El FROB pone las cartas sobre la mesa

Definitivamente será el 14 de abril cuando comparezca el subgobernador del Banco de España (BE), Fernando Restoy, ante la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados. Y no va a ser para contar precisamente historias de éxito. Como presidente de la Comisión Rectora del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), Restoy tiene que dar cuenta una vez al semestre de las actividades del organismo. La última fue en junio pasado y la siguiente tocaba en diciembre; pero, como en el Parlamento también se aplica la flexibilidad y sin que haya razones objetivas, se ha ido retrasando.

Esa circunstancia ha supuesto que se hayan ido acumulando temas polémicos y peliagudos en el entorno financiero (las tarjetas opacas de Caja Madrid-Bankia, la evolución de esta entidad, la venta de Catalunya Banc al BBVA y el escándalo del Banco de Madrid) que van a ocupar, quiera o no, su intervención en la que probablemente sea su última presencia como presidente del FROB, organismo que se encamina a cambios en su hechura con la nueva ley que está precisamente en trámite parlamentario y por el que acude al Congreso. Los grupos parlamentarios tendrán oportunidad de preguntar y aclarar muchos extremos de ello y valorar la actuación de la autoridad en dichos frentes, el más reciente la decisión de liquidar el Banco de Madrid al no encontrar otra solución de salvamento.

También podrán los parlamentarios sondear al subgobernador sobre los pasos dados hacia el nuevo Mecanismo Único de Resolución (MUR), en los que el FROB será pieza activa. El BE no tenía precisamente una posición muy cercana a la del Ministerio de Economía. Sin embargo, el texto definitivo al que se llegó, aunque no sea el ideal para sus primigenias pretensiones, satisface a sus responsables. Por eso, se espera que el mensaje que mande Restoy a los diputados sea de tranquilidad y concordia con el ministerio, con el que no se puede decir que haya tenido fluidas relaciones.

El proyecto de Ley de Recuperación y Resolución de Entidades de Crédito y Empresas de Servicios de Inversión (se llama así) fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado noviembre para su remisión a las Cortes Generales. El objetivo es adaptarse a la normativa europea en relación con la Unión Bancaria. El MUR, previsto para 2016, supervisará el 90% del sistema financiero español y contará con la colaboración del FROB y del BE. Para el restante 10%, las responsabilidades de resolución se reparten entre estos dos organismos y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), según se trate de la fase ejecutiva o preventiva.

El BE será la autoridad de resolución preventiva para las entidades de crédito, es decir a las entidades sanas. Ello le permitirá elaborar y aprobar los planes de resolución previo informe, preceptivo pero no vinculante, del FROB. Este, por su parte, será la Autoridad Nacional de Resolución ejecutiva, es decir, responsable del proceso de resolución de entidades bancarias problemáticas. El nuevo FROB contará con un presidente independiente, que será Jaime Ponce, actual director general, que tendrá dedicación exclusiva sujeta al régimen de incompatibilidades de altos cargos de la Administración del Estado.

La norma persigue preservar la estabilidad financiera y minimizar el coste para el contribuyente, y según el ministro dc Economía, Luis de Guindos, se trata de un cambio “fundamental” para esa integración y tener normas comunes en todos los países de la UE. Según manifestó el ministro tras el Consejo de Ministros que aprobó el proyecto del ley, “en España no habríamos tenido que inyectar fondos públicos en el sistema financiero” de haber existido esta regulación.

El mecanismo contará con el Fondo Europeo de Resolución, dotado con 55.000 millones de euros. Además, se establece un Fondo Nacional de Resolución, que aportará al correspondiente fondo europeo, en el que se integrará a partir de 2016, y que se dotará anualmente con los recursos de las entidades de crédito con el fin de alcanzar al menos el 1% de los depósitos garantizados en 2024.Las entidades, por su parte, se deberán dotar de planes de recuperación y resolución revisados anualmente.