Sin cambios en el modelo económico

Son muchos los años en los que se ha estado proponiendo como objetivo de desarrollo sostenible un cambio en el modelo productivo español. Sin embargo, el único cambio que se ha producido, forzado por las circunstancias de la intensa crisis económica, ha sido el de la internacionalización de las empresas que han conseguido sobrevivir a la misma. Por el contrario, los incentivos de los gobiernos se han quedado en propósitos a pesar de la legislación favorable para la innovación, como los hechos nos demuestran, con una inversión en declive en Investigación, desarrollo e innovación (I+D+i).

Tanto el Gobierno socialista como el actual del Partido Popular han mostrado iniciativas y planes dirigidos a la necesidad de mejorar el sistema productivo e incrementar la productividad. El partido socialista en su último año legislativo, con la ley de Economía Sostenible, aprobada en enero de 2011 y completada después en 2012 por el Gobierno del PP con la conocida como ley Sinde-Wert, pusieron las normas necesarias para una evolución positiva del desarrollo sostenible. También la ley de la Ciencia, Tecnología e Innovación de 2011 como la estrategia estatal de innovación E21 del Gobierno actual establecieron objetivos ambiciosos en apoyo al I+D+i que no se han alcanzado. En conjunto se trataba de "incentivar y acelerar el desarrollo de una economía más competitiva, más innovadora, capaz tanto de renovar los sectores productivos tradicionales como de abrirse decididamente a las nuevas actividades demandantes de empleos estables y de calidad". O dicho también en otras palabras, "situar a la economía española sobre los cimientos del conocimiento y la innovación, con herramientas respetuosas con el medio ambiente y en un entorno que favorezca el empleo de calidad, la igualdad de oportunidades y la cohesión social".

Las palabras suenan bien, pero como la realidad de estos años nos ha enseñado, establecer un marco legal adecuado es condición necesaria pero no suficiente para alcanzar los objetivos. Es necesario que los agentes sociales, comenzando por las administraciones públicas, siguiendo por las empresas con capacidad de investigación e innovación y por un sector financiero capaz de asumir los riesgos necesarios decidan actuar promoviendo el I+D+i. Los resultados no son inmediatos en el corto plazo pero sí sientan las bases para alcanzar en el futuro un sistema productivo más equilibrado y sostenible, con creación de empleo de más calidad.

Sin embargo, con los datos disponibles, los hechos son los siguientes: el gasto público en I+D+i comenzó a reducirse en 2009 (-0,7%) y continuó reduciéndose en 2012 (-5,6) y en 2013 (-2,8%). En esos años el gasto medio de la UE-28 que se redujo un -1,1% en 2009, aumentó en los años siguientes: 4,1% en 2010, 5,1% en 2011, 3,9% en 2012 y un 1,5% en 2013. Con lo que la diferencia entre España y los países de nuestro entorno se ensancha. Mientras el gasto en I+D+i en España solo alcanzaba en 2013 el 1,24% del PIB, la media en la UE-28 fue del 2,02% y Alemania el 2,94%, siendo el único país que se acerca al objetivo de la Agenda de Lisboa, fijado en el 3% del PIB.

Para el futuro inmediato, el gobierno ha planteado una estrategia de ciencia y tecnología y de innovación 2013-2020. El objetivo es "alcanzar el nivel de ciencia, tecnología e innovación que el sistema español precisa ganar en eficiencia para impulsar el nivel de beneficio social y económico necesarios". En esta estrategia se asegura que, para aumentar la incorporación de talento en el Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación, los investigadores necesitan eliminar incertidumbres en el desarrollo profesional de su actividad a través de una mejor definición de la carrera investigadora. Sin embargo, la opinión de los académicos e investigadores es que por falta de recursos y reducciones en el nivel de gasto, durante los últimos años se han perdido líneas importantes de investigación, incluso perdiendo investigadores muy cualificados que se habían incorporado a los equipos españoles y se han tenido que volver al extranjero al no haberse renovado sus contratos.

Por último, es cierto que en estos años se ha mejorado la productividad y competitividad de los productos españoles , pero ha sido por el peor de los caminos, reduciendo el empleo, reduciendo los salarios y como consecuencia aumentando la desigualdad. Aunque con los últimos datos de empleo existe ya un cambio de tendencia en la generación de empleo esto sigue siendo en la misma línea de épocas anteriores en los dos sectores estratégicos ya conocidos: el turismo y la construcción. Son dos sectores muy importantes, que junto a la industria automovilística conforman los pilares de la economía española. Pero los dos primeros son intensivos en el empleo de mano de obra de baja cualificación y bajos salarios. No se trata de reducirlos, aunque hay que mejorar su productividad, pero sí conviene incentivar el crecimiento de otros sectores que, aunque aporten menos empleo, mejorarán la productividad y por tanto la competitividad de los productos españoles.

En conclusión, si España quiere mejorar su sistema productivo y acercarse al cumplimiento de los objetivos europeos en la llamada Agenda de Lisboa (año 2000) concretados en alcanzar un gasto en I+D+i del 3% del PIB, tendremos que hacer un esfuerzo importante de inversión en estos sectores. El Gobierno no solo debe incrementar la inversión pública en I+D+i, sino que tiene que incentivar la inversión privada en estos sectores y facilitar las vías de internacionalización para la transmisión del conocimiento. Pero todo esto será una tarea para el próximo Gobierno y quizás en el futuro nos acerquemos a los objetivos europeos.

Carmen Alcaide es expresidenta del INE.