber extraido, a tenor de sus últimas decisiones, menos exigentes con el ajuste del déficit público. Pero Rafael Doménech, del servicio de estudios del BBVA, opina que las “políticas fiscales expansivas también pueden entrañar riesgos y ser contraproducentes si se parte de márgenes fiscales irreales y están mal diseñadas”, en referencia a lo que ocurrió en el arranque de la crisis.

Pese a las consecuencias negativas de la política de austeridad emanada de Bruselas, Doménech reivindica que, en esto, la pertenencia a la zona euro ha sido una clara ventaja. “En 2009, el Estado gastaba un 25% más que lo que ingresaba y los mercados nos cerraban el acceso a la financiación”, incide, “solo el apoyo de Bruselas nos ha permitido reducir el déficit [cerró 2014 en el 5,7% del PIB] de forma progresiva hacer el ajuste en cinco años”.

Todo apunta a que el horizonte de las cuentas públicas españolas es el de un ajuste gradual, impulsado por la recuperación de los ingresos de la mano del crecimiento económico, lo que ha llevado al Gobierno del PP a decidir desandar parte de las subidas de impuestos entre 2015 y 2016.

“El aumento de la recaudación por el crecimiento no va a bastar”, dice Ignacio Conde-Ruiz, subdirector de la fundación Fedea. “No creemos que se vaya a cerrar el déficit estructural sin cambios en la política fiscal. Las bases imponibles son muy pequeñas y los tipos muy altos, esto solo se va a solucionar aumentando las bases en todas las figuras impositivas, la reforma fiscal se ha quedado por hacer”, agrega.

El Ejecutivo del PP ha quitado algunos beneficios y deducciones fiscales, pero Conde-Ruiz cree que se han quedado muy cortos. Además, los investigadores de Fedea creen que se debe minimizar el uso de tipos reducido y superreducido en el IVA. Elevar la tributación a la riqueza (sucesiones y donaciones) o a actividades contaminantes también está en el debate.

“La crisis fiscal no está resuelta y todo pasa por ser capaces de aumentar la recaudación. O por aceptar un estado del Bienestar más pequeño”, indica Conde-Ruiz. “Cuando veo que nuestra presión fiscal solo es más baja que la de Bulgaria, algún país báltico o Irlanda me llevo las manos a la cabeza”, afirma Josep Oliver, catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona. “Hay que aumentar los ingresos”, coincide. Y lanza una advertencia: “La deuda privada ha empezado a reducirse algo, pero la deuda pública no deja de crecer. Ahora tenemos el máximo de deuda a tipos mínimos, es una situación de riesgo clara”.

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