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Uber denuncia a España ante la UE por prohibirle operar

La empresa cree que la decisión "protege el monopolio del taxi"

Un hombre muestra la aplicación Uber en su móvil en Washington (EE UU). AFP

Uber intenta demostrar que las trabas impuestas a su actividad vulneran las leyes europeas. La compañía que ofrece transporte de pago entre particulares como alternativa al taxi presentó este lunes una queja formal contra España ante la Comisión Europea, según el documento de denuncia al que ha tenido acceso este diario. La firma estadounidense, que funciona a través de una aplicación en los teléfonos móviles, alega que la legislación española y, sobre todo, la decisión judicial que interrumpió su actividad el pasado diciembre lastran sus intereses y los de los consumidores “para proteger el monopolio tradicional del taxi”.

Un juez de lo mercantil que suspendió el servicio de Uber en España en diciembre estimó una demanda de la Asociación Madrileña del Taxi. La aplicación siguió activa durante unos días, pero el auto obligó a las operadoras de telecomunicaciones y a las entidades de pago a bloquear el acceso a Uber. “Operamos en 20 de los 28 Estados de la UE y España representa un extremo en la regulación. Es uno de los países más conservadores, el único donde realmente se ha prohibido el servicio”, explica desde Ámsterdam Mark MacGann, director del departamento legal de Uber y uno de los firmantes de la denuncia.

MacGann trata de convencer al Ejecutivo comunitario de que esa prohibición es discriminatoria, desproporcionada y contraria a varias normas europeas. En el documento registrado este lunes en Bruselas figuran cinco tipos de violaciones, entre ellas de las directivas de comercio electrónico y de servicios, el principio de neutralidad tecnológica, la libertad de prestación de servicios y hasta la carta de derechos fundamentales de la UE.

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Protesta de taxistas en Madrid contra Uber en junio de 2014

Uber parte de un principio fundamental para cimentar sus quejas: la compañía, en cuyo accionariado participa Google, no se dedica al transporte de personas, sino a una intermediación electrónica “que ofrece un servicio social, un servicio de conexión de personas que deseen compartir su coche”, aunque en realidad el usuario elige trayecto —no se acomoda a la ruta del conductor— y paga unas tarifas fijas, en las que se incluye una comisión del 20% para la empresa. En su queja, Uber pide un tratamiento análogo a la venta de vuelos por Internet, que en última instancia comercializa un servicio transportes pero se regula en el marco de los servicios de la sociedad de la información. La UE aún no ha decidido si considera a Uber un servicio electrónico o de transportes.

Bruselas deberá decidir si pide a España que cambie su actitud hacia Uber. En caso de que el Gobierno se negara, se podría iniciar un procedimiento de infracción que derivara en el Tribunal Europeo de Justicia. La Comisión Europea ha defendido hasta ahora que la regulación de este nuevo servicio es competencia de los Estados, aunque Bruselas puede actuar si, como defiende la compañía, concluye que se están transgrediendo normas comunitarias. Tres comisarios europeos —el vicepresidente de Mercado Único Digital, Andrus Ansip, la comisaria de Mercado Interior, Elzbieta Bienkowska, y la de Transportes, Violeta Bulc— se reunieron hace unos días en Bruselas con el presidente de Uber, Travis Kalanick. En su cuenta de Twitter, Ansip valoró de manera salomónica: “Discriminación, no; respeto a la ley, sí”.

Frente al caso británico, donde la intermediaria funciona con normalidad y transporta a “varios millones de personas cada semana en seis ciudades”, según MacGann, este responsable elude dar cifras concretas en España, aunque esboza que se transportaba a “muchas decenas de miles”. Uber operaba desde abril de 2014 en Barcelona y más tarde en Madrid y Valencia. Ahora solo en Barcelona ofrece UberEats, servicio de reparto de comida a domicilio.

La denuncia española sigue a otras dos presentadas contra Francia y Alemania por motivos similares. La Comisión no ha estipulado los plazos de resolución.

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